La inadecuada respuesta por parte de la dictadura Ortega Murillo al incendio ocurrido hace tres años (3 de abril 2018) en la Reserva Biológica India Maíz, localizada al sureste del país, fue “la chispa que desató abril”, así fue destacado este miércoles durante un conversatorio promovido por el Colectivo de Derechos Humanos Nunca +.
De acuerdo con Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río —organización ambiental con 30 años de trabajo por la conservación de las áreas protegidas del sureste de Nicaragua—, el incendio forestal a Indio Maíz fue provocado por un invasor que estaba dentro de la reserva biológica y que lamentablemente ocasionó el primer conato de incendio que luego se tradujo en un incendio forestal de enormes magnitudes.
Las llamas devoraron aproximadamente 6 mil hectáreas de bosque tropical húmedo dentro de la zona, núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz, según un estudio elaborado por el Centro Humboldt y Fundación del Río con el apoyo de los gobiernos comunales, detalló Ruiz.
“Al principio el régimen de Nicaragua pretendía desconocer y minimizar el impacto del incendio y no atendió de manera beligerante y eficiente los procesos de atención de desastres que estaban establecidos en el sistema de prevención. Nosotros como organización inmediatamente nos dimos a la tarea de monitorear y evidenciar el avance de los puntos de calor a través de imágenes satelitales y con eso pudimos evidenciar cómo evolucionaba este fenómeno dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz”, recordó Ruiz.
Lea además: Un día como hoy de 2018 Desastre ambiental continúa y régimen voltea la cara
“Empezamos a exigir al Estado nicaragüense la atención inmediata de la situación, no fue hasta entre tres y cuatro días después que el Estado aplicó lo que estaba establecido en el Sistema de Atención de Desastre que es la alerta amarilla y a partir de ahí también las unidades del Ejército bajaron a la zona”, agregó Ruiz.
No obstante, al trascender el fuego por toda la zona, la Fundación del Río solicitó apoyo a una unidad técnica de Bomberos Forestales de Costa Rica más especializada para atender el incendio, pero el Estado de Nicaragua rechazó la ayuda y prohibió el ingreso.
La chispa que encendió la resistencia ciudadana
Fue este incidente el que impulsó los reclamos de jóvenes universitario en redes sociales que convocaron a salir a las calles de Managua bajo el movimiento SOS Indio Maíz, trajo a contexto también la líder estudiantil Madelaine Caracas.
El 10 de abril, siete días después de iniciado el incendio en Indio Maíz, se realizó el primer plantón frente a la Universidad Centroamericana (UCA), al que acudieron alrededor de 300 personas.
Para Caracas, recordar abril es rememorar el cambio en la vida de muchas personas. Pues muchos consideran que la lucha ciudadana comenzó el 18, sin embargo “yo creo que decir eso es anular la lucha que muchos y muchas tuvimos a partir del incendio Indio Maíz”, expresó.
“Esos primeros días del incendio debo decir que al no tener información gubernamental u oficial sobre los daños causados o el estado de la reserva, fue la Fundación del Río, así como muchas otras organizaciones y periodistas de la zona quienes nos alertaron y nos dieron ese llamado. Cuando el Gobierno de Nicaragua niega la entrada a estos bomberos, para nosotros ese fue un punto de quiebre en el cual ya el malestar se había socializado a través de redes sociales y la necesidad de llevarlo a la calle fue mayor”, destacó Caracas.
Lea también: Un día como hoy de 2018 Indio Maíz el preámbulo del descontento
Así que el 9 de abril de 2018 lanzaron una convocatoria a través de redes sociales para realizar un plantón al día siguiente en la UCA. “Éramos un montón de personas que teníamos una lucha en común y probablemente muchos no éramos ambientalistas o considerados ambientalistas, otros sí, y luchaban por visibilizar este tema”, manifestó la líder estudiantil, quien señaló que el plantón se desarrolló de forma tranquila y no sufrieron asedio.
Sin embargo, repitieron otra manifestación el 12 de abril, la cual sí fue reprimida por la Policía y turbas orteguistas que organizaron una contramarcha. Desde ahí comenzó a encenderse la chispa de la resistencia ciudadana que 15 días más tarde desencadenó en un estallido social sin precedentes que el régimen reprimió con fuerza letal, dejando a más 325 personas asesinadas, dos mil heridas, 1,624 personas privadas de libertad, y que hasta la fecha se encuentran más de 100 detenidos; unos 150 estudiantes expulsados de las universidades estatales y más de 100 mil nicaragüenses exiliados, según organismos internacionales de derechos humanos.