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Estudiantes de la UNAN-Managua en la parada de buses este domingo. LA PRENSA/ JADER FLORES

Tres años de ilegalidad. Estudio detalla graves violaciones de la UNAN-Managua al expulsar a estudiantes en 2018

A tres años de las protestas contra el régimen, que iniciaron los universitarios, la UNAN-Managua se niega a reintegrarlos

A tres años que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) —con sede en Managua y León— expulsara a casi 100 estudiantes, como represalia por protestar en contra del presidente Daniel Ortega, las autoridades académicas no han hecho nada para resarcir los daños, pese a que legalmente se demostró que a los universitarios se les violó una serie de derechos establecidos en la Constitución Política y estatutos de las universidades estatales, que ha llevado a muchos al exilio o truncado el acceso a la educación pública, detalla un estudio realizado por Acción Penal.

Acción Penal, una organización independiente integrada por abogados penalistas y exfiscales del Ministerio Público de Nicaragua y actualmente críticos del sistema de justicia en el país, expone en el documento el testimonio de seis estudiantes que fueron expulsados de forma definitiva. Además incluye el caso de docentes que también fueron despedidos como represalia por salir a protestar.

En el marco legal, Acción Penal refiere que en el artículo 34 de la carta magna se establece una serie de derechos y garantías ciudadanas que, en cuanto a las expulsiones de los universitarios, fueron claramente violentados por las autoridades académicas, como también fueron violadas las leyes internas del recinto.

Lea además: ¿Qué pasará en 2021 con los universitarios expulsados por sumarse a las protestas de abril 2018?

«Así pues, se establece el derecho que tiene toda persona sometida a un proceso a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley. Sin embargo, los estudiantes señalados fueron condenados a las expulsiones definitivas dentro de un proceso que estuvo al margen de la ley», señala la organización.

Tres años exigiendo el reintegro

Tras ser expulsados, los universitarios empezaron un camino de demanda con el propósito de ser reintegrados a los recintos de Managua o León, porque entre las anomalías del proceso está que sus casos fueron analizados sin tener oportunidad de la defensa, pero hasta la fecha no han logrado que se revierta la decisión. Incluso, a ninguno de ellos se le permite el ingreso al campus.

Los abogados sostienen que los procesos de expulsión de los estudiantes «fueron arbitrarios e ilegales», puesto que no se llevaron a cabo conforme la normativa interna que rige el proceder de las autoridades académicas, «a fin de haber determinado la comisión o no de las supuestas faltas cometidas y por ende haber fundamentado las respectivas sanciones». En tal caso, Acción Penal sostiene que dicha resolución «careció de una verdadera motivación y sobre todo de legalidad».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su momento recibió la denuncia de 144 expulsiones de universitarios en el contexto de la crisis sociopolítica, pero el régimen orteguista solo oficializó 95, de los cuales 82 fueron de la UNAN-Managua y 13 de la UNAN-León, para un total de 95.

Leyes violadas

El estudio de Acción Penal, titulado «Dictamen sobre las graves violaciones al debido proceso en las expulsiones  de estudiantes y despidos de docentes de las universidades estatales de Nicaragua», señala que las autoridades académicas pasaron por encima de varios principios fundamentales que guían  el código de ética institucional de la UNAN-Managua.

Entre estos principios está el de probidad, principio de legalidad, principio de equidad —que llama a actuar con justicia e igualdad sin considerar el credo político, raza, sexo—, principio de dignidad y decoro —que implica la actuación con sentido de tolerancia ante la diversidad de opiniones—, el principio de lealtad y el principio  de disciplina.

Uno de los estudiantes que figuran en el estudio es la excarcelada política Amaya Eva Coppens, quien en el 2018 cursaba el quinto año de la carrera de medicina; la joven apoyó abiertamente las protestas, lo que le costó el encarcelamiento durante nueve meses. Las autoridades de la UNAN-León en represalia por su posición política borró su historial académico. El 3 de septiembre del 2019, la exrea presentó una carta en el Hospital Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra) de la ciudad de León, ante el doctor Jorge Alemán, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, a través de la cual solicitó una aclaración sobre su expulsión, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta.

UNAN-Managua
Tras recuperar el recinto de la UNAN-Managua, con un violento desalojo, las autoridades mandaron a poner un rótulo con un collage de fotos de la supuesta destrucción hecha por los universitarios en el tiempo que estuvieron atrincherados. LA PRENSA/ARCHIVO

«A los estudiantes expulsados no se les entabló un proceso justo y con garantías para determinar si las faltas que, supuestamente habían cometido, ameritaban una expulsión definitiva de sus centros de estudios. No se les permitió el acceso al recinto universitario donde estaban cursando sus carreras. En el presente caso, su historial académico fue eliminado de la Plataforma para Consultas en línea de los estudiantes de la UNAN-León», dice Acción Penal con relación al caso de Coppens.

Docentes despedidos 

El estudio también incluyó el testimonio de nueve docentes que fueron despedidos por salir a las calles a protestar. Ninguno de ellos ha sido reintegrado a su puesto de trabajo, violando así lo que establece la Constitución Política en cuanto al derecho al trabajo que tiene toda persona.

«Conforme al artículo 34, de la Carta Magna se establecen una serie de 21 derechos y garantías mínimas que en relación a los despidos de docentes de la UNAN-Managua fueron claramente violentadas por las autoridades universitarias: Toda persona en un proceso tiene derecho, en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva», recordó Acción Penal.

Lea también: «Me arrebataron mi vida». La forma con la que el régimen orteguista destruyó el sueño de los universitarios que se unieron a las protestas de 2018

Por otro lado, las autoridades también pasaron sobre el reglamento del trabajo de los docentes de dicha casa de estudios y sobre la Ley de Carrera Docente, o Ley 114, la cual establece en su artículo  36 que «son derechos de los docentes gozar de estabilidad en el cargo. En consecuencia, no pueden ser removidos o despedidos sin causa justificada y sin cumplir con los procedimientos establecidos a este efecto por las leyes».

Las expulsiones en la UNAN-Managua fueron en agosto de 2018. Estas se hicieron efectiva tras una decisión de una comisión especial, cuando los casos debieron ser revisados antes por la comisión superior disciplinaria. A esto se le suma que estuvo conformada por la rectoría en una fecha de periodo vencido, y por último, que no hubo derecho a la defensa de cada universitario. Los universitarios hasta la fecha no se cansan de exigir su reintegro.

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