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CONTENIDO EXCLUSIVO.El régimen de Daniel Ortega corre el riesgo de que los organismos financieros multilaterales, con excepción del Banco Centroamericano de Integración Económica, comiencen a endurecer la posibilidad de conseguir dinero, incluso hasta para atender emergencias humanitarias, si en el Congreso de Estados Unidos se aprueba la Renacer Act, que busca presionar para que en Nicaragua se realicen elecciones justas y transparentes y por tanto se demanda mayor supervisión sobre los recursos que estas fuentes financieras están dando al Gobierno de Nicaragua.
La Renacer Act ordena incrementar la supervisión de créditos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirmar la exención legal existente para proyectos humanitarios. Y es que en el contexto de la pandemia del Covid-19, y los huracanes Iota y Eta que impactaron en noviembre en la Costa Caribe, los organismos financieros internacionales hicieron desembolsos millonarios a Nicaragua con fines humanitarios, lo cual ya se establecía como una excepción en la Nica Act.
La Nica Act ya contemplaba que Estados Unido utilizara su influencia en las multilaterales, específicamente en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para bloquear el acceso del régimen de Daniel Ortega a recursos, excepto si estos son para fines humanitarios. Esto ocasionó que el Gobierno acumulara casi tres años sin conseguir nuevos préstamos en esas entidades financieras, hasta que llegó la pandemia de Covid-19 y luego los huracanes Iota y Eta, donde ha empezado a recibir financiamiento, pero menores que otros países de la región.
El analista político José Pallais indica que «el llamado es a ser más estrictos, a usarlos (los préstamos humanitarios) con menos amplitud, con una medida más extrema, mayor dureza de parte de los representantes de los Estado Unidos, en una situación en que no pueda lograrse que se celebren elecciones verdaderas en el país. Entonces ha habido un poco de flexibilidad (de parte de las multilaterales), no podemos olvidar que la pandemia y los huracanes provocaron cierta flexibilidad de parte de los funcionarios estadounidenses, de cara a no perjudicar al pueblo de Nicaragua ante la situación de emergencia humanitaria».
Entonces, «ahora dicen, esto ya se acabó, si no se coopera con el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua, ya tenés que ser más estricto en la aplicación de las leyes», alertó el exvicecanciller.
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Mauricio Díaz, crítico que «desde hace rato dijeron que iban a comenzar a usar su poder de vetar empréstito en los organismos y no lo hicieron. Ahora se está hablando que van a instruir a los representantes de los EE. UU. de esos organismos para que actúen en consecuencia a esta resolución. Ojalá, porque en toda América Latina el único país que actúa con mayor opacidad, que no informa cómo va administrar los fondos es Nicaragua».
«Ojalá que definitivamente surja algún efecto porque si no vamos a llegar a mayo y eventualmente ingresemos a un proceso electoral en donde el Gobierno va a llamar a elecciones sin dar ninguna concesión», lamentó el exembajador.
La flexibilidad que en los últimos meses han mostrado dichos organismos multilaterales ha permitido al Gobierno llegar a acumular depósitos récord en el Banco Central de Nicaragua y se espera que estos empiecen a ser utilizados de manera masiva a medida que se acerquen las elecciones en noviembre próximo, según los opositores.
El Gobierno estima que ha obtenido cerca de mil millones de dólares en préstamos en el contexto de la pandemia y los huracanes, incluyendo los fondos del BCIE, que ha sido su principal soporte financiero.
Redoblan esfuerzos
Los senadores estadounidenses, de forma bipartidista, han redoblado la presión política, diplomática y económica contra la dictadura al introducir recientemente el proyecto de Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés), que se suman a las legislaciones Nica Act y Ley Magnitsky Nica, diseñadas para obligar al régimen a realizar elecciones libres, justas y transparentes, respetar los derechos humanos y restablecer la institucionalidad del país.
El abogado nicaragüense, experto en derecho internacional y asesor del Partido Demócrata, Harold Rocha, opinó que de ser aprobada la Ley Renacer Act limitaría seriamente la capacidad de gestión del régimen al pedir sanciones coordinadas con otros actores claves de la comunidad internacional, mayor fiscalización de la financiación multilateral e informes sobre corrupción, derechos humanos y actividades de terceros países que puedan ser fuente de inestabilidad en el hemisferio.
«Si bien es por ahora proyecto de una de las dos cámaras del Congreso, va en línea con el firme compromiso de la administración Biden de apoyar la consolidación de la democracia y la defensa de los derechos humanos como pilares fundamentales de su política exterior, que además parte desde el multilateralismo. El proyecto de ley cuenta con amplio apoyo legislativo de ambos partidos y cabe esperar que también del Ejecutivo estadounidense», expresó Rocha.
Las tres leyes se complementan
Por su parte, Pallais Arana explicó que la iniciativa de Ley Renacer es un complemento de la Nica Act y la Magnitsky Act, y aunque esta última aún se está «gestando» tiene un sentido más político porque manda dos mensajes, tanto para Ortega como para la Administración demócrata del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
«En primer lugar, (el mensaje es) al dictador Daniel Ortega que consiste en que los dos partidos, demócratas y republicanos, están comprometidos en restaurar la democracia en Nicaragua y apoyarnos en que la crisis nicaragüense se pueda solucionar con las elecciones de noviembre, y que si no aprovecha esa oportunidad los EE. UU. y la comunidad internacional —porque el proyecto de ley mandata a coordinar acciones con la Unión Europa y Canadá— estarían dispuestos a incrementar las medidas tipo sanciones restrictivas en contra de la dictadura. Y otro mensaje directamente a la administración Biden en el sentido en que debe actuar en esa prioridad política exterior que ha definido el Senado», dijo Pallais.
Díaz afirmó que estas legislaciones han buscado sanciones individuales, otras institucionales, pero en última instancia el objetivo es una política exterior para que la nueva Administración de EE. UU. sea más efectiva con el fin de que esta defina la burocracia que va a tener en la región.
«La última que se supone que va a ser aprobada en un mes, mes y medio, creo yo que es la más específica y menciona sanciones institucionales y al Ejército. Es un escalamiento fuerte y todas han venido insistiendo en una salida política electoral, creo que con esta última también se intenta que a finales de mayo el Gobierno de Nicaragua reaccione. Todas están encaminadas a un mismo fin con distintos matices. En términos generales la Ley Renacer es más enfática, más explícita y viene con nombre y apellido y con la amenaza directa», dijo Díaz.
Nicaragua, el segundo país de América Latina con más sanciones
Durante los últimos años, Estados Unidos intensificó las sanciones en contra de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. De momento, Nicaragua es el segundo país en América Latina, después de Venezuela, al recibir más sanciones de los EE. UU., según señaló el abogado nicaragüense y asesor del Partido Demócrata, Harold Rocha.
Respecto a Cuba, recordó que este país tiene un embargo económico total, pero en número de sanciones bajo el programa de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos), tiene menos sanciones que Nicaragua. «Probablemente sea el tercero en el hemisferio», indicó Rocha.
Desde el 2015 Estados Unidos ha sancionado a personas, empresas y entidades petroleras asociadas con el régimen de Nicolás Maduro, tanto dentro como fuera de Venezuela. Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela están diseñadas para asegurar que Maduro y sus allegados no se beneficien de las operaciones ilegales de minería de oro, de las operaciones petroleras estatales o de otras transacciones comerciales que permitan las actividades criminales del régimen y los abusos a los derechos humanos.
Mientras que durante casi medio siglo, Estados Unidos ha impuesto unilateralmente un embargo económico, comercial y financiero a Cuba. La severidad y el alcance de las sanciones han variado, dependiendo de los acontecimientos políticos en Cuba, en Estados Unidos y en el resto del mundo.
Entre julio de 2018 y diciembre de 2020, Estados Unidos ha sancionado a al menos 27 personas vinculadas a la dictadura Ortega Murillo, entre estas, jefes policiales, diputados, ministros e inclusive al jefe del Ejército, Julio César Avilés. Asimismo las sanciones han alcanzado a la vicepresidenta y esposa del dictador Ortega, Rosario Murillo, y a tres de sus hijo: Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, todos señalados de corrupción.
Los castigos financieros de EE. UU. sobre Nicaragua también ha incluido a empresas vinculadas con el régimen y a la Policía Nacional como entidad.
Sobre los tres instrumentos de ley
Pero en ¿qué consisten los tres principales instrumentos que tiene Estados Unidos para castigar a la dictadura de Daniel Ortega, incluida la iniciativa de ley que se está gestando en el Congreso y que podría estar lista en 45 días desde que se anunció su creación?
Nica Act
En diciembre de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (Ley Nica), dirigida a corruptos y violadores de derechos humanos en Nicaragua. Esta enmienda que fue modificada en tres ocasiones incluye el proyecto de ley de sanciones propuestas por el senador Bob Menéndez, la Ley de Anticorrupción y de Derechos Humanos de Nicaragua de 2018, la S. 3233, que contempla sanciones individuales a funcionarios del régimen sandinista y sus colaboradores.
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También incluye la enmienda del senador Marco Rubio, dirigida a sancionar a los facilitadores de la dictadura con recursos financieros para reprimir y asesinar a opositores. Sin embargo, los primeros autores de la primera versión de la Nica Act son los congresistas estadounidenses Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, que empezaron a impulsar desde 2016.
Magnitsky Nica Act
La Magnitsky Nica Act es un complemento o una versión actualizada de la Nica Act, que incluye no solo sanciones individuales contra los allegados a la dictadura orteguista, sino que también establece el condicionamiento del Ejecutivo estadounidense para que sus representantes no apoyen préstamos al Gobierno de Nicaragua en organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las arcas nicaragüenses dependen en gran medida de estos organismos.
En esta iniciativa se establece la imposición de sanciones a funcionarios del régimen responsables de la represión durante el estallido de la crisis de abril de 2018., que dejó más de 320 personas asesinadas, decenas de heridos, cientos de encarcelados y miles de exiliados, según organismos internacionales de derechos humanos, quienes acusaron al Estado de Nicaragua de cometer «crímenes de lesa humanidad».
El nombre de la Magnitsky Nica es en referencia a la Ley Global Magnitsky, que castiga a nivel global actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
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Renacer Act
Mientras que la Ley Renacer, propone nuevas iniciativas para abordar la corrupción de la dictadura Ortega Murillo y familia, así como abusos contra los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad nicaragüenses. La ley Renacer también exhorta al gobierno estadounidense a coordinar sanciones con los gobiernos de Canadá y de la Unión Europea, para entre otras cosas: incrementar la supervisión de créditos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirmar la exención legal existente para proyectos humanitarios; alinear la diplomacia estadounidense y las sanciones selectivas para promover elecciones democráticas; agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción; requerir informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el gobierno del presidente Ortega y su familia, al igual que las actividades rusas en Nicaragua; y requerir informes sobre abusos de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.
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