El 27 de marzo de 2019, en la mesa de negociación de la dictadura de Daniel Ortega y la Alianza Cívica se firmó un acuerdo para la liberación total de los presos políticos, que eran más de 600 en ese momento.
Sin embargo, a la fecha, según las organizaciones que exigen su liberación todavía existen más de 120 reos políticos en las cárceles de Nicaragua.
“El Gobierno procederá a la liberación definitiva, entendido como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas, más allá de la excarcelación, la liberación contará con el apoyo de la Cruz Roja Internacional”, citaba el acuerdo.
Juan Sebastián Chamorro, quien formó parte de esas negociaciones, representando a la Alianza Cívica, dijo este sábado en conversación con LA PRENSA que el dictador Daniel Ortega incumplió y se burló de manera descarada del acuerdo.
“Nosotros vimos cómo el Gobierno incumplió y se burló de manera descarada el acuerdo. Eso es típico de las dictaduras y, de Ortega en particular, que hace la pantalla, como la hizo en el 2018 en la mesa del diálogo nacional, para luego no cumplirlo”, expresó Chamorro.
Según Chamorro, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aún no ha excarcelado a todos los presos políticos y, además, a un grupo de excarcelados los volvió a recapturar. Desde aquellos acuerdos, un grupo de excarcelados también se fueron al exilio, otros se han quedado en el país sufriendo hostigamiento junto a sus familias, por lo que concluye que la dictadura nunca tuvo intención de cumplir.
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El abogado José Pallais Arana, quien también era parte de la mesa de negociación, coincidió con Chamorro en que hubo liberación de una parte de los reos políticos, pero no fue total ni definitiva. Recordó que, además, la liberación parcial fue por medio de la famosa Ley de amnistía, que no era el procedimiento contemplado en los acuerdos.
“Esa amnistía dejaba la puerta abierta para que los prisioneros políticos pudieran volver a las cárceles del régimen, es decir para que se le pudiera replantear los juicios injustos e ilegales violatorios al Estado de derecho que se les había llevado durante el tiempo que estuvieron en prisión. Entonces no fueron definitivos, ni en cuanto al número de los presos políticos, ni en cuanto a la calidad de la liberación, por cuanto el régimen preservó un mecanismo para a su arbitrio poder volver a procesarlos o llevarlos a prisión”, expresó Pallais.
“Fuimos a la mesa de negociación con la convicción de que los iban a sacar, no los sacaron a todos, pero sacaron a un buen número, a la mayoría, y con esa misma convicción seguimos luchando para que los liberen a todos y cada uno, entonces, lo que hay que hacer es continuar ejerciendo la presión política nacional e internacional para la liberación de todos los presos políticos”, dijo Chamorro.
Dictadura liberó a 800 presos comunes y 3 presos políticos
Pero la dictadura se sigue burlando de esas personas. El pasado jueves, 25 de marzo de 2021, dejó en libertad bajo el régimen de convivencia familiar a 800 reos comunes, y el día siguiente únicamente liberó a dos presos políticos y un joven que había sido secuestrado tres días atrás.
“Es realmente una burla para las familias de los presos políticos”, dijo Juan Sebastián, pues el régimen ha liberado a más de 20,000 reos comunes, mientras dejan a un lado a los presos políticos y además continúa la persecución a opositores.
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Esto “indica que el régimen la única amenaza que pretende evitar o protegerse es la amenaza de la disidencia, es decir que todo aquel que políticamente disiente, proteste, reclame sus derechos es alguien que no merece ni respeto a sus garantías constituciones, ni respeto al debido proceso, es más peligroso para el régimen que un violador, que un asesino, o que cualquier ciudadano que haya participado en crímenes graves”, opinó el abogado Pallais.
El defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Carlos Guadamuz, dice que “existe un afán del régimen de mostrarse magnánimo con las personas beneficiarias de esas liberaciones, que se encontraban presas por causas comunes, mientras tanto que con los presos y las presas políticas se están exhibiendo como verdugo, porque los siguen castigando”, expresó.
Por otro lado, el defensor de derechos humanos refirió que, mientras no se conozca el mecanismo utilizado para esa liberación masiva de presos comunes, se cae en una ilegalidad, ya que el único mecanismo por el que se puede realizar ese tipo de acciones, según la Constitución Política, es a través del indulto, el cual requiere cumplir una serie de requisitos.
“Un acto de liberación que no se encuentre sometido a un procedimiento de ley es un acto evidentemente político, con una decisión política de liberar a personas que se encuentran privadas de libertad por causas comunes, y también hay un doble rasero, porque es una decisión política del Gobierno de Nicaragua no liberar a las personas privadas de libertad por motivaciones políticas” agregó.
Acuerdo para fortalecer los «derechos y garantías ciudadanas»
Además del acuerdo de liberación de presos políticos, Chamorro señaló que este 29 de marzo se cumplirán también dos años de la firma del “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, el cual en su primer artículo mencionaba el cumplimiento del mandato institucional que establece el derecho de los detenidos a ser puestos en libertad en el plazo de 48 horas después de sus detención.
Sin embargo, este acuerdo también ha sido incumplido por el régimen, y “en febrero de este año 2021, la Asamblea Nacional orteguista cambió de las 48 horas posteriores a su detención, a 90 días posteriores a la detención”, dijo Chamorro, en referencia a la reforma del Código Procesal Penal que impulsó el régimen.
“Quieren legalizar lo que de facto estaban haciendo, porque no es cierto que respetaban el tema de las 48 horas. Hay presos políticos que los metieron presos sin ningún tipo de procesos. Simplemente, los echaron presos, esa es una realidad… Entonces esto es represión de la dictadura que ha recrudecido en estos últimos dos años», sostuvo.
En este segundo acuerdo también se mencionaban temas como el respeto a la propiedad, el desarme de las fuerzas irregulares, instar a la Policía Nacional a actuar de acuerdo a las normas de su ley orgánica, el decomiso de dispositivos electrónicos, el retorno seguro de los nicaragüenses exiliados, el respeto al derecho de concentración, manifestación y movilización, la garantía de la constitución de organizaciones de cualquier índole, entre otros que hasta lo que va de 2021 siguen sin cumplir y al contrario continúan las acciones de represión.
Además, mediante la aprobación de una serie de leyes inconstitucionales el régimen continúa restringiendo y limitando derechos ciudadanos importantes, cerrando espacios democráticos, excluyendo a la oposición, evitando que se puedan celebrar elecciones competitivas.
“A dos años, no solo no se mejoró la situación de las libertades ciudadanas, sino que a dos años empeoró dramáticamente la situación”, expresó Pallais.
“En fin, cuando vemos que una dictadura no cumple lo que firma y que más bien hace lo contrario, lo importante es denunciarlo y desenmascarar sus patrañas y sus mentiras, por ello tenemos que estar muy vigilantes para que en primer lugar el régimen cumpla con lo acordado y podamos avanzar en las reformas electorales”, enfatizó Chamorro.
