Tras casi dos meses desde que se aprobó la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, Ley 842, en Nicaragua, mediante la cual el régimen de Daniel Ortega puso a la banca nacional y al resto del sistema financiero local contra la pared al querer forzarlos a retomar relaciones con los sancionados por Estados Unidos, esta semana el tema llegó al Congreso de los Estados Unidos y esto a través de un análisis realizado por American Enterprise Institute (AEI, por sus siglas en inglés).
Ryan C. Berg, investigador en gobernanza de AEI, alertó este miércoles a senadores estadounidenses que dicha reforma podría generar «caos» al sistema financiero de Nicaragua por una eventual expulsión del entramado financiero internacional, lo que afectaría incluso hasta la llegada de remesas y las transacciones comerciales.
“El peligro es para todo el sistema financiero de Nicaragua, el cual podría ser vetado del Sistema Internacional de intercambio”, dijo Berg durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde también participó Deborah Ullmer, directora regional de Programas para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Democrático (NDI, por sus siglas en inglés). Ambos propusieron medidas para garantizar el retorno de la democracia en Nicaragua.
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A inicios de febrero de este año, los diputados del gobernante Frente Sandinista y sus aliados aprobaron con 74 votos a favor una reforma a la Ley 842, la cual, entre otros aspectos, busca que los bancos retomen relaciones financieras con 27 funcionarios gubernamentales que han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Esto iría contra las regulaciones de Estados Unidos, el corazón del sistema financiero mundial y que es riguroso en la aplicación de sus normas y supervisión estricta para evitar violaciones a las mismas.
En Nicaragua, la espinosa reforma a la Ley 842 generó el rechazo del sector privado, que adujo que la misma alentaría el lavado de activos y pondría al país en riesgo de ser colocado en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde están países tan oscuros como Irán o el mismo Corea del Norte, los que tienen bloqueado el acceso a las transacciones financieras mundiales.
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Habría «caos absoluto»
El especialista, quien ayer participó en una audiencia ante el Comité de Relaciones Internacionales del Congreso estadounidense, emitió una serie de comentarios sobre el tema tras ser consultado por el senador James Risch, integrante del comité. «El que se quiera obligar a que los bancos hagan negocio con esas personas sancionadas, ¿qué implicaciones trae para Nicaragua y sus obligaciones con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?», preguntó Risch.
Al respecto, Berg dijo que un eventual veto del sistema financiero de Nicaragua del entramado financiero mundial generaría que los bancos nicaragüenses sean impedidos de enviar y recibir dinero a través de la corresponsalía con bancos de Estados Unidos.
“Se afectarían también el envío de remesas, que a como sabemos son muy importantes para muchos países de Centroamérica, muchas de las cuales se envían a través de la corresponsalía de bancos. Alentar a que los bancos hagan negocios con esos funcionarios sancionados por Estados Unidos podría generar un caos absoluto”, aseveró.
Hasta ahora el gobierno de Joe Biden no ha reaccionado sobre dicha reforma de ley, aunque este ha asegurado que seguirá procurando que Nicaragua regrese a la democracia mediante elecciones libres, justas y transparentes en noviembre próximo.
Los mismos funcionarios del régimen de Daniel Ortega han minimizado el impacto de su polémica reforma de ley y han enviado mensajes desafiantes a los bancos de Nicaragua. «El contrato entre el nacional y el extranjero no puede generar disposiciones que contradigan la legislación de Nicaragua porque si lo contradice, no son aplicables. Estos señores banqueros deben sentarse a negociar con sus corresponsalías, porque la Constitución Política de Nicaragua no puede cambiar a su favor», afirmó el sancionado y diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, el pasado 12 de febrero.
