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CONTENIDO EXCLUSIVO.Con el inicio de la vacunación contra el Covid-19 en Nicaragua, el 2 de marzo, entre las primeras imágenes de la jornada circuló el documento que el Ministerio de Salud (Minsa) preparó para que firmen los pacientes que opten de forma voluntaria a recibir las dos dosis del antídoto ruso Sputnik V.
«Por medio de la presente manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida sobre la aplicación de la vacuna Covid-19 y los síntomas que puedan presentarse. En tal condición, acepto voluntariamente que me apliquen la vacuna y eximo al Gobierno de Nicaragua y al Minsa de toda responsabilidad de eventos relacionados con ello», detalla el documento que las personas firman antes de ser vacunadas.
Se trata de un «consentimiento informado» que significa nada más que la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades, después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una acción o servicio que afecta a su salud, en este caso la aplicación de la vacuna para inmunizarse contra el virus que azota al mundo.
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Más allá de su definición, el documento clínico y legal debe plantear las ventajas y los inconvenientes de la acción concreta que se va a realizar, es decir brindar al paciente una información breve pero precisa sobre la vacuna que se le aplicará, el nivel de eficacia, sus componentes y las reacciones adversas que puede provocar.
Nada de esto plasmó el Minsa en la carta, y tampoco lo hizo público en los medios oficialistas previo al lanzamiento de la jornada de vacunación. Lo que hace indicar la misiva es que esta institución solo brindó una charla breve a los pacientes sobre la vacuna a administrar en el momento en que se encontraban en el centro asistencial.
Documento debe ser modificado
Para el epidemiólogo Leonel Argüello, el consentimiento informado «es una buena práctica médica» pero debe realizarse preferiblemente con anticipación para no generar presión, confusión, ni desconfianza al paciente. En el mismo, el Minsa debe educar y orientar sobre el procedimiento médico, sus beneficios y riesgos.
«Debe contestarle las dudas al paciente, entregar un folletito educativo con información básica de la vacuna y luego si está de acuerdo (la persona) se procede a su firma, algunos inclusive llevan firmas de testigos. En ese mismo folletito puede poner el consentimiento informado», expresó el epidemiólogo.
El doctor Carlos Hernández, salubrista y miembro del Comité Científico Multidisciplinario (CCM), señala que el documento del Minsa tiene algunos desaciertos y por ende el formato en el que fue estructurado no es correcto y sugiere una modificación en el mismo.
«Aquí el problema es el formato que no es afortunado. Se habla que se le dio la información de la vacuna a aplicar y no es así, (en el país) no ha existido una campaña de información sobre la vacunación», refirió el especialista.
No se puede eximir al Estado
Por otro lado, el salubrista enfatizó que tanto el Estado como el Minsa no se pueden deslindar de las reacciones adversas que puede generar la vacuna a los pacientes. «No se puede eximir el Estado de una responsabilidad constitucional como es la salud y bienestar de cualquier ciudadano. Cuando yo eximo al Estado de las consecuencias que puede tener la vacuna en mí, hace que estoy aceptando que va a ocurrir algo malo, no se puede eximir al Estado», remarcó Hernández.
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Al respecto el epidemiólogo Leonel Argüello considera que eximir de cualquier responsabilidad al Gobierno por aplicar la vacuna no debería de ser parte del consentimiento informado, y sostiene que esto ha generado incertidumbre en la población y atenta contra la salud mental.
«Hasta donde yo sé, este tipo de documento no puede quitarte la responsabilidad. Este papel firmado no ha servido en los juicios que han tenido los médicos como una prueba que te vaya a salvar de la acusación que tenés, por lo tanto menos para el Gobierno quien es el primer responsable de salud de la población», ejemplificó el especialista.
«Es incorrecto»
A criterio del especialista en Salud Pública, Alejandro Lagos, este tipo de documentos normalmente se firman cuando se lleva a cabo un procedimiento quirúrgico, pero en este caso «es incorrecto», puesto que se trata de un programa de vacunación por emergencia en un contexto de pandemia. En este caso, según insisten los especialistas, el objetivo es inmunizar de forma efectiva y en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas para, primero, disminuir la mortalidad por el virus y luego controlar su propagación entre la población.
«Si el Minsa quiere lanzar una campaña de vacunación voluntaria, que lo haga, porque sabemos que el objetivo es frenar el avance de la pandemia, pero esto no es cuestión de estar pidiendo consentimiento a nadie, por eso la persona llega con la esperanza de que lo inmunicen», señaló.
Para el doctor Lagos, con esta acción el régimen de Ortega solo busca «curarse en salud» y justificar su falta de seriedad en el manejo de la pandemia y en este caso el esquema de inmunización. «¿Por qué no difundieron antes el alcance, las consecuencias o las reacciones que puede producir esta vacuna? Ahora a quemarropa de un día para otro la aplican de una forma antojadiza y proselitista», refutó.
Así se hace en otros países
En Costa Rica los únicos que firman el consentimiento informado son las mujeres en periodo de lactancia materna. El Ministerio de Salud de ese país autorizó la aplicación de la vacuna a este grupo bajo la condición de firmar dicho documento.
Sin embargo, a diferencia de Nicaragua, en ese país del sur ni el Gobierno ni el Minsa costarricense plantean en el documento eximirse de cualquier responsabilidad, por el contrario, brindan una explicación detallada del tipo de vacuna que se aplica y los síntomas adversos que puede generar.
«Esta es la información que deseamos que usted conozca sobre la vacunación contra Covid-19 en mujeres en periodo de lactancia con la vacuna Pfizer/BioNtech. Le solicitamos que indique con su nombre, firma y número de cédula que ha recibido esta información y que las dudas surgidas al respecto han sido aclaradas por el personal de salud a cargo del vacunatorio. Proceda con el proceso de vacunación, si es aceptable para usted», dice al final del extenso documento.
Mientras en El Salvador, el Ministerio de Salud de ese país incluyó en su documento «lineamientos técnicos para la vacunación contra el SARS-CoV-2», que como requisito las personas que desean ser vacunadas deberán firmar este consentimiento informado.
En el documento, la institución sanitaria salvadoreña explica los rangos de edades que pueden acceder al antídoto, la documentación que deben presentar al momento de ser vacunado, pero además especifica los tipos de vacunas que aplica, sus efectos adversos y hasta las contraindicaciones y precauciones.
Mientras en Honduras, el Gobierno hasta el momento no ha impuesto como requisito firmar dicho documento, pese a que ya inició la jornada de inmunización con las vacunas donadas por Israel. El Gobierno solo estableció como primer grupo vacunado al personal de salud.
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En Bolivia, considerado uno de los países aliados del régimen de Daniel Ortega, las autoridades de salud iniciaron la jornada de vacunación el pasado 29 de enero. La primera persona inmunizada fue una enfermera y los reportes periodísticos de esa nación indican que la auxiliar tuvo que presentar su documento de identidad y aceptar la vacuna mediante un consentimiento informado.
En el caso de Colombia —que inició la jornada de vacunación el pasado 20 de febrero— el Gobierno exigió que todos los ciudadanos firmen dicho consentimiento informado, el cual incluye información relevante como los beneficios, efectos adversos y alternativas del respectivo tratamiento, «de forma que la decisión del usuario esté basada en información clara y suficiente», dijo al respecto una funcionaria de salud de esa nación.
Si el paciente no está conforme con la información brindada en el documento, perfectamente puede solicitar mayor información a las autoridades sanitarias y poder tomar una decisión definitiva. Una vez esté convencida, programa su cita nuevamente para aplicarse el antídoto.
En Uruguay el poder ejecutivo también estableció que las personas que deseen aplicarse la vacuna contra el Covid primero deben firmar dicho consentimiento informado. De acuerdo con la dirección general de ese país, la decisión del Ejecutivo obedece a una exigencia de los laboratorios.
Aunque tampoco se conocen detalles de ese formulario que deben llenar los pacientes previo a la vacunación, las autoridades sanitarias advierten que las vacunas contra el Covid-19, como todo medicamento, pueden causar efectos adversos.
En el caso de Argentina y México tampoco exigen la firma de un consentimiento. En Puerto Rico, parte de Estados Unidos y Reino Unido sí se pide que se complete un formulario. Por ejemplo, en la nación norteamericana en algunos estados se utiliza este formato cuando se gestiona desde un sistema de seguro privado.
En Europa, España también implementó la firma del consentimiento informado, pero siempre bajo la misma línea de informar a la población qué vacuna se está aplicando, sus beneficios y síntomas adversos.
En ninguna de estas naciones los gobiernos incluyeron en el documento eximir al Estado y a la institución de salud de cualquier responsabilidad en caso de que el antídoto provoque algún daño y en el peor de los casos la muerte.
