Un preso político es quien guarda prisión por sus actividades políticas contra el gobierno de su país. Preso de conciencia, por su parte, es el que ha sido encarcelado solo por sus ideas y creencias: políticas, religiosas o de cualquier otra clase.
En una democracia no hay presos políticos ni de conciencia. Encarcelar a una persona por sus actividades políticas o por sus ideas es una grosera violación de los derechos humanos que solo ocurre en las dictaduras, como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Un claro caso de preso de conciencia en Nicaragua, actualmente, es el del abogado Manuel Urbina Lara. El 24 de enero pasado él conducía su camioneta en una carretera de Jinotega. Por hacerle un favor al campesino José Antonio Rizo, le permitió montarse en la tina del vehículo para encaminarlo hacia donde se dirigía. Pero infortunadamente la camioneta sufrió un accidente en el cual murió el ocasional pasajero.
Por esa muerte accidental una jueza de Jinotega ha condenado a Urbina Lara por el delito de homicidio imprudente. Pero ese no es el caso del abogado capitalino. El homicidio imprudente se comete, por ejemplo, cuando conduciendo alguien un vehículo a motor incurre en una acción u omisión voluntaria no maliciosa, o comete una infracción del deber de cuidado, o actúa con imprudencia en condiciones en las que el riesgo era previsible y evitable. Y el caso de Urbina Lara no fue eso, sino un accidente de tránsito imprevisible e inevitable.
Además, a través de la mediación que es un instrumento legítimo del sistema de justicia penal de Nicaragua, Urbina Lara llegó rápidamente a un acuerdo con los familiares de la persona fallecida. Por eso la misma jueza que ahora lo ha condenado, ordenó su libertad 48 horas después de haber sido detenido. Sin embargo, al día siguiente la jueza revocó su propia resolución y siguió un proceso plagado de irregularidades, con el claro propósito de condenar a prisión al abogado convertido por ella en víctima de la represión judicial de la dictadura.
Manuel Urbina Lara es un antisandinista histórico. En 1984 desertó del Servicio Militar y se asiló en la Embajada de Costa Rica. Al irse del país se unió a la Contra, y después de los acuerdos de paz y del cambio de gobierno, al frente de un grupo armado que llamó Brigada Patriótica Nicaragüense, el 8 de marzo de 1993 secuestró en la Embajada de Nicaragua en San José al embajador Alfonso Robelo y 17 personas más. Urbina Lara exigía la destitución del jefe del Ejército Popular Sandinista, Humberto Ortega, y del ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, así como un rescate de 6 millones de dólares, 5 de los cuales se debían entregar a la Iglesia católica para obras sociales. Finalmente, al cabo de 18 días Urbina Lara liberó a todos los rehenes sin lograr las exigencias políticas, pero recibiendo 250 mil dólares que se llevó a República Dominicana.
Al volver a Nicaragua, ya en tiempos de paz, Urbina Lara se dedicó a su profesión de abogado. No se le conoce militancia partidista, pero desde que Ortega volvió al poder ha sido un fuerte crítico de la nueva dictadura. Y ahora el régimen ha aprovechado el accidente en Jinotega para vengarse de él convirtiéndolo en un preso de conciencia.
