La reciente reforma de la Ley 842 ha traído no solo consecuencias inmediatas negativas en el ámbito del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, sino que conlleva riesgos en la interacción del sistema financiero nacional con el sistema financiero internacional, lo que podría trastocar el funcionamiento de este con resultados no deseables no solo para los mismos bancos, sino para una serie de sectores que requieren de esta vinculación y para el país como un todo.
En respuesta al actuar de las autoridades en materia de violación de derechos humanos con relación a los eventos de abril del 2018, un grupo reducido de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, ha sido objeto de la aplicación de una serie de sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos (EE. UU.), Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido.
En el caso de aquellas personas sancionadas por el gobierno de EE.UU., ya sea a través de la Ley Magnitsky o por los listados publicados por la Oficina de Control de Agentes Extranjeros (OFAC), sus cuentas y la de algunos familiares o personas relacionadas, dependiendo del caso, son canceladas por los bancos norteamericanos y los bancos internacionales que tienen relación con estos como parte del resultado de la implementación de estas sanciones.
Los bancos nacionales han hecho lo propio, conforme a sus políticas internas, que es lo que dictan las mejores prácticas de administración bancaria con base en riesgos.
El interés gubernamental de pretender proteger a este reducido grupo y disminuir el impacto de estas sanciones provocó que el ejecutivo a través de sus diputados también usara esta reforma para eliminar la potestad que los bancos tenían, conforme relaciones contractuales y en cumplimiento de las normas y buenas prácticas internacionales, de poder dar por cancelada una cuenta o negarse a prestar un servicio. Con esta reforma, esa facultad le fue arrebatada a los bancos y trasladada al Estado a costa de arriesgar las corresponsalías con los bancos internacionales, el acceso a fondos externos y la relación con las empresas de tarjetas de crédito y remesas.
Producto de esta reforma, en Nicaragua hoy estamos ante dos situaciones inmediatas de riesgos: una es que al Estado se le ocurra pedir que se les abra cuentas a los sancionados y la otra es que aún sin que el Estado solicite la apertura de estas cuentas las corresponsalías, los fondeadores de recursos y hasta las mismas autoridades que combaten el lavado de dinero tomen la decisión unilateral de cerrar corresponsalías, restringir el acceso a líneas de créditos o pasarnos a la lista negra del GAFI.
Ante la preocupación y respuesta pública que provocó esta decisión, algunos funcionarios han querido vender la narrativa de que los bancos están en calma y no se están quejando y que estas otras voces lo están haciendo por politiquería. De hecho, la posición de los bancos que envió a la Asamblea Nacional y sobre la que no comentan estos funcionarios fue contundente en rechazo a esta reforma. Lo que es politiquería es la manipulación de la información, pretendiendo que somos ignorantes, sabiendo que no lo somos.
Adicionalmente, pretender manipular a la opinión pública que este es un tema de soberanía para proteger a unos pocos a costa de las mayorías es simple y llanamente politiquería populista. En este sentido, me referiré al caso reciente de Hong Kong, donde en agosto del año pasado la administración Trump sancionó a la jefe ejecutiva de Hong Kong, quien es el cargo de mayor jerarquía política en la isla, y a otro número de oficiales de Hong Kong y China.
Posteriormente, la Autoridad Monetaria de Hong Kong determinó que las sanciones de la OFAC en Hong Kong no tienen estatus legal en su jurisdicción y que no es obligado cumplir con ellas. A pesar de lo anterior, ningún banco les dejó sus cuentas abiertas ni a la jefe ejecutiva ni al resto de oficiales y ni siquiera los bancos chinos estatales les quisieron abrir cuenta por el riesgo de ser enjuiciados, sancionados y por no perder su acceso al sistema financiero norteamericano y a la obtención de recursos financieros externos.
Lo que sí no hizo la Autoridad Monetaria de Hong Kong es quitarles la facultad a los bancos de tener su propia política interna de prevención con base en riesgos y que estos tengan la decisión final de a quien cancelar o a quien no abrir un servicio, como se evidencia en el manejo que hicieron sobre las cuentas de estos miembros del ejecutivo que fueron sancionados.
Hay mucho en juego. Si cualquiera de estos riesgos acaeciera, los perdedores seríamos todos los consumidores y usuarios en el país. Ojalá que prevalezca el bienestar de las mayorías por encima de un mayor control político, una malentendida soberanía y la politiquería populista.
El autor es expresidente del Cosep.
