Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y que encabeza las encuestas para una posible candidatura a la Presidencia de Nicaragua, sugirió a la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que envíe una misión de alto nivel, acompañada por la Organización de Estados Americanos (OEA), para negociar con el dictador Daniel Ortega.
«Yo creo que en este momento primero se debe activar las formas de multilateralismo. Segundo, enviar a una misión de alto nivel de parte de la administración (Biden), para negociar con Ortega y entender qué es lo que Ortega necesita en este momento. Esta misión debe ir acompañada por la OEA para reactivar las conversaciones que tuvieron en el pasado. Yo creo que, en esta nueva era, si en este momento no se toma ventaja, China y Rusia tomarán lugar en la región y amenazarían aún más a Centroamérica y Latinoamérica, en general. Estas son mis recomendaciones, porque creo que estamos a tiempo para mayo y que la administración venga a Nicaragua para hablar con Ortega e iniciar profundas negociaciones para restaurar la democracia» propuso Chamorro.
Un grupo de personalidades, que han ocupado cargos importantes dentro de la administración pública y privada en los países centroamericanos, presentaron este miércoles 17 de febrero, en el Diálogo Interamericano, con sede en Washington, una declaración al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU), presidido por Biden, y lo exhortaron a enfocarse más en esta región.
Cristiana Chamorro, miembro de esa iniciativa, en su intervención señaló que en el caso de Nicaragua, el «régimen es una amenaza para la seguridad del continente americano».
«En términos prácticos, vivimos bajo una etapa de asedio, donde ondear una bandera nicaragüense en la calle conducirá a la cárcel. Este estado de sitio se suma a una crisis económica de tal magnitud que dos de cada tres jóvenes nicaragüenses quieren huir del país, porque no ven empleo ni oportunidades», aseveró.
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EE.UU ha ejercido cierta presión a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, debido a las denuncias de violaciones de derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses. Ha sancionado a más de 20 funcionarios del régimen, empresas e instituciones estatales. No obstante, la dictadura continúan asediando y reprimiendo a opositores y aprobando una serie de leyes represivas y arbitrarias.
Fabricación de «circo electoral»
Hace pocos días, el Gobierno de Biden aseguró que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está conduciendo al país «hacia una dictadura», al provocar la suspensión de operaciones a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y del capítulo local de la organización de escritores PEN Internacional, por medio de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Chamorro recordó que en Nicaragua hay más de 100 presos políticos y cientos de ciudadanos y sus familias en una casa por prisión, arbitrariamente. Asimismo, relató que la mayoría de los líderes opositores nacionales y locales sufren los efectos de la coerción militar, que incluye a periodistas, medios de comunicación en general y sociedad civil.
«Y ahora, una combinación de leyes aprobadas que busca solo criminalizar los derechos humanos y todas las libertades públicas. Esperan inhibir a los líderes de la oposición en las próximas elecciones, que deben realizarse en noviembre, según el calendario electoral. Ortega está fabricando un contexto de elecciones a su medida. Todos sabemos que el ciclo de crisis y represión solo se resolverá con elecciones libres, transparentes y supervisadas. (Pero) no puede haber elecciones democráticas sin reformas electorales y una estricta supervisión nacional e internacional», denunció Chamorro.
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Asimismo, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, agradeció, en nombre de los nicaragüenses, las recientes declaraciones del Secretario de Estado de la Administración Biden «porque demuestra su compromiso con el apoyo al pueblo nicaragüense y su reivindicación de democracia» y exhortó a la comunidad internacional y a Estados Unidos a que «la lucha de Nicaragua no puede aislarse de las implicaciones para la región y debe abordarse en el contexto del modelo de desarrollo regional sostenible que este grupo propone hoy».
Migración en toda Centroamérica
El 23 de enero de este año, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que su par estadounidense, Joe Biden, le informó que destinará US$4 mil millones en ayuda para Guatemala, El Salvador y Honduras, sin embargo, no incluye al resto de países centroamericanos.
Chamorro recordó que la Agencia de las Naciones Unidas para el Refugio, en su informe publicado este último martes, concluye que más de 100 mil nicaragüenses desplazados se vieron obligados a huir debido a la violencia y la represión. La mayoría están en Costa Rica viviendo en condiciones difíciles y con temor a regresar a Nicaragua por la represión de la dictadura.
«No podemos olvidar que la Comisión de Derechos Humanos registró 360 personas asesinadas durante la insurrección de 2018 (…) Es necesario reconstruir la modernización de Centroamérica con base en la fuerza de la sociedad civil y las organizaciones empresariales, para lograr un desarrollo económico regional sostenible, con educación y capacitación que permita nuevas oportunidades para que los jóvenes permanezcan en la región», exhortó.
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Narcotráfico y economía
En la declaración, los participantes consideraron necesario “replantear de manera franca y rigurosa la política antinarcóticos”, ya que señalaron que Centroamérica ha llevado sobre sus espaldas gran parte de los esfuerzos y costos sin que se observen en el horizonte cambios reales que auguren resultados diferentes.
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“La evidencia demuestra el fracaso de la política antinarcóticos impulsada por Estados Unidos en la región. El informe de la Western Hemisphere Drug Policy Commission, publicado recientemente, reconoce el fracaso colectivo de los esfuerzos por controlar el uso indebido y el tráfico de drogas en el Hemisferio, que han generado un destructivo saldo humano e institucional. Sobre las bases de este informe y conjuntamente con los aliados hemisféricos deberán replantearse los mecanismos para enfrentar el problema del trasiego de las drogas ilícitas en la región”, considera el Grupo.
Exhortaron a propiciar la reforma de las instituciones e instrumentos regionales para profundizar la integración económica y comercial. “A pesar de que el comercio intrarregional representa una porción sustancial (en algunos casos un tercio o más) del que cada país sostiene con el resto del mundo, las instituciones regionales no han estado a la altura de las expectativas. También es clave tomar en cuenta, como detonante potencial de desarrollo, las enormes ventajas que tendría la cooperación para propiciar una mayor interconexión en materia de infraestructura energética, digital, vial, portuaria y turística”, indicaron.
Las personalidades que presentaron esa propuesta al gobierno de Biden son: Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; Eduardo Stein, exvicepresidente y exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala; Isabel Saint Malo, exvicepresidenta y exministra de Relaciones Exteriores de Panamá; María Eugenia Brizuela de Avila, exministra de Relaciones Exteriores de El Salvador; Fernando Carrera, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala; Edmundo Jarquín, exministro de Cooperación Externa y exdiputado de Nicaragua; Eduardo Ulibarri, exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas; Cristiana Chamorro, expresidenta del Diario La Prensa y precandidata a la Presidencia de Nicaragua y Gina Kawas, exdelegada de la juventud ante las Naciones Unidas y fundadora de UNITE2030 de Honduras.
