Cuatro presos políticos enfrentaron audiencias de casación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dos de ellos lo hicieron de manera presencial en una audiencia oral ante los magistrados, pero a los otros dos les fue negado ese derecho, denunció el abogado Julio Montenegro.
Montenegro explicó que la nueva tónica es que el representante de la Fiscalía solo envía un escrito a los magistrados de la CSJ planteando su posición en relación a la audiencia de casación solicitada por la defensa del reo político y luego estos deciden no realizar la misma. Posteriormente, se limitan a notificar a las partes que darán a conocer su resolución sin especificar una fecha.
“Se está volviendo una tónica el no realizar las audiencias y citarse para sentencia, es decir pasa el expediente a manos de los magistrados sin que intervengamos nosotros de manera pública y resolver ellos supuestamente lo que en derecho corresponde”, denunció Montenegro.
La audiencia de casación que sí realizaron los magistrados de la CSJ fue la solicitada por los presos políticos Bernardo José Ramos y Denis García a través de su abogado. Ellos fueron acusados de portar dos tacos de cocaína, que posteriormente se “convirtieron” en dos tacos de dinamita.
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Montenegro planteó los agravios que perjudicado a sus defendidos como: la situación de detención ilegal, inconsistencia en fecha de detención de ambos acusados, obtención ilícita de pruebas y audiencia inicial realizada fuera del periodo que establece la ley, es decir, después de los 10 días de detención.
Sin audiencia y en manos de magistrados
Los magistrados de la CSJ decidieron no realizar la audiencia oral de casación al reo político, Jaime de Jesús Romero Carrión, de 29 años, quién fue condenado por los delitos de tráfico de drogas y tenencia de ilegal de arma de fuego y municiones. El joven fue capturado el pasado 11 de noviembre en su casa de habitación, en Sabana Grande, por policías y paramilitares del régimen.
Otro que no pudo estar presente en la audiencia de casación fue Edward Lacayo Rodríguez, conocido como “La Loba Feroz de Masaya”, ya que los magistrados decidieron no hacerla. Fue condenado el 16 de agosto de 2019 a una pena de 15 años de prisión y una multa de 49,912 córdobas por presunto tráfico de drogas, por la la juez Aracely Rubí, titular del Juzgado Sexto de Distrito Penal de Juicio de Managua. Dicha sentencia fue confirmada por los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua.
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Ahora la libertad de los presos políticos está en manos de los magistrados de la CSJ, poder del Estado que se ha caracterizado por ser una instancia afín al Ejecutivo. “De acuerdo a la ley, los procesos son orales para que los magistrados escuchen de viva voz cuáles son los agravios y con la explicación que dan las partes procesales ellos puedan entender cuál es la situación que se llevó ante el juez de juicio; y al no realizarse la audiencia ante los magistrados lo que queda ahí es que el asesor que proyecta la sentencia lo haga a su arbitrio, es decir a lo que estime necesario”, se quejó Montenegro.
El recurso de casación es el instrumento legal que tienen los abogados para solicitar al máximo tribunal de justicia, en Nicaragua la Corte Suprema de Justicia, para que revise fallos del juez de primera instancia y de los magistrados de los tribunales de apelaciones, cuando consideran que se han violado los derechos y garantías de los condenados.
