Desde el 11 de marzo de 2020, cuando se declaró al Covid-19 como pandemia en el mundo, hasta este jueves 11 de febrero, un total de 99,567 nicaragüenses se vieron obligados a retornar al país como consecuencia de las afectaciones sanitarias y económicas del nuevo coronavirus, según detalló el Ministerio de Gobernación (Migob) a través de una nota de prensa.
Según el Migob, el último grupo de connacionales que regresó a Nicaragua ingresó por el puesto fronterizo de Peñas Blancas el 11 de febrero por la noche. 225 nicaragüenses regresaron de Panamá, de estos 126 mujeres y 99 varones. «Cada uno portaba resultado negativo de la prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real para Covid-19», señala la misiva del Migob, con relación a uno de los requisitos indispensables impuestos por el Gobierno de Nicaragua para el ingreso que cualquier viajero, sea nacional o extranjero, vía aérea, marítima o terrestre.
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La mayoría de estos nicaragüenses que regresaron a su patria, además de quedar desempleados por las consecuencia del impacto del coronavirus en los países donde se encontraban, ahora enfrentan la incertidumbre sanitaria en Nicaragua con un repunte de casos de Covid-19 del que ya han advertido médicos independientes nicaragüenses, a pesar del secretismo y la pasividad del Ministerio de Salud y el Gobierno central.
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Para el sociólogo Cirilo Otero, la situación a la que se enfrentan estos nicaragüenses que se vieron obligados a retornar por la pérdida de empleo es caótica debido a que regresan a un país sumido en una grave crisis económica, además de las condiciones sociopolíticas adversas.
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“Si bien es cierto que las familias de esta gente van a gozar verlos en su regreso, esta gente quedó sin trabajo y sus familiares que tienen aquí dependían de sus remesas, eso representa que la situación de las familias nicaragüenses será ahora más difícil», explicó Otero.
Agregó que las autoridades nicaragüenses deberían garantizar un programa para paliar la situación del desempleo que vienen a enfrentar aquí en Nicaragua, porque hasta ahora no se conoce sobre un plan para contrarrestar la situación ni para apoyar a estas familias mientras la situación se estabilice.
En sus intervenciones en medios oficialistas, la primera dama designada, Rosario Murillo, ha hecho alusión al «Plan de lucha contra la pobreza», pero sin detallar de qué trata. El régimen no ha hablado en concreto o de forma específica sobre la respuesta que se le dará a esta cantidad de nicaragüenses que regresaron al país, en un contexto de tres años de recesión y pérdida del empleo en la que está sumida la nación, producto también de la crisis sociopolítica desatada en 2018.
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