Mientras el país arrastra por tercer año consecutivo una recesión económica, debido al estallido de la crisis política de 2018 y tras el impacto de la pandemia, la dictadura Ortega-Murillo malgasta los recursos públicos para perseguir y asediar a sus opositores 24 horas. Desde hace más de tres meses las caras más visibles que adversan al régimen han denunciado que la Policía Orteguista (PO) mantiene una vigilancia permanente en sus viviendas.
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica; Félix Maradiaga, del Consejo Político de la Unidad Nacional, y Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, son tres dirigentes opositores a quienes el régimen ha perseguido, asediado e impuesto de facto «casa por cárcel».
Juan Sebastián Chamorro, quien es economista, ha realizado un cálculo en el que estima que un período de tres meses el régimen ha derrochado más de un millón de córdobas solo en la ejecución de asedio policial en contra de Maradiaga, Mairena y él. Esto sin incluir los costos del asedio y persecución que viven a diario los demás líderes opositores, así como familiares de presos políticos y de víctimas de la represión de la dictadura.
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Cálculos
La fuerza policial que forma parte de la nómina fiscal del Estado y que en los últimos años el Gobierno ha privilegiado en el Presupuesto General de la República (PGR), es quien se encarga de perseguir y vigilar día y noche a los opositores, al punto de impedirles que salgan de sus viviendas y de la ciudad. Para esto, los oficiales cumplen con un rol de turnos que les permite vigilarlos permanentemente. Así lo han denunciado y evidenciado los opositores.
De acuerdo con el análisis elaborado por Chamorro, en un período de tres meses, la dictadura ha gastado aproximadamente 756 mil dólares en salarios. Calculando un salario de siete mil córdobas, por dos turnos de 12 horas, entre al menos seis agentes permanentes que asedian a los tres dirigentes opositores, aunque en muchas ocasiones son más.

En gastos de alimentación, el economista valora que se han gastado unos 367 mil córdobas, ya que un motorizado o los mismos agentes en las patrullas llegan a dejarles los servicios de comida a los agentes que están cumpliendo su rol de asedio. El cálculo se realizó valorando en 80 córdobas el costo de un servicio de comida, por los tres tiempos de alimentación, durante los tres meses, entre los seis oficiales que permanecen en las viviendas de los tres dirigentes opositores.
«Y eso no toma en cuenta además el costo que significa para la sociedad tener a un agente policial haciendo absolutamente nada las 24 horas del día, porque no están haciendo nada. Estos policías podrían estar combatiendo la delincuencia. Entonces nunca se va a saber cuántos delitos y delincuencia pudieron haber evitado estos policías que están ahí. Eso es un costo no medible, no calculable», expresó Chamorro.
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Sobre el gasto de combustible, estima unos 40 mil córdobas. Aunque hay otros asedios por lo que la estimación es conservadora. «Solo a mí me han perseguido 1,250 kilómetros, medidos. Entonces ahí yo hice un cálculo, cuesta más o menos tres córdobas el kilómetro. Solo ahí hay 12 mil córdobas, solamente en esa persecución y no somos tres nada más, porque hay otros opositores que son asediados diariamente, familiares de presos políticos, de la UNAB hay otros miembros que son hostigados. Aunque a veces no están las 24 horas, pero les ponen un oficial, un motorizado, una patrulla», señaló Chamorro.

En su más reciente informe sobre violaciones a derechos humanos titulado «Nicaragua bajo represión», la Unidad Nacional denunció que al menos unas 52 personas, líderes políticos de esta organización, habían sido víctimas de asedio y persecución por parte de la PO durante el 2020, por lo que se desconoce verdaderamente el total del derroche de los recursos del Estado que están siendo usados para perseguir y acosar a opositores.
Régimen prepara a su aparato represor
Para este 2021, año electoral el régimen de los Ortega Murillo preparó muy bien a su aparato represor, la Policía Orteguista (PO), a quien le asignó 3,760 millones de córdobas, de los cuales 307.11 millones de córdobas serán destinados para la protección de personalidades, detalla el proyecto del Presupuesto General de la República (PGR) 2021.
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Según el documento, el total que se destina para cuido de personalidades representa el 8.2 por ciento del presupuesto total de la Policía. Sin embargo, aunque el presupuesto define como personalidades al «presidente, vicepresidente, sedes y residenciales de los miembros del cuerpo diplomático y consular», el documento presupuestario no revela las cantidades destinadas para las operaciones de represión y vigilancia política ejecutadas por la institución policial en contra de los opositores.

La PO es la entidad de mayor prioridad del dictador Ortega al ser su brazo represor contra los nicaragüenses. La institución policial ha sido responsabilizada por organismos de derechos humanos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas, de cometer delitos de lesa humanidad desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018.