Para expertos en temas de educación, la nueva Ley del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) tiene el objetivo de ser utilizada por el régimen orteguista como un instrumento político populista, para atraer al sector juvenil de cara a las elecciones nacionales de noviembre del 2021.
Un segundo elemento que señalan los especialistas es que se pretende descuidar la capacitación del personal de las empresas formales y regularmente establecidas, pese a que estas son las que aportan el presupuesto del Inatec por medio del dos por ciento de las nóminas laborales, para concentrarse en el sector informal, que no aporta recursos a la institución.
Melba Castillo, doctora en Educación, analizó como una “medida demagógica política” la nueva Ley del Inatec, porque no se acompaña de un plan de desarrollo de la enseñanza técnica, aparte que establece un aumento del presupuesto a la entidad, por lo que el alcance de las reformas seguirá limitado.
“Es una medida política sin un impacto de fondo para la educación técnica. Esto va dirigido a los jóvenes para decir que están mejorando la función del Inatec, pero es una medida demagógica política, dirigida en un año electoral, donde el voto de los jóvenes es codiciado. Porque si ellos (el régimen) quisieran hacer un plan significativo, le aumentarían el presupuesto al Instituto”, planteó Castillo.
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El dictador Daniel Ortega propuso una nueva Ley del Inatec en la que se reforma al consejo directivo sacando a uno, de los tres representantes del sector privado, dejándolo en dos, al igual que a los delegados de los trabajadores, que son sindicalistas sandinistas.
La propuesta de ley fue tramitada en la Asamblea Nacional donde está en consulta en la Comisión de Educación, cuyo presidente es el diputado y sindicalista José Antonio Zepeda.
Prioridad es la informalidad
Entre los cambios en el consejo directivo del Inatec se reemplaza al representante del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) por uno del Ministerio de Economía Familia, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), mientras permanecen los delegados de los ministerios del Trabajo, Hacienda y Crédito Público, así como el director ejecutivo del Instituto.
La especialista Castillo considera que quitarle peso al sector privado formal y poner al Mefcca, confirma la hipótesis de que el régimen está priorizando la economía informal, lo cual es contraproducente para una recesión como la que sufre Nicaragua desde hace tres años consecutivos debido a la crisis política y de violaciones a los derechos humanos.
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“Eso tiene que ver básicamente con clientelismo político. El sector informal es vulnerable ya que depende de las voluntades de los funcionarios de las alcaldías, no en cumplir las formalidades del papeleo para crear negocios. Priorizan la economía de subsistencia, pero no hay un plan de desarrollo, el que tendrían que hacer con el empresariado formal”, refirió Castillo.
No va al fondo del problema
Ernesto Medina, también especialista en temas de educación, señaló que mientras no haya una reforma estructural de fondo del Inatec y que el Estado asuma su responsabilidad en su financiamiento, la enseñanza técnica “seguirá siendo la cenicienta de los subsistemas” en el país.
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Para Medina, uno de los temas que deben abordarse es el aporte del dos por ciento de la nómina que hacen las empresas privadas, por cuanto es lo que sostiene al Inatec. El problema es que la incidencia del sector privado va a ser minoritaria. “En estas condiciones esto seguirá siendo un impuesto más que no trae mayores beneficios a sus principales contribuyentes, ni al país en general”, indicó.
Otro de los fines del régimen es que le otorga al Inatec la facultad de interferir en las decisiones del Consejo Nacional de Universidades (CNU) respecto a las regulaciones de centros de educación técnica superior en el país, lo que roza con la Ley de Autonomía Universitaria (89), al invadir la facultad exclusiva de este órgano rector de ese sector educativo.
El académico Medina explicó que la coordinación efectiva de las entidades de la educación técnica, básica y la universitaria debería darse en la práctica desde hace años, porque además sus leyes rectoras vigentes ya lo contemplan.
“El artículo de la nueva Ley del Inatec que se refiere a la coordinación con el CNU para temas de técnico superior es insuficiente e innecesario, y tal como está redactado es efectivamente una violación a la autonomía de las instituciones de educación superior”, considera el especialista.
La nueva legislación no plantea resolver los problemas del Inatec, así como su infectividad en ofrecer programas de enseñanza técnica enfocados en áreas que demanden tanto los jóvenes como los trabajadores, y así contribuir al desarrollo económico del país.