Nicaragua no está ejerciendo la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, que de acuerdo con la regla de rotación por orden alfabético le corresponde en el trimestre del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.
El régimen de Daniel Ortega ha alegado, en carta de su representación en la OEA al secretario general adjunto, que decidió “no ejercer la Presidencia del Consejo Permanente debido a la ruptura del equilibrio político diplomático que padece la Organización, lo que impide el normal funcionamiento de este Órgano”. “Ruptura del equilibrio” de la OEA es para Ortega la presión para que haga elecciones libres, respete los derechos humanos y acate las normas de la democracia.
Antes que Nicaragua, México, que es gobernado por el populista de izquierda Andrés Manuel López Obrador, también había renunciado a presidir el Consejo Permanente porque según él “no existen las condiciones en el seno de la Organización que permitan desempeñar dicha función”.
En Nicaragua se ha especulado que la decisión de Ortega podría ser una estrategia para una eventual negociación con la OEA, que como es muy bien sabido le ha dado hasta el próximo mes de mayo para aprobar una reforma electoral que garantice que las elecciones de noviembre serán verdaderas, competitivas y justas.
Pero la verdad es que a Ortega no le interesa negociar nada con la OEA y menos el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Para él la OEA es su enemiga porque no avala la dictadura ni su pretensión de perpetuarse en el poder mediante farsas y fraudes electorales.
Ortega no solo desprecia a la OEA sino que también está anotado en el plan de la extrema izquierda y el populismo latinoamericano para liquidarla. A eso se refirió el exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velázquez Pereira, en declaraciones que dio a LA PRENSA sobre este asunto. Lo que hay, declaró Velázquez —quien representó al país en esa Organización durante el gobierno democrático de don Enrique Bolaños Geyer—, es “una operación orquestada por los regímenes populistas de América Latina y el Caribe, para debilitar a la OEA, aprovechando la crisis por la que atraviesa el gobierno de Estados Unidos”.
En realidad, la conspiración contra la OEA viene de más lejos. Comenzó a fines de 2005, cuando el dictador venezolano Hugo Chávez saboteó la Alianza de Libre Comercio (ALCA) propuesta por Estados Unidos para impulsar el desarrollo económico y social de la región. En 2008, Chávez y Fidel Castro aprovecharon la inmensa riqueza petrolera de Venezuela para promover la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); y en 2010 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para oponerlas a EE. UU. y la OEA, y ofrecerlas como uniones exclusivas de los países de América Latina y el Caribe, sin la participación de EE.UU. y Canadá.
El fin de varios gobiernos izquierdistas y populistas, y sus propias contradicciones, debilitaron la conspiración contra la OEA. Pero con el regreso al poder del peronismo en Argentina, el triunfo del populismo en México, la recuperación del poder en Bolivia y el debilitamiento de las democracias en varios países latinoamericanos, le han dado a la estrategia contra la OEA un renovado impulso.
