En su discurso del lunes 11 de enero corriente, Daniel Ortega dejó claro que el 7 de noviembre próximo no habrá en Nicaragua elecciones verdaderas, libres y limpias, las que para la oposición nicaragüense y la comunidad democrática internacional son la única salida de la crisis de gobernabilidad y para volver a la normalidad institucional en el país.
Sin decirlo explícitamente, el dictador de Nicaragua reconoció que lo que habrá en noviembre será una farsa electoral, para guardar las apariencias y recetarse de esa manera otro período presidencial de 5 años. De cumplirse sus aviesos planes, Ortega estaría en el poder 20 años consecutivos, aparte de los 10 que detentó en los años 90.
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, al denunciar las farsas electorales del somocismo señalaba que “elegir es escoger, no imponer”. Y lo que el orteguismo neosomocista planea hacer el próximo 7 de noviembre no será una elección para escoger presidente de la República y diputados. Lo que habrá, dicho por el mismo Ortega, será “otra tarea que atender” para “garantizar la continuidad” de su régimen.
Ortega también dijo que después de que monte la farsa electoral de noviembre para formalizar su reelección, convocará a “un gran diálogo nacional” para “construir en las nuevas condiciones la gran alianza” (con los empresarios) “que se derrumbó” en abril de 2018, cuando estalló la insurrección popular democrática contra la dictadura.
Los operadores legislativos del régimen ya han anunciado que en mayo harán una reforma electoral con los partidos políticos que tienen personería jurídica, sin tomar en cuenta a la nueva oposición que surgió de la insurrección de abril de 2018. Sin duda que tal reforma será superficial, no la de fondo que demanda la oposición y pide la comunidad democrática internacional a fin de que las elecciones puedan ser justas y transparentes, y para que sus resultados se puedan reconocer como legítimos.
La verdadera oposición tendrá que valorar si con la reforma electoral orteguista valdría la pena participar en los comicios, y en todo caso, tendrá que decidir la estrategia que más convenga a la lucha por la libertad y la recuperación de la democracia. Pero es obvio que a Ortega no le interesa la participación masiva en los comicios del 7 de noviembre. Para revalidar más fácilmente su permanencia en el poder lo que le conviene que es que la oposición llame a la abstención, ya que entre menos personas vayan a votar más alto será el porcentaje de votos que él se podrá adjudicar.
Pero la abstención pasiva, o sea al margen de una estrategia que implique poner en práctica otras formas de lucha que sean eficaces, nunca y en ninguna parte ha servido de nada. La abstención pura es solo una protesta cívica, un acto de rebeldía ciudadana, sin consecuencias prácticas de beneficio para la lucha democrática, solo para la dictadura.
En los casos de plebiscito y referendo la abstención ciudadana disminuye el grado de legitimidad del tema o ley puesto a votación y aprobado. En cambio, en la elección de gobernantes y representantes la abstención no tiene mayor importancia. De cualquier manera, la dirigencia de la verdadera oposición sabrá —y tendrá que— tomar la decisión que considere mejor y más apropiada, para el presente y el futuro de la lucha por la libertad y la democracia.
