No hay certeza de que las elecciones de noviembre de este año pudieran ser justas y transparentes, para lo cual son indispensables las reformas y garantías que demandan la oposición y la comunidad democrática internacional.
Al hablar de oposición, nos referimos a los partidos verdaderamente opositores, no a los apéndices del FSLN y los colaboracionistas que sirven a la dictadura, esos que popularmente y desde la gran farsa electoral somocista de 1957 son llamados “zancudos”. Y no solo los apéndices y colaboracionistas que ya están en la Asamblea Nacional de la dictadura, sino también los que pronto recibirán sus personerías jurídicas para participar como aliados o colaboradores del FSLN en el festín de noviembre próximo.
Casi todos los partidos y movimientos políticos y sociales a los que se les puede reconocer como opositores, han dicho que no participarían en los comicios de noviembre si previamente no hubiera una reforma electoral que garantice la pureza del sufragio, el derecho de organización y de movilización pública, así como la observación electoral internacional confiable, particularmente de la OEA.
El régimen orteguista ya ha anunciado que en mayo próximo habrá una reforma electoral, fecha que coincide con el plazo que la Asamblea General de la OEA le puso en octubre del año pasado. Sin embargo, es seguro que las reformas electorales de la dictadura no serán las que demandan la oposición interna y los organismos intergubernamentales democráticos. Ortega más bien se ha anticipado a prohibir la participación opositora en los comicios de noviembre; comenzando con que prácticamente todos los líderes reconocidos de la resistencia democrática han sido inhibidos de ser candidatos a ejercer cualquier cargo público, por una ley represiva que califica y criminaliza como “traidores a la patria” a quienes desafíen abiertamente a Daniel Ortega y quieran sacarlo del poder.
Sin embargo, de cualquier manera esas elecciones podrían ser como una mesa de oportunidades para la oposición.
Primero, la oportunidad de cambiar el gobierno y abrir el camino a una nueva transición democrática, en el caso de que el régimen de Ortega cediera ante las presiones nacionales y externas, e hiciera las reformas indispensables para que las elecciones de noviembre sean más o menos confiables. Para esto sería imprescindible que toda la oposición se uniera y presentara una sola opción electoral.
Segundo, la oportunidad de volver a las calles, reactivar la movilización pública opositora, organizar a la población y difundir masivamente el mensaje de liberación. Ese podría ser el objetivo de participar en el proceso electoral aunque no existan las condiciones que se demandan, pero también en este caso la gran unidad opositora sería indispensable.
Tercero, la oportunidad de colocar representantes democráticos en la Asamblea Nacional, para seguir librando la difícil lucha por la libertad y la democracia también en los pocos espacios que fuese posible aprovechar. Además, de esa manera se podría impedir que la Asamblea Nacional quede totalmente en manos de la dictadura, y la oposición sin ningún espacio legal, como ocurre en Cuba y Venezuela.
La dirigencia opositora tiene que saber lo que conviene hacer, decidirse a correr los riesgos que sean necesarios y aprovechar las oportunidades que se pudieran presentar.
