LA PRENSA informó este miércoles 6 de enero, que en el poder judicial se está cobrando por algunos trámites que realizan necesariamente los usuarios de la administración de justicia.
Esto es una violación a la Constitución Política de la República, que dispone en su artículo 166 que la justicia en Nicaragua “es gratuita y pública”. Precisamente para garantizar la gratuidad de la justicia, la Constitución mandata (artículo 159) que la asignación anual al poder judicial tiene que ser equivalente cuando menos al 4 por ciento del Presupuesto General de la República.
Pero este abuso es solo una de las muchas violaciones a la Constitución que se cometen en el poder judicial. Más grave todavía es el atropello al artículo 129 constitucional, el cual determina que los poderes del Estado son independientes entre ellos, pero el judicial está subordinado al ejecutivo y a la voluntad política y los caprichos del dictador Daniel Ortega.
En consecuencia también se viola de manera flagrante el artículo 158 de la Constitución, en el cual se dice que “la justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial”. Y se mancilla adicionalmente el antes mencionado artículo 166, en cuanto dice que “los magistrados y jueces en su actividad judicial, son independientes y solo deben obediencia a la Constitución y la ley…”.
De la deformación y degradación de la justicia se derivan prácticamente todos los males de Nicaragua. Como señala Platón en la República, la justicia es una condición de la felicidad pero también una virtud política fundamental para la estabilidad social. Eso significa que donde la justicia no está bien, todos los demás asuntos del Estado y la sociedad andan mal.
El jurista y antiguo funcionario judicial y político democrático, Adolfo García Esquivel, quien fuera dirigente del partido Pali y diputado de la UNO en el período de abril de 1990 a enero de 1997, solía decir que todos los problemas grandes y pequeños de Nicaragua comienzan y terminan en el poder judicial.
García Esquivel era coherente en sus principios democráticos. Fue juez Segundo del Distrito del Crimen en la época del somocismo y le correspondió procesar a algunos sandinistas. Los juzgó y sentenció de acuerdo con la ley, con sentido de la justicia y según el dictado de su conciencia, no como son juzgados y condenados ahora los activistas azul y blanco por falsos jueces que en realidad son operadores políticos de la dictadura y solo ejecutan lo que les ordenan.
Con la contribución de García Esquivel, durante el gobierno de doña Violeta se logró rehabilitar el poder judicial e independizarlo hasta donde fue posible. Al terminar aquel gobierno democrático la Corte Suprema de Justicia ya no era sandinista y los magistrados de esa corriente política totalitaria eran apenas 4 entre 12.
Ese avance trascendental se perdió por el pacto de Arnoldo Alemán y el PLC con Daniel Ortega y el FSLN. Ellos se repartieron como botín el poder judicial y al poco tiempo quedó controlado totalmente por el Frente Sandinista. Y así estamos ahora, sin justicia y por lo tanto sin libertad, ni democracia, ni Estado de derecho.
