El periodista y empresario radial Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío de la ciudad de León, denunció públicamente que a media tarde del lunes 4 de enero unos doce policías portando armas largas allanaron violentamente su vivienda, según dijeron en busca de drogas. Como prueba de la agresión, Toruño mostró y divulgó fotografías que mostraban los daños causados en su residencia por los asaltantes.
Toruño no se encontraba en la vivienda, cuyo portón de hierro y puerta de madera fueron derribados por los gendarmes, los que registraron la casa y tiraron todo al suelo sin encontrar lo que supuestamente buscaban.
Según la víctima del asalto policial, la supuesta búsqueda de droga ha sido un burdo pretexto para agredirlo, incriminarlo e intimidarlo. En realidad, lo que ha sido esta agresión es un paso más en la escalada represiva de la dictadura. Pero no solo contra Toruño, en lo personal, sino contra los medios independientes de comunicación y la libertad de prensa que en este caso él representa.
Ya en abril de 2018, en los primeros días de la insurrección popular democrática las instalaciones de Radio Darío fueron asaltadas e incendiadas por turbas armadas de la dictadura. En diciembre del mismo año la radioemisora fue allanada nuevamente por las fuerzas represivas del régimen y Toruño se vio obligado a marcharse al exilio. Sin embargo, considerando que es una persona de intachable honradez y que no ha cometido ningún delito, el periodista y empresario radial que está formalmente protegido por medidas cautelares de la CIDH, decidió regresar a Nicaragua a fines de 2019.
Anibal Toruño no es un activista político ni pertenece a ninguno de los movimientos de resistencia pacífica a la dictadura. Y aunque lo fuera, eso sería en ejercicio de sus derechos constitucionales y humanos. Pero él es solo un profesional de la comunicación, vicepresidente de la Cámara Nicaragüense de Radiodifusores (Canira), de manera que el acoso policial que sufre hay que entenderlo como un ominoso avance de la dictadura contra el periodismo independiente y la libertad de prensa.
En un año electoral como es el 2021, la lógica política indica que por táctica y conveniencia el régimen debería aflojar los controles y la presión contra la sociedad civil y los medios de comunicación. Pero los dictadores de Nicaragua no entienden de lógica ni de formalidades políticas. Los ciega el odio hacia todos los que han osado alzarse contra ellos, y contra los medios de comunicación porque informan verazmente lo que ocurre en el país. Toda dictadura es alérgica a la verdad, se funda en la mentira y tiene aversión irracional a los medios de comunicación y periodistas independientes.
“Una sociedad democrática se precia por sus instituciones cívicas fuertes e independientes y por una prensa robusta y fiscalizadora”, escribió el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, en su reciente mensaje de fin de año y año nuevo. Eso es verdad. Pero en Nicaragua no hay democracia, sino una dictadura total y brutal, despiadada y absoluta.
