Nicaragua cierra el 2020 con una crisis que continúa siendo «deplorable» y por eso reclamó a la Unión Europea y Estados Unidos ampliar las sanciones con funcionarios del régimen para neutralizar sus abusos, según el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco Inostroza, un abogado chileno experto en derechos humanos que, al igual que en otros países de la región donde se vulneran los principios democráticos y los derechos fundamentales de sus ciudadanos, ha seguido de cerca la situación de represión y violación a los derechos fundamentales que viven los nicaragüenses desde abril de 2018.
Vivanco Inostroza, desde la ciudad de Lima, en Perú, responde a una entrevista de LA PRENSA en la que advierte que las graves violaciones que comete el régimen de Daniel Ortega contra la ciudadanía «siguen impunes».
Desde el 2018 hasta la fecha, ¿ qué es lo más grave en materia de derechos humanos que sigue ocurriendo en Nicaragua?
La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo deplorable. Luego de la brutal represión de las protestas en el 2018, la dictadura se ha vuelto más selectiva en su arremetida contra la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.
Las estrategias de represión del régimen han incluido el cierre de espacios democráticos, mediante la cancelación de la personería jurídica a organizaciones de la sociedad civil e investigaciones fiscales arbitrarias contra la prensa independiente, así como constantes ataques y actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía contra defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, líderes comunitarios, y políticos identificados con la oposición. Además, siguen impunes las graves violaciones de derechos humanos, incluidas torturas y asesinatos, cometidos por la Policía y los hampones del régimen durante la represión del 2018.
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Mientras tanto, continúan detenidas más de 110 personas percibidas como opositoras, según datos del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
¿Cuál es su valoración sobre la aprobación de leyes restrictivas impuestas por Daniel Ortega a lo largo de 2020, entre estas la Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y la intención de imponer la pena de cadena perpetua?
La batería de leyes que promovió el régimen y que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional controlada por los sandinistas, es la clara consolidación de la represión por la vía legislativa. Estas leyes contienen disposiciones que están diseñadas para aumentar la censura y reducir el espacio de acción de los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos.
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Por ejemplo, la Ley de Agentes Extranjeros permite que el régimen de Ortega controle las actividades de prácticamente cualquier persona u organización que reciba fondos o apoyo del exterior, y prohíbe que participen en asuntos de política interna y externa. De la misma manera, la Ley Especial de Ciberdelitos penaliza la difusión de “noticias falsas” y otras expresiones en internet, un espacio que Ortega aún no controlaba y que ha resultado fundamental, tanto en Nicaragua como en otros países del mundo, para visibilizar y denunciar abusos.
El momento de sanción de estas leyes no es casual. Ciertamente están orientadas a desnivelar aún más el campo de juego para favorecer al régimen de cara a las elecciones generales de noviembre de 2021.
Tomando en cuenta la crisis social, política y económica que se vive en el país, ¿considera que en Nicaragua hay condiciones para realizar elecciones presidenciales en diciembre de 2021?
Lamentablemente la respuesta es no. Hasta el momento, no creo que haya condiciones para elecciones presidenciales justas, genuinas y libres en Nicaragua. El régimen autoritario de Ortega ha desmantelado las instituciones democráticas que deberían funcionar como límite al poder presidencial.
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En primer lugar, el Consejo Supremo Electoral, organismo responsable de organizar, dirigir las elecciones y anunciar los resultados, está compuesto por cinco magistrados sandinistas, es decir, responde a los intereses del Gobierno. En el pasado, este Consejo ha excluido a partidos políticos de participar en elecciones y destituido a legisladores de la oposición.
En segundo lugar, el hostigamiento policial contra la oposición restringe el ejercicio de los derechos civiles y políticos tales como los derechos de reunión pacífica, de asociación y la libertad de expresión que son fundamentales para realizar elecciones libres y justas. Ello se ve agravado por las recientes leyes aprobadas por la Asamblea, en particular las de ciberdelitos y agentes extranjeros, que constituyen una verdadera arremetida legislativa contra los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
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Además, Ortega anunció el pasado 18 de diciembre que enviaría un proyecto de ley al Congreso que, impediría que la oposición participe en las elecciones. Esta última maniobra de Ortega apoya la idea de que el régimen está más preocupado por consolidar su poder que por realizar reformas electorales creíbles y serias.
Mientras no se impulsen reformas para reestructurar el Consejo Supremo Electoral y se permita una observación electoral independiente, las condiciones no están dadas para que haya comicios libres y justos.
En caso de que se realicen elecciones, ¿usted cree que se pueda replicar en Nicaragua lo que pasó en Venezuela con las elecciones legislativas del 6 de diciembre?
En Venezuela lo que hubo el 6 de diciembre fue una farsa electoral, un proceso que no contó con la más mínima legitimidad ni credibilidad, gracias al cual el chavismo se tomó la Asamblea Nacional, el último organismo independiente que quedaba en Venezuela. El chavismo se ha encargado durante las últimas décadas de cooptar todos los mecanismos que garantizan la integridad electoral e incluso descabezó a los principales partidos de oposición. No sorprende que, en estas circunstancias, la abstención electoral haya sido casi del 70 por ciento, lo cual constituye un rechazo explícito a las elecciones fraudulentas de Maduro.
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La principal diferencia con lo que ocurrió en Venezuela es que, por ahora, la oposición nicaragüense se presentaría a elecciones, a diferencia de lo que ocurrió con su contraparte venezolana durante las pasadas elecciones legislativas.
Muchos nicaragüenses consideran que la presión externa no ha sido suficiente para hacer entrar en razón a Ortega. ¿Usted cree que la comunidad internacional ha quedado a deber con la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018?
En el pasado, la presión internacional sostenida ha resultado clave para detener las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Ortega, especialmente para lograr la liberación de presos políticos. Pero la comunidad internacional se equivoca si cree que el nivel actual de presión es suficiente para obligar a Ortega a realizar las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y justas en 2021.
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En octubre, la Unión Europea renovó las sanciones contra seis funcionarios del régimen por un año. Fue un paso necesario, pero insuficiente. Es crucial que tanto la Unión Europea como Estados Unidos expandan las sanciones individuales contra altos funcionarios nicaragüenses implicados en graves violaciones de derechos humanos, para continuar aislando internacionalmente al régimen y reducir su margen para cometer abusos.
¿Por qué el patrón de violación de derechos humanos es tan constante en administraciones como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Para usted, cuál de las tres es más sanguinaria?
Nosotros no hacemos rankings de violaciones de derechos humanos. Nuestra tarea es realizar un análisis objetivo e imparcial de los abusos que ocurren en cada país. Sin embargo, está claro que en Nicaragua, Venezuela y Cuba existen en la actualidad regímenes autoritarios que reprimen el disenso de forma sistemática. Las similitudes entre estos tres regímenes no son casuales: un elemento fundamental que sostiene a los regímenes dictatoriales es la persecución constante a los medios de comunicación independientes, partidos de la oposición y organismos de la sociedad civil.
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Las violaciones a los derechos humanos y las libertades individuales son parte de una política oficial que estos regímenes promueven para asegurar su permanencia en el poder, que es su fin último. Es por eso que tanto en Cuba, como en Venezuela y Nicaragua, los dictadores apuntan directamente a restringir el espacio civil que denuncia y expresa críticas contundentes contra el gobierno.
¿Cuándo fue la última interacción que usted tuvo con el Gobierno nicaragüense para abogar por la crisis que atraviesa el país? ¿Le han prohibido entrar a Nicaragua?
El último contacto que tuve con el Gobierno fue hace unos dos años, en una de las sesiones de la OEA donde se discutía la situación de Nicaragua. En esta reunión, participó el canciller Denis Moncada, quien lanzó un discurso agresivo y negacionista. Afirmó con total desparpajo que las denuncias sobre graves abusos que estaban ocurriendo en Nicaragua eran invenciones.
Cuando terminó la reunión, el señor Moncada se acercó a mí y me dijo que quería conversar para aclararme algunos asuntos. Se refería a un informe muy crítico que habíamos publicado sobre la realidad del país. Moncada me aconsejó que “no me dejara engañar por grupos locales”, organizaciones que tienen finalidades políticas, y me aseguró que Nicaragua era una democracia con plenas libertades.
Lo confronté y le dije que más que consejos, lo que necesitaba eran explicaciones respecto de lo que ocurría en el país. Le dije que nuestro informe describía la triste realidad que sufrían la mayoría de los nicaragüenses, víctimas de abusos brutales que habíamos constado por nuestros propios medios. Además, le reafirmé que en Nicaragua gobierna una dictadura, donde se cometen atrocidades con total impunidad.
No sé si tengo prohibido formalmente la entrada a Nicaragua, no tengo una clara respuesta. Cuando me expulsaron de Venezuela en septiembre de 2008, Ortega declaró que yo recibiría el mismo trato si intentaba visitar Nicaragua. Realmente da igual, basta con la palabra del dictador para que no pueda ingresar.
