El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), informó que un grupo de 154 nicaragüenses ingresaron la noche del 15 de diciembre a territorio nacional, procedentes de Panamá, lo que extiende a casi 80 mil el número de personas que se vieron obligados a retornar como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
La institución gubernamental señaló que el ingreso de connacionales se realizó una vez presentaron la prueba negativa de PCR y bajo una rigurosa revisión del Ministerio de Salud (Minsa) para descartar cualquier síntoma relacionado al virus. Los ciudadanos, que entraron por vía terrestre en la frontera de Peñas Blancas, ahora deberán cumplir una cuarentena de 14 días en sus domicilios.
El Migob explicó a través de un comunicado, que del total de nicaragüenses que ahora están con sus familias, 98 son mujeres y 56 varones. Muchas de estas personas regresaron a su patria tras quedar desempleados en estas naciones donde los gobiernos sí adoptaron medidas estrictas de confinamiento tras el repunte de casos de Covid-19.
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Después de Costa Rica, Panamá ha sido uno de los destinos que los nicas buscan para obtener empleo, en medio de la pobreza, crisis económica, represión y estado policial que la dictadura de Daniel Ortega impuso en Nicaragua, principalmente desde abril de 2018, con las protestas antigubernamentales.
Lista roza las 80 mil personas
Con este nuevo grupo de nicaragüenses que retornaron al país la noche del 15 de diciembre, de acuerdo a los datos de Gobernación, desde el 11 de marzo de 2020, que la Covid-19 fue declarada pandemia, hasta la fecha un total de 79,438 ciudadanos han retornado a Nicaragua procedentes de distintos países.De ese total, detalla Gobernación, 31,701 corresponden al sexo femenino y 47,737 al masculino.
Para abogados defensores de derechos humanos este masivo retorno es un «golpe duro» para Nicaragua porque representa no solo un retroceso en la economía de las familias, sino un peligro para aquellos ciudadanos que se vieron obligados a huir en el 2018 con la persecución impuesta por la dictadura contra opositores.
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«Esto claramente representa un deterioro en la economía nicaragüense, muchos de estos ciudadanos salieron del territorio con intención de sacar a sus familias de la pobreza, otros por el asedio y la persecución política vivida en los últimos años, por lo que ahora están expuestos nuevamente a la persecución, vulnerando en estos casos la búsqueda de un progreso y mejor calidad de vida», sostuvo en una entrevista anterior la abogada Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
