Al fin de contribuir a los procesos de memoria, verdad, y justicia en medio de la crisis sociopolítica que aún persiste en Nicaragua, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + en su segundo informe contra la tortura documentó al menos siete testimonios de nicaragüenses quienes fueron víctimas de torturas, violencia física, sexual y psicológica. De los cuales seis son hombres y una mujer, cuyas edades oscilan entre 19 a 40 años, y son parte de los 73 casos de torturas que ha ejecutado el régimen orteguista desde abril 2018.
Según el documento los actos de torturas que ocurrieron de julio a septiembre se registraron en centros de detenciones de Managua entre los que figuran la nueva Dirección de Auxilio Judicial, Distrito II y VI de Policía Orteguista, Sistema Penitenciario Jorge Navarro, un centro clandestino, una Estación Policial en León y en una casa de habitación particular en Diriamba, Carazo.
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«Cinco de las 7 personas que dieron su testimonio, fueron detenidas nuevamente en los meses de mayo a agosto de 2020, y de estas solo dos se encuentran libres, pero con procesos judiciales abiertos. Las otras dos personas relataron actos de tortura sufridos entre 2018 y 2019», cita parte del informe.
Hasta la fecha de las 73 personas, al menos 11 estuvieron detenidas en centros clandestinos o irregulares y los otros en centros penitenciarios o policiales, 12 son mujeres y 61 son hombres. Los departamentos de Managua, Masaya, León, Juigalpa y Matagalpa son los que más casos de detención y tortura registran.
Violencia física y psicológica
En el documento se describe los tipos de torturas ejecutadas por oficiales y parapoliciales del régimen orteguista que van desde la violencia sexual, física, psicológica y tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que a criterio del Colectivo son actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad ejercidos como un castigo a su posición política y que generalmente estuvieron precedidos de asedios, hostigamientos y amenazas constantes.
Según, el informe la violencia física ha sido una de las principales herramientas de torturas usadas por agentes estatales y paraestatales en Nicaragua, las cuales están encaminadas a causar un «castigo severo» por su participación política en manifestaciones pacíficas en contra del régimen de Daniel Ortega.
En esa línea, se destaca el caso del preso político con iniciales de B.K.A. ,que fue detenido en dos ocasiones en las que fue brutalmente golpeado y torturado por agentes policiales del Distrito VI. Su familiar de iniciales H.M.A., relató: «cuando entro a la sala de visita mi hermano se levanta la camisa y me enseña todos los golpes que tenía en el cuerpo, tenía dos costillas fracturadas y todo su cuerpo morado, me dice él, que fue golpeado por el oficial Miguel Flores».
Los abusos físicos no solo ocurrieron con la persona detenida, sino, que fue extensiva a su familia, indica el documento. «Los oficiales del Distrito VI el mismo día de su detención allanaron su casa de habitación y en dicho acto tiraron al suelo a dos niños de 9 y 5 años de edad, golpearon a una persona con síndrome de Down, a quien le pusieron un arma de fuego en el pecho e intentaron violar a una joven de 20 años de edad», señala.
En cuanto, a la tortura psicológica destaca que es utilizada como mecanismo de destrucción de la autonomía y voluntad de la persona víctima, como una forma de crear en ella dolor y sufrimiento intangible cuyos efectos son duraderos en el tiempo y disminuyen significativamente el proyecto de vida de una persona. Al menos, cinco de las siete personas expresaron distintas formas de violencia psicológica.
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En este tipo de acción, el Colectivo continúa mencionando el caso de B.K.A, quien al ser liberado el 30 de diciembre de 2019 un custodio le expresó «disfruta tu semana de vacaciones, pasando la primera semana de enero vas a volver», lo cual causó en él una sensación de inseguridad constante hasta su recaptura.
Violencia sexual y desnudez forzada
Sobre los siete testimonios nuevos documentados por el Colectivo en un caso se registró violencia sexual, tres fueron víctimas de desnudez forzada y una víctima de acoso sexual. El informe define que la desnudez forzada es una práctica inhumana, generalizada y arbitraria utilizada por el Estado, infligida cotidianamente como método para degradar y anular la personalidad de las víctimas.
También, destaca que es uno de los hechos más presente en la mente de las víctimas, que representa la deshumanización del modo de operar en los centros de detención. Un familiar de B.K.A, dijo que «en el chipote lo metieron a una celda solo y que le estaban quemando unas luces lo estaban volviendo loco y lo tenían desnudo… Lo estaban volviendo loco».
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Por su parte, el Colectivo le demanda a las autoridades de Nicaragua «erradicar esta práctica y limitarse a realizar requisas que sean absolutamente necesarias para la revisión y control de las personas detenidas relacionadas con las medidas de seguridad de los centros de detención, la cual en ningún caso debe excederse puesto que constituye una violación al derecho a la libertad sexual, a la integridad personal, y a la honra y dignidad de las personas, derechos reconocidos constitucionalmente y por tratados internaciones que Nicaragua está obligado a cumplir», cita el documento.
Condiciones carcelarias precarias
A través de los testimonios, el Colectivo identificó que en las celdas policiales en León, y algunas en Managua, existen condiciones precarias siendo el indicador común la falta de espacio, iluminación, ventilación e higiene. Además, agregan que en los centros las visitas no cuentan con privacidad y se les impide a las personas denunciarles a sus familiares los actos perpetrados en su contra.
Basado en los testimonios recabados entre 2019 y 2020, el organismo detalla que en el Centro Penitenciario Jorge Navarro y en El Chipote, «continúa la política de limitación a los derechos de reinserción social a los presos políticos, a quienes no se les permite realizar actividades lúdicas, recreativas, laborales y en la mayoría de casos solo se les permite tomar el sol una vez al mes o quinces días por espacio de 10 minutos».
Los agresores
Las denuncias arrojaron que existe un total de 13 presuntos agresores plenamente identificados de cometer actos de tortura y vejámenes contra las personas presas políticas. «Cuatro miembros del Consejo del Poder Ciudadano; seis agentes policiales, dos agentes paraestatales y un miembro de la municipalidad de Diriamba», enumera el informe y añade que se obtuvo la descripción de otros dos agentes policiales, quienes participaron en torturas psicológicas.
«Los Comisionados Generales Juan Valle Valle y Luis Alberto Pérez Olivas, quienes han sido catalogados como principales jefes de la represión en contra de manifestantes y presos políticos», denuncia el Colectivo.