El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Eber Acevedo, apeló ante los magistrados del Tribunal de Apelación Circunscripción Las Segovias (TACS) la decisión del juez orteguista Erick Laguna – Juzgado de Estelí – de dejar en libertad a Abner Pineda Castellón, simpatizante del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a pesar de que este disparó y mató al opositor a la dictadura Jorge Rugama Rizo, de 42 años.
Pineda Castellón fue declarado culpable del delito de homicidio imprudente por el juez Laguna, pero el judicial apenas lo condenó a la pena mínima de un año de cárcel y de inmediato le otorgó el beneficio de suspensión de ejecución de la pena, por lo que quedó completamente libre, a pesar de haber segado una vida.
Pineda Castellón es funcionario de la Alcaldía sandinista de Estelí, donde ocupa el cargo de jefe de Adquisiciones de la comuna, como reveló LA PRENSA al tener acceso a un informe de la Contraloría General de la República que lo sancionó administrativamente.
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“Uno de los puntos que cuestionamos al juez fue que tipificó el hecho como homicidio imprudente cuando es claro que se trata de un asesinato agravado, ya que nada de esto hubiera pasado si Pineda no se hubiera ido a acercar a la víctima y se hubiera quedado en la camioneta que iba; aquí hubo una discriminación de tipo político, ya que privaron de la vida a Jorge Rugama solo por pensar distinto”, dijo Acevedo.
Atenuantes peligrosos
El abogado aseguró que lo atenuantes manifestados por el juez en su sentencia son alarmantes y peligrosos porque podrían inducir a otros a cometer este tipo de hechos y procurar la impunidad. Uno de ellos fue de tipo político, el judicial señaló que el homicida sufría secuelas psicológicas producto del intento fallido de “golpe de estado” del 2018.
Otro atenuante emitido por el juez fue que Pineda se encontraba en estado de arrebato cuando cometió el crimen y andaba celebrando una fiesta nacional, el 19 de julio. “El estado de arrebato es un atenuante, pero lo que no es atenuante es andar bajo estado de ebriedad y Pineda andaba bajo ese estado. Por ejemplo, si la mamá de Jorge al ver cómo mataron a su hijo hubiera reaccionado y cometido un delito contra Pineda, entonces esa si es una situación de estado de arrebato, es decir, que el próximo 19 de julio hay que tener cuidado con todos los simpatizantes sandinistas que anden tomando licor porque pueden andar en estado de arrebato y pueden estar con secuelas psicológicas por el intento de golpe de estado”, explicó Acevedo.
Además, el judicial hasta dividió un atenuante en dos para favorecer al homicida orteguista. Señaló que Pineda es reo primario y que no posee antecedentes, cuando ambas condiciones son lo mismo. El juicio contra Pineda fue reprogramado en cuatro ocasiones, Acevedo consideró que se trataba de tácticas dilatorias por parte de la defensa del asesino, quien fue acusado de quitar la vida a Rugama Rizo, de 42 años, por gritar «¡Viva Nicaragua libre!» mientras pasaba una caravana orteguista el 19 de julio en La Trinidad, Estelí.
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Antecedentes del juez
El juez Erick Laguna es recordado por haber dictado sentencia a los responsables de la masacre perpetrada contra una familia en la comunidad indígena El Carrizo, en Madriz.
El crimen ocurrió en 2011 y fue perpetrado por un grupo de simpatizantes sandinistas encabezados por el entonces secretario político del FSLN en San José de Cusmapa, Jesús Herrera Zepeda y el delegado sandinista del Consejo Electoral Municipal (CEM), Eusebio Cruz Montenegro.
En esa ocasión, el juez Laguna dictó solamente tres años de prisión para los principales responsables del crimen, entre ellos Jesús Herrera Zepeda, un exsecretario político del Frente Sandinista en esa zona, y Elvin de Jesús López, un exjefe policial.
Finalmente, el abogado de la CPDH dijo que el representante del Ministerio Público no apeló ante los magistrados del TACS el fallo de primera instancia del judicial, demostrando que continúa activo «el triángulo perverso» conformado por Policía, Fiscalía y Poder Judicial Orteguista.
