El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció este martes una resolución administrativa para el “aprovechamiento familiar” de los árboles derribados por los huracanes Iota y Eta en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, la Desembocadura del Río Grande y La Cruz de Río Grande, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
De acuerdo con la titular del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), Sumaya Castillo, esa resolución establece los “procedimientos administrativos, técnicos y legales” para que las “familias, comunidades y pueblos” aprovechen los árboles tumbados por ambos ciclones.
La resolución administrativa CODF 54 2020 consta de 15 artículos que -según Castillo- “garantizarán de manera ordenada” que las familias accedan a los recursos naturales.
“El objeto de la resolución es regular la actividad técnica, administrativas y legales de árboles (…) La resolución está normada en autorizar únicamente los árboles que fueron afectados por el huracán y se van a verificar mediante una comisión interinstitucional integrada por Inafor (Instituto Nacional Forestal), Marena, la secretaría de recursos naturales adscrita al gobierno regional y los municipios respectivos”, expresó Castillo a los medios oficialistas.
Para el ambientalista Amaru Ruiz, director de la organización Fundación del Río -confiscada en el 2018 por el régimen-, esa resolución podría convertirse en una explotación “descarada” de las reservas naturales, dirigida, más que a las familias afectadas por los huracanes, a empresas madereras, porque, argumentó, no cuentan con un estudio del impacto de los huracanes en las reservas naturales.
“Ellos están dando una resolución sin tener un estudio, un diagnóstico, una evaluación exhaustiva de lo que significó Iota y Eta, del impacto ambiental en las áreas protegidas, en la cobertura forestal. Ellos no han presentado nada”, refutó Ruiz.
Evaluar para accionar
El ambientalista explicó que para que se dé un aprovechamiento responsable el régimen debió primero exponer cuántas son las hectáreas de bosque impactadas, cuáles son esas zonas, cuál es volumen de aprovechamiento de madera caída, cuáles son las especies afectadas… Y sumado a eso, cuánta madera necesitarían para brindarle ayuda a las familias a construir sus casas.
“Marena presenta junto a Inafor el decreto para el ‘aprovechamiento familiar’ de los árboles que cayeron como consecuencia de los fuertes vientos y las lluvias, pero que ahora van a servir a las familias para reconstruir”, dijo Murillo al mediodía de este martes en su acostumbrada intervención en los medios oficialistas.
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“Cuántas casas se destruyeron, cuántos metros cúbicos (de madera) necesitás para la reconstrucción de las casas, la resolución debe decir los metros cúbicos para la construcción de viviendas, pero no decís eso en la resolución”, manifestó por su parte Ruiz.
Lo que dicen los artículos
Ruiz mencionó dos de los artículos que le llaman seriamente la atención y que evidencia las intenciones del régimen, que obedecen a intereses políticos.
El artículo 7 expone que entre los requisitos para el aprovechamiento de la madera en la Costa Caribe Norte y Desembocadura y La Cruz del Río Grande, están la presentación del inventario forestal, georreferenciación del área de intervención o acta de inspección técnica, por ejemplo.
“Mi pregunta es a quién está dirigida esta resolución, ¿A las familias impactadas? ¿Van a tener la capacidad de ir a georreferenciar el área, contratar al regente forestal, de hacer un contrato de reposición de recursos? ¿Acaso tienen la capacidad? No la tienen, ya que ellos están preocupados por aprovechar el árbol que le cayó al lado de la casa, entonces ¿Quién lo va a hacer? Las empresas”, consideró Ruiz.
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En tanto el artículo 9 de la resolución de aprovechamiento familiar dicta que si en caso de existir un excedente del volumen de la autorización del aprovechamiento, el regente forestal deberá justificarlo. “Si se ubica dentro de una área protegida o zona de amortiguamiento” deberá presentar un permiso del Marena.
“Lo que vos estás abriendo ahí es flagrantemente y descaradamente la explotación de recursos forestales que había (…) Detrás de eso hay una intencionalidad de aprovechamiento de esos recursos, justificados con el impacto de Iota y Eta”, aseguró Ruiz.
El ambientalista recordó la experiencia similar que se vivió en el 2007 después del huracán Félix, que impactó en la misma zona del Caribe Norte, y el régimen presentó una resolución de aprovechamiento, pero las empresas madereras también arrasaron con los árboles en buen estado.
“Eso generó una explotación y sobreexplotación del recurso forestal”, dijo Ruiz.
“Si la gente no tiene ni casa, cómo van a tener los equipos necesarios para la explotación de esa madera (…) Esa resolución no es para las familias”, manifestó Ruiz, quien señaló que si entran los empresas madereras deberán abrir trochas entre los bosques.
Lo que se necesita hacer
Ruiz indicó que lo ideal es la no intervención de las reservas para que haya un proceso de regeneración natural, pero ante un daño natural como lo hace un huracán, el modelo más sostenible es no permitir la entrada a los bosques de maquinarias, y que la población solo aproveche los árboles caídos o, por ejemplo, que haya una ubicación real de la necesidad de la madera.