La reforma a la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620) entró en vigencia este 23 de noviembre al ser publicada en La Gaceta, Diario Oficial. Cumplido este último trámite legal, el régimen orteguista tiene la puerta abierta para otorgar licencias de concesiones a empresas privadas para hacerse cargo del servicio de agua potable y de saneamiento en los municipios o departamentos que así lo disponga las entidades del régimen,
Esta reforma ha sido criticada por centros movimientos ambientalistas y expertos como la expresidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Selma Herrera, debido a que al convertir a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el ente regulador del sector, se le conceden facultades para concesionar el servicio de agua potable a privados, siendo este el mecanismo para reducir la obligación del Estado de asegurar el suministro a la población.
Al asumir ANA todas las funciones reguladoras desapareció el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). Con esta fusión, se le duplicaría el presupuesto a ANA al transferirle lo que corresponde al INAA.
Los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobaron los cambios solicitados por el dictador Daniel Ortega, entre los que se incluye que ANA les apruebe a las empresas concesionarias del servicio que cobren a los usuarios un tres por ciento en la factura mensual, y ese porcentaje le será transferido al ente regulador.
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Otro modificación que perjudicó a los usuarios, es que el régimen en la Ley 620 focalizó los subsidios estatales de tal forma que la mayoría de los consumidores podrían quedar fuera del beneficio y ver incrementada su factura mensual por el servicio de agua potable.
Lo ordenado por Ortega en la Ley, es que solo recibirán «los apoyos sociales», como se conceptualiza el subsidio, «las comunidades rurales, ubicadas en zonas dispersas y de difícil acceso». Se excluyó a los usuarios de las zonas urbanas, marginadas (como asentamientos) y los sectores agropecuarios, que anteriormente sí eran beneficiados en la norma legal.
La dictadura y sus diputados del FSLN no permitieron que movimientos ambientalistas ni organizaciones sociales participaran en la discusión de si convenía reformar la Ley General de Aguas Nacional. Sólo intervinieron en el proceso los representantes de ministerios y entidades estatales, que como era de esperarse no objetaron nada de lo ordenado por Ortega.
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La reforma a la Ley de Aguas Nacionales entró en vigencia sin que se haya transparentado el Plan Nacional de Recursos Hídricos, donde la sociedad podría conocer la situación real del sector cómo las razones que llevó a la dictadura a implicar cambios que facilitan la intervención de empresas privadas en el manejo del servicio a la población.
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Ahora está pendiente de que Ortega mande la propuesta de Ley de Cánones del servicio hídrico, que también es considerada por los críticos como una amenaza en contra del sector privado porque supondría otro mecanismos de recaudación.
