La dictadura de Daniel Ortega mantiene oculto el Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), impidiendo que los nicaragüenses conozcan cuál es la situación real del sector y por qué se decidió abrir la privatización del servicio de agua potable y del saneamiento, a través de la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620).
Ni a los diputados en la Comisión del Medio Ambiente del poder legislativo les fue presentado dicho Plan, a pesar de que debió ser la base para que pudieran avalar la reforma a la Ley de Aguas, aseguraron fuentes legislativas.
LA PRENSA constató que en las páginas web de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) no está disponible el documento del Plan Nacional de Recursos Hídricos.
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El dictador Daniel Ortega justificó que la reforma a la Ley General de Aguas respondía a las evaluaciones técnicas que se hicieron junto al Banco Mundial al marco normativo y de las estrategias del Plan Nacional de Recursos Hídricos, que vienen prometiendo ejecutar desde el 2017.
Según Ortega, en la exposición de motivos del anteproyecto, «con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, a partir del años 2017 ha venido elaborando un diagnóstico que estableció las líneas estratégicas del Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), el cual es considerado como un instrumento de gestión de carácter obligatorio para lograr el uso racional, sostenible y equitativo de los recursos hídricos», reza el texto.
Sin embargo, ese documento no es de acceso público, restringiendo así el dictador Ortega una información esencial para que la ciudadanía conozca cuáles son las estrategias a mediano y largo plazo para desde el Estado asegurar las fuentes de recursos hídricos, así como transparentar la situación de viabilidad financiera de la estatal Enacal a fin de conocerse por qué abrieron la puerta para otorgar licencias de concesiones a empresas privadas para que se hagan cargo de este servicio en algunas áreas del país.
La reforma a la Ley General de Aguas fue aprobada el jueves pasado por 74 diputados, de los cuales 70 son del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y cuatro de sus aliados de la bancada PLI-ALN y Apre.
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Los 16 restantes diputados que estuvieron en la sesión (14 del PLC, uno de Yatama y uno de ALN), se quedaron presentes en el sistema electrónico, lo que significa que no apoyaron con su voto las reformas, pero tampoco rechazaron el nuevo mecanismos de privatización del servicio de agua y saneamiento, y que además podría incrementar la tarifa para los usuarios.
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Banco Mundial dice que no puede facilitarlos
LA PRENSA solicitó a las oficinas del Banco Mundial en Managua los estudios técnicos en los que contribuyeron con las entidades estatales. La respuesta del organismo, vía correo, fue que los documentos son de propiedad del régimen nicaragüense, por lo que no puede facilitarlos.
«El Banco Mundial, en su carácter técnico en la materia, apoyó asesorando con la elaboración del Plan Nacional de Recursos Hídricos y sus planes de implementación, pero estos documentos son potestad del Gobierno de Nicaragua», contestó el organismo multilateral.
El Banco Mundial explicó que parte del análisis que realizaron fue a los «marcos legales e instituciones vigentes» del sector, pero «para la implementación del Plan Nacional de Recurso Hídricos, que es de dominio del Gobierno».
Con la aprobación de la reforma, se avaló que desaparezca el INAA y que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sea el ente regulador, con amplias potestades para aprobar las concesiones a operarios privados en el manejo del servicio a la ciudadanía.
ANA duplicó sus fondos
Esa fusión de instituciones implicará que a la ANA se le transfiera el presupuesto asignado al INAA, duplicándose así los fondos para el funcionamiento del nuevo ente regulador. Para el 2021, al INAA se le asignó 32.2 millones de córdobas, según la propuesta del Presupuesto General de la República 2021, que está pendiente de ser aprobado en la Asamblea Nacional.
En tanto, para la ANA la asignación es de 47 millones de córdobas. Con la fusión, ANA terminaría con un presupuesto de poco más de 79.3 millones de córdobas para su funcionamiento en el 2021. El traspaso de los recursos como de todos los bienes del INAA se deberá concretar una vez en vigencia la reforma a la Ley 620, según lo aprobado por los orteguistas.
Representantes del régimen sin explicar
El Plan Nacional de Recursos Hídricos supuestamente existe desde julio del 2017 cuando el presidente ejecutivo de Enacal, Ervin Barreda, aseguró a medios de la propaganda del régimen que lo entregarían al dictador Daniel Ortega y su vicepresidenta designada y esposa, Rosario Murillo, para que lo aprobaran y ordenaran su implementación. Pero hasta ahora se desconoce si fue terminado o cuál es la razón de la tardanza en ejecutarlo.
Paul González, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, aseguró a este Diario que durante la consulta a la reforma a la Ley General de Aguas no les fue entregado ese Plan Nacional de Recursos Hídricos. Tampoco explicaron los representantes de Enacal, INAA, ANA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuáles son las estrategias para echarlo a andar, afirmó el diputado.
«Esa gente no nos explicó nada, ni nos presentó ese Plan, ni acompañaron esos documentos a la reforma (a la Ley de Aguas). Lo que sí se nos dijo es que estaban trabajando en el nuevo reglamento de la Ley General de Aguas para que esté listo a entrar en vigencia en el plazo que se dejó en la Ley», explicó el diputado González.
El artículo 137 bis de la reforma aprobada ordenó que una vez en vigencia, el Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico delegue a un «equipo técnico-legal» que prepare las modificaciones y derogaciones que sean necesarias al reglamento de la Ley 620. Lo que no establecieron los diputados orteguistas ni la dictadura fue el plazo para que se hagan esos cambios al reglamento.
