El régimen orteguista aplicará la compactación de dos instituciones con el supuesto objetivo de ser más “eficientes” en cuanto a la regulación y prestación del servicio de agua potable en Nicaragua. La dictadura promueve la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620), con la que hará desaparecer al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), actual ente regulador del sector, y concentrará todas las funciones de regulación en la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
A través de esa reforma a la Ley 620 también se creará el Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico y la Comisión para la administración sustentable de los recursos hídricos, las que a su vez absorberán varias comisiones creadas en la Ley General de Aguas, como la de desarrollo sostenible de la Cuenca Hídrica del Lago Cocibolca y del río San Juan.
En la fundamentación del anteproyecto de reforma, el dictador Daniel Ortega expuso a los diputados que los cambios propuestos son resultado de estudios que realizan desde el 2017 con el apoyo del Banco Mundial, que determinaron la necesidad de cambios en el Plan Nacional de Recursos Hídricos.
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Esos diagnósticos arrojaron “la necesidad de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) absorba por fusión al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) con la finalidad de contar con una sola instancia reguladora de los recursos hídricos a nivel nacional”, expuso Ortega en la iniciativa de reforma a la Ley 620.
La propuesta fue presentada en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional el pasado 30 de octubre. Debido a que el régimen no solicitó trámite de urgencia, la reforma a la Ley 620 deberá ser consultada con diferentes sectores por la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Legislativo, para ser revisada antes de aprobarse.
Aunque por el control mayoritario que tienen los diputados orteguistas en la Asamblea, se esperaría que los únicos en participar en esa consulta sean los mismos funcionarios del régimen que están al frente de la ANA y del INAA para que den su aprobado a lo que promueve la dictadura.
Para Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, esta fusión de todas las competencias del INAA en la Autoridad Nacional del Agua “obedece, primero en los hallazgos que encontraron de la infuncionalidad” que tenía el ANA, lo que fue evidente, según el especialista, en que el régimen tuvo que mandar al director del INAA a asumir también el funcionamiento de la ANA.
En septiembre del 2020, el dictador Ortega destituyó como director de la ANA a Luis Ángel Montenegro Padilla, y nombró “de manera interina” a Rodolfo Lacayo Ubau.
El exdirector Montenegro Padilla, quien es hijo del expresidente de la Contraloría General de la República, Luis Ángel Montenegro, estuvo señalado de varias irregularidades en su administración. Montenegro Padilla estuvo más de 12 años como director de la ANA.
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“Otro cambio significativo, ahora que retomaría la ANA, es que administrará el tema de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, que era la especialidad del INAA en el tema de fiscalización de todo este sistema”, dijo Ruiz.
Esto implica que la ANA será el nuevo ente regulador del sector, incluido el de los servicios de agua potable domiciliares, así como a los sectores agropecuarios e industriales, tanto privados como públicos. Este cambio supone que los ciudadanos insatisfechos con el cobro en la facturación que haga la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) tendrán que ser interpuestos ante el ANA, una instancia hasta ahora prácticamente desconocida por la población.
Traspaso de dinero
Una vez aprobada esta reforma por parte de los legisladores, al desaparecer el INAA el presupuesto para su funcionamiento que le fue asignado para el 2021 pasará a ANA, lo que le significará una fuerte inyección de recursos a la última entidad.
“El presente proyecto de reforma de Ley, no supone un impacto presupuestario en virtud de que la Autoridad Nacional del Agua cuenta con una partida presupuestaria, ingresos propios, y además se le asignará vía presupuesto lo que antes le correspondía al INAA, para efectos de garantizar la operatividad de la presente ley”, reza parte de la fundamentación de la reforma.
Para el funcionamiento del INAA el próximo años, se le asignó 32.2 millones de córdobas, según la propuesta del Presupuesto General de la República 2021, que está pendiente de ser aprobada en la Asamblea Nacional.
En tanto, para la ANA la asignación es de 47 millones de córdobas. Debido a la fusión de las dos entidades reguladores del sector hídrico, ANA terminaría con un presupuesto de poco más de 79.3 millones de córdobas para su funcionamiento en el 2021. Para que esto sea viable legalmente, los legisladores deberán modificar la propuesta de la Ley del Presupuesto General de la República y traspasar los recursos previstos para el INAA a la ANA.
El exdiputado Agustín Jarquín Anaya también encuentra, en la decisión del régimen de desaparecer al INAA y que haya una única instancia reguladora de los recursos hídricos en el país, que la ANA desde su creación “ha hecho un trabajo bastante pobre”, por lo que ahora pretenderían darle un nuevo impulso.
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Jarquín explicó que entre las fallas en la gestión de la Autoridad Nacional del Agua está —de acuerdo a su Ley creadora—, por ejemplo, no ejercer una real ejecución de los planes de sostenibilidad de las cuencas hídricas.
“Juntar a ANA e INAA no lo veo mal, pero se debe hacer una consulta amplia a esta propuesta de reforma porque hablamos de un recurso que es clave para la subsistencia como es el agua, y que en varios lugares obtenerla se ha vuelto crítico”, afirmó Jarquín, quien también fue excontralor de la República.
Por el nivel complejo del manejo de los recursos hídricos, Jarquín planteó a los diputados en la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales que realicen una consulta a la reforma a la Ley 621 “sin ninguna influencia partidista”, tanto con organizaciones sin fines de lucro que trabajen en el sector hídrico, expertos en el tema que permita “aprobar esa ley, no de forma apurada, sino que cumpla el propósito para hacer una administración con menos burocracia”.