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CONTENIDO EXCLUSIVO.Desde julio de este año el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinó 50 millones de dólares para financiar al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Nicaragua, de cara a enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus.
Sin embargo, gran parte de esos fondos todavía permanecen en las bóvedas de los bancos, porque estos están exigiendo, entre otras condicionalidades, que los montos a solicitar sean por arriba de los 25,000 dólares, lo que se convierte en un obstáculo para las micro y pequeñas empresas, que no suelen endeudarse a ese nivel.
El millonario fondo del BCIE había despertado fuertes expectativas en un país donde conseguir en la banca o microfinanciera un préstamo se ha convertido en una odisea desde hace tres años. Casi en una misión imposible en una economía en recesión, no desde el 2020 sino a partir del 2018.
Pero rápidamente el programa de financiamiento regional se disipó, pese a que el presidente ejecutivo del banco, Dante Mossi llamó en octubre pasado a las mipymes a acercarse a los bancos para pedir dinero de ese fondo, que contempla condiciones blandas en cuanto a requisitos y garantías.
“Quiero hacer un llamado a las mipymes a que se acerquen a los bancos. Esta línea de crédito no está siendo utilizada al potencial” en Nicaragua, dijo Mossi el 7 de octubre en un encuentro con los medios de comunicación locales, en la que se excluyó a LA PRENSA.
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Casi dos meses después de ese llamado las cosas parecen no haber cambiado, lo que ha generado decepción entre los sectores que habían expresado entusiasmo por el fondo cuando este fue lanzado a nivel regional.
“La intención del BCIE es buena para los empresarios, pero resulta ser un engaño, pura demagogia, porque al intentar acceder a dichos recursos a través de la banca comercial, la realidad es muy distinta a lo ofrecido. Imposible de acceder para los micros y pequeños empresarios por las altas tasas de interés que piden y los requerimientos que exigen (los bancos comerciales locales)”, deploró la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Lucy Valenti.
La preocupación de sectores como el turismo radica en que se está acabando el año y no tuvieron acceso a ese dinero con el cual se podrían haber preparado para un 2021 en el que tienen puestas sus esperanzas.
El presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres, coincide con Valenti en que se deben reducir las barreras tangibles e intangibles que tiene la microempresa para acceder a financiamientos.
La representante de Canatur encuentra un inconveniente en los acreedores de estos fondos. Menciona que los bancos comerciales no están acostumbrados a servir a clientes mipymes, situación que ha ocurrido con otros fondos, no solo con estos 50 millones del BCIE.
“Lo hemos visto en el pasado cuando se han anunciado con bombos y platillos otros fondos para pymes y luego no se pueden colocar. Los bancos no quieren prestar menos de cierta cantidad y esa cantidad es alta para los micros y pequeños clientes”, declaró.
Y es que el programa del BCIE estableció créditos menores a los 10 mil dólares para las micro empresas y eso es un problema para la banca comercial, señaló por su lado el titular de Conimipyme. “El programa al principio fue diseñado para que fuera ejecutado por los bancos, pero estos no son los mejores canalizadores de fondos para este gremio y nunca lo han sido”, precisó.
Microfinancieras pudieran atender mejor
El modelo de préstamos para las pymes está en manos de las instituciones financieras no tradicionales como las microfinancieras, indica Valenti.
“La conveniencia es importante. Y son las microfinancieras las que están mejor organizadas para atender muchos clientes, rápido y con mínima burocracia. Los bancos comerciales son lo contrario. Ellos atienden pocos clientes a la vez, tienen muchos requerimientos para que el cliente pueda prestar y no son ágiles para resolver rápidamente”, señaló la presidenta de Canatur.
En ese sentido, Torres está de acuerdo en que son las microfinancieras las que mejor atienen al microcrédito. “Lo importante al final será saber cuántos millones se colocaron a la microempresa, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley de Fomento de las mipymes o en las mismas normas establecidas en el programa”.
Valenti insiste en que los que manejan esos fondos deben adoptar medidas realistas que resulten en un apoyo para que las micro y pequeñas empresas del país puedan reactivarse y seguir contribuyendo no solo con el crecimiento económico, sino con la reducción de la pobreza para lo que son un pilar fundamental.
La empresaria concluye que si verdaderamente el Gobierno e instituciones financieras como el BCIE, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quieren ayudar a las mipymes, no es a través de la banca comercial que se deben colocar los recursos sino a través de las microfinancieras.
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A cuentagota
Según Torres hasta octubre casi se habían ejecutado 20 millones de dólares y esperan que al cierre de noviembre se hayan colocado 30 millones. “Después solo quedarían 20 millones que se van a ir ejecutando posiblemente entre diciembre, enero y febrero para que en marzo ese fondo ya esté completamente ejecutado”, precisó el empresario.
Ese nivel de desembolso es lento si se toma en cuenta todas las facilidades que el BCIE incorporó en el programa de apoyo financiero regional por 350 millones de dólares, de los cuales hasta 70 millones podrían haber ingresado a la economía nicaragüense a medida que avanzara la ejecución del programa.
El BCIE había establecido que los préstamos podían oscilar entre 3,000 y 5 millones de dólares, con tasas que no debían superar las tradicionales bancarias. Pero además un fondo de garantía de hasta el 75 por ciento por cada préstamo otorgado, según el tamaño de la empresa que solicitara el fondo.
Si el préstamo es de una microempresa, el banco regional garantiza el 75 por ciento de este; si es una pequeña, la garantía es de 50 por ciento, y si es mediana se cubre el 35 por ciento. Además los beneficiarios pueden acceder a un periodo de gracia de dos años, un beneficio que también está siendo negado por los bancos nicaragüenses.
El titular de Conimipyme expresó que en Nicaragua hay alrededor de 250 mil mipymes de estas un 65 por ciento son microempresas, no más del 20 por ciento son pequeñas empresas y un 15 por ciento son medianas empresas.
A criterio de Torres, la mayoría de los fondos no deberían ir solo a la mediana empresa ya que estos son los que menos participación tienen y para que exista un impacto social en reducir el desempleo y la pobreza, debería enfocarse más en las microempresas.
El BCIE no ha autorizado que los fondos sean manejados por otras entidades financieras. “Hasta el momento lo que hemos visto en Nicaragua ha sido una exclusión de la microempresa, todavía no ha autorizado el BCIE la colocación de este fondo a través de las financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y las microfinancieras reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito que les propusimos”, reveló Torres.
Torres sugirió que el Banco de Fomento a la Producción sea intermediario de esos fondos. “Entonces definitivamente el programa se debió ajustar en el camino, así se hizo en otros países como en Costa Rica, pero en Nicaragua somos muy lentos”.
Fracasan reuniones
La Red de Empresarias de Nicaragua (REN) sostuvo reuniones con los acreedores de los fondos del BCIE, pero tampoco tuvo éxito para acceder a los desembolsos.
“Tuvimos reuniones con dos bancos, más de 60 socias, pero lastimosamente el techo mínimo de préstamo era muy alto, entonces una mipyme no puede acceder a montos de 25 mil dólares, generalmente se compromete con 5,000 o 10,000”, dijo María Eugenia Mayorga, presidenta de esta organización.
“Es una realidad que la banca comercial no presta directamente a mipymes, el banco presta a medianas empresas que facturan al menos 300 mil córdobas mensuales”, manifestó Mayorga.
El objetivo de los 50 millones de dólares provenientes del BCIE era contribuir en los sectores de producción de la cadena agroalimentaria, energía renovable, eficiencia energética, producción más limpia, hostelería y turismo, construcción, industria creativa, medios de comunicación, comercio y empresas de provisión de servicios, entre otros.