A pesar de que un jurado de conciencia encontró inocente al preso político, Lázaro Rivas Pérez, por el delito de lesiones graves, no podrá salir de la cárcel, ya que la jueza orteguista Esperanza Nela Gallardo Ríos, del juzgado de Juigalpa, lo declaró culpable del delito de robo agravado, explicó el su abogado defensor, Julio Montenegro.
Detalló que el juicio fue mixto, por lo que la judicial decidió valorar como juez técnico dicho delito, mientras aceptó que un jurado de conciencia valorara el otro ilícito imputado a Rivas Pérez. «El jurado lo encontró inocente, pero la juez lo declaró culpable a pesar que había méritos y elementos para declararlo inocente por ambos delitos. Esto solo se suma a una serie de irregularidades que hemos venido denunciando en este proceso», aseguró el Montenegro.
A Rivas Pérez lo acusan junto a sus hermanos Ulises Rivas y José Luis Rivas de supuestamente haberse robado tres sombreros vaqueros, dos de ellos valorados en 10,850 córdobas y uno en 3,000 córdoba. También de haber dañado un parlante y un termo. Los cargos son robo agravado y lesiones graves en perjuicio de Elsa Días Vargas, Martha Marín, Pedro López Ramírez y Genaro Rito Suárez.
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Apelará fallo
Por el delito de robo agravado el representante del Ministerio Público (MP) solicitó una pena de seis años de cárcel, mientras que el abogado defensor del reo de conciencia prefirió no pronunciarse al respecto porque asegura que apelará la decisión de la judicial.
«Esa decisión de la jueza es arbitraria y es contra derecho, por eso no solicitamos la pena mínima», aseveró Montenegro. Se espera que este miércoles la jueza Gallardo realice la lectura de sentencia de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal, aunque no ha programado fecha para ello.
Otra irregularidad ocurrida en el juicio es que en ausencia de Montenegro la judicial permitió la conformación del jurado de conciencia, lo que no permitió al defensor hacer una selección de acuerdo a los criterios legales que permitieran una valoración imparcial. También, usando artimañas la judicial no le permitió estar presente en el inicio del juicio contra el reo, por lo que a este se le impuso un defensor público.
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Llama la atención que a las dos audiencias de juicio las supuestas víctimas no llegaron, a pesar de que la judicial oficiosamente las mandaba a buscar con la Policía Orteguista, aseguró Montenegro.
