Al aprobar la reforma a la Ley General de Aguas en el poder legislativo de Daniel Ortega, algunos de sus diputados arremetieron contra LA PRENSA con alarde de odio y vulgaridad.
En sus ataques infundados y soeces nos acusaron de hacer “periodismo de alcantarilla” y ser “basura mediática”, por las publicaciones informativas que hemos hecho sobre esa controversial reforma legislativa.
Pero LA PRENSA ni siquiera ha opinado a favor o en contra de esa reforma que, según sus críticos, apunta a privatizar parcial o totalmente el servicio de agua. Lo que hemos hecho es dar a conocer el contenido de dicha ley y los principales argumentos de los diputados, sandinistas y liberales, así como de expertos en la materia. Entre otros el ilustrado criterio de una señora que dirigió la empresa estatal de agua en los primeros años de la nueva dictadura sandinista, pero ahora es crítica del orteguismo.
Por supuesto que nosotros no nos rebajamos al nivel de esos diputados sandinistas, que dejaron de ser militantes de un partido político para convertirse en zombis al servicio de la pareja de dictadores. Así como ellos llamaban “chanchera” al Congreso Nacional de la época del somocismo, nosotros podríamos llamar “cloaca”, o “alcantarilla”, a la Asamblea Nacional de la dictadura orteguista.
Pero no lo hacemos, primero porque no somos de su mismo bajo nivel de ética, educación y cultura, pero también por consideración a los diputados liberales, entre los cuales hay personas honorables que están allí por sus razones particulares, que respetamos aunque no las compartamos. Además, esos diputados liberales refutan sistemáticamente las propuestas legislativas antidemocráticas de la dictadura, y votan contra ellas, lo cual hay que reconocerlo.
Por otra parte, el problema del servicio de agua incluyendo la conveniencia o inconveniencia de su privatización parcial o total, es vital para la población y del mayor interés para los sectores productivos. Por lo consiguiente debe ser discutido con seriedad, no manosearlo demagógicamente como hace la politiquería oficialista.
Lo más importante en el servicio de agua no es que sea un negocio público o privado, sino que sea eficiente y accesible a los usuarios. La misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que es una institución intergubernamental generalmente proestatista, reconoce en sus estudios sobre el tema que “la participación del sector privado en la prestación de estos servicios puede traer consigo importantes mejoras de eficiencia”. Aunque advierte con toda razón que no garantiza, por sí sola, “una mejora duradera del bienestar social porque estos servicios no se prestan en un mercado competitivo”.
En las condiciones de Nicaragua, cuesta creer que haya inversionistas que se atrevan a invertir en el servicio público de agua, que por donde se vea sería un mal negocio, no como deben ser los que por su propia naturaleza busca la empresa privada. A menos que los interesados sean inversionistas mafiosos, cercanos a la dictadura, los que al amparo del Estado hacen lucrativos negocios con todas las ventajas posibles cargando siempre las pérdidas a cuenta de la población.
