Si por un momento aceptamos como veraces los resultados electorales hasta la fecha presentados e ignoramos el sinnúmero de irregularidades que seguramente tendrán que resolverse en la Corte, Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos. Se hace oportuno entonces reflexionar sobre algunas prioridades en la agenda de la administración Biden-Harris.
La fragilidad mental y ausencia de convicciones políticas de Biden, añadidas ahora a escándalos de corrupción en su familia, lo hace incapaz de detener el avance de una agresiva agenda izquierdista fuertemente impulsada por el sector más radical del partido. Esta agenda que incluye temas tales como reforma migratoria, Medicare para todos, el Green New Deal, ponerle fin a la industria petrolera, educación gratuita y eliminación de deudas estudiantiles, etc., es muy halagadora, pero son en su mayoría pura demagogia electorera e imposibles de realizar sin antes imponer un considerable aumento de impuestos a la clase media y alta del país. La recuperación económica del país, que se estima ya ha alcanzado dos tercios de lo perdido en la primera mitad del año por causa de la pandemia, probablemente sufriría un desastroso retroceso.
Dos aspiraciones sin embargo merecen destacarse por su transformacional y dañino impacto a la democracia estadounidense: la politización del Sistema Judicial (ampliación de la Corte Suprema) y la Reforma o eliminación del Colegio Electoral.
Politización del Sistema Judicial. De caer el control del Senado y la presidencia nuevamente en manos de los demócratas, la politización del sistema judicial aceleraría su marcha con la ya ampliamente anunciada amenaza de aumentar el número de jueces en la Corte Suprema. Mejor conocido como “Court Packing”, lo justifican como necesario para conseguir un nuevo equilibrio que revierta la actual composición mayoritaria de seis jueces “originalistas” contra tres “textualistas”.
Iniciada por los demócratas cuando en noviembre del 2013 Harry Reid, en aquel entonces líder del Senado, adoptó la famosa “Opción Nuclear” y eliminó el procedimiento compresional llamado filibusterismo permitido en todo nombramiento presidencial del Ejecutivo y del Judicial, excluyendo la Corte Suprema.
Fue sin duda una miope decisión de la cual los demócratas no tardaron mucho en arrepentirse cuando los republicanos asumieron el control del Senado en el 2014 y en el 2017 utilizaron la misma opción nuclear para confirmar el primero de tres nombramientos del presidente Trump para la Corte Suprema.
Inevitablemente este proceso se repetirá cada vez que una nueva administración asuma control del Senado y del Ejecutivo y considere que la Corte recupere el necesario equilibrio, convirtiéndola en efecto en una extensión del legislativo “interpretando” leyes según las preferencias del partido mayoritario.
Colegio Electoral. Dada las experiencias recientes (Bush en 2000 y Trump en 2016) y que en tres de cinco ocasiones en la historia electoral del país los demócratas han perdido la elección presidencial a pesar de haber conseguido la mayoría del voto popular, la abolición o reforma del Colegio Electoral es prioritario en la agenda demócrata.
A pesar de establecido por mandato constitucional y como tal su abolición dependería de una enmienda constitucional —prácticamente imposible en el actual clima político—, los demócratas contemplan otra posibilidad conocida como el NPVIC (National Popular Vote Interstate Compact). Con ella los votos del Colegio Electoral de cada estado se le asignan al ganador del voto popular a nivel nacional.
Esta modalidad no requiere enmienda constitucional y favorece al Partido Demócrata como lo demuestra el hecho de que la mayoría de los estados (16 a la fecha con 191 votos) que la han adoptado son de mayoría demócrata. Bastaría agregar estados que sumen un total de 79 para alcanzar el mágico número de 270.
De lograr ambos objetivos, los demócratas estarían desbaratando un sistema democrático muy diferente al concebido por los Padres Fundadores para un sistema federalista y bipartidista tan complejo como el de los Estados Unidos. Lograr estos cambios augura un futuro escabroso para la democracia representativa más duradera y exitosa en la historia de la humanidad.
El autor fue cónsul de Nicaragua en Miami.
