La sanción que dictó este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) contra Arnoldo Alemán y algunos de sus familiares más importantes, ha venido a facilitarle al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) la indispensable pero por largo tiempo postergada tarea de quitarse de encima la pesada carga negativa de su caudillo y presidente honorario, a fin de regenerarse y limpiar su desteñida imagen política ante la población democrática de Nicaragua.
Es evidente que por la relevancia del caso el propio secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, dio a conocer la sanción al caudillo del PLC y a tres personas de su más cercano entorno familiar. La sanción —que podría ser mantenida o revocada por el gobierno demócrata de Joe Biden que tomará posesión el 20 de enero próximo—, es mínima, se limita a no dejarles entrar al territorio estadounidense pero tiene una poderosa significación política.
Es obvio que con la sanción a Alemán, antes de despedirse del gobierno el presidente Donald Trump ha querido dejar claro que no solo la corrupción activa tiene que ser castigada, sino también la pasiva, la que se arrastra de un gobierno anterior de Nicaragua y porque además fue la sustancia del pacto del PLC con el FSLN que le permitió a Daniel Ortega recuperar el poder político y restaurar la dictadura.
Pompeo dice en su declaración que si bien esta sanción a Alemán “se basa en hechos durante su mandato”, su corrupción “continúa resonando en Nicaragua hoy. Con esta designación (sanción ) —agrega el secretario de Estado—, “reafirmo la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones democráticas de Nicaragua”. Y destaca que “esta designación reafirma el compromiso de Estados Unidos de apoyar reformas políticas clave para las instituciones democráticas de Nicaragua.
Entre las instituciones democráticas del país se encuentran los partidos políticos, consagrados constitucionalmente como los instrumentos para la participación de los ciudadanos en el ejercicio del poder político d el Estado. Y cuando se habla de desprestigio, pérdida de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos, inclusive de su bancarrota moral, el PLC es el primero o el único en el que se piensa, después del Frente Sandinista.
Precisamente por eso es que uno de los motivos que ha aducido la Alianza Cívica para separarse de la Coalición Nacional, es la participación en esta de un PLC que sigue usufructuando cargos en el Estado a los que accedió gracias al pacto con Daniel Ortega y el Frente Sandinista y que lo hacen parte evidente de la dictadura, no de la oposición.
En realidad, para ser considerado como un verdadero y confiable partido de la oposición, el PLC debió dejar los cargos que desempeña en el engranaje del poder dictatorial de Daniel Ortega, particularmente en el poder judicial y la Contraloría, manteniendo tal vez su representación en el Legislativo por alguna conveniencia política —considerando que en la Asamblea Nacional se tendrá que discutir y aprobar la reforma electoral—, pero en acuerdo con los demás sectores de la oposición y con su consentimiento.
Es más, esa es una condición que desde el primer momento debieron haber puesto la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), pero ya que no lo hicieron ahora deben hacerlo. Aunque la verdad es que el PLC, por su propia voluntad y sobre todo por su conveniencia y el interés de la oposición, debería aprovechar la oportunidad que le brinda la sanción estadounidense para quitarse de encima a Alemán y su rosca de poder.
