Compuesto por nueve capítulos, 12 principios y 22 recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos, resaltando la importancia de que las actividades empresariales respeten las libertades fundamentales y los estados garanticen el cumplimiento de los derechos humanos.
El informe fue creado en el marco de la tarea de la CIDH de crear estándares en materia de empresas y derechos humanos, a partir de un análisis de las convenciones, las jurisprudencias e informes emanados del sistema iberoamericano.
La comisionada Antonia Urrejola, primera vicepresidenta de la CIDH indicó que las actividades económicas se han incrementado y diversificado en los últimos 30 años con muchos beneficios, pero al mismo tiempo con complejos desafíos para la observancia de los derechos humanos.
#WebinarCIDH | Antonia Urrejola @totonia, vicepresidenta de la @CIDH, señaló que en los últimos años se recibió información sobre amenazas e impactos sobre los #DDHH de operaciones empresariales de distinta naturaleza y del sector industrial de la región. pic.twitter.com/J1gYTRgU4y
— CIDH – IACHR (@CIDH) October 22, 2020
“La actual pandemia ha venido a acentuar esta situación y algunas actividades empresariales pueden poner en riesgo el ejercicio de los derechos humanos en este contexto. El informe brinda orientaciones especificas mediante recomendaciones y directrices relacionadas con el tema de manera directa, indicando que los estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos en el marco de actividades empresariales en el contexto de la pandemia”, explicó Urrejola.
Agregó que el informe representa un resultado estratégico para poner en común en el plano interamericano antecedentes, estándares y desarrollos novedosos sobre la materia. “Es un informe que esperamos sirva como herramienta de orientación y de referencia técnica fundamental para quienes trabajan y estudian sobre el campo empresas y derechos humanos en la región. Así como un recurso de obligatoria consulta para los estados y organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en la prevención y rendición de cuentas por abusos cometidos en el contexto de las actividades empresariales, pero sobre todo la oportunidad de abordar un asunto importante en la región que no ha sido examinado con la cercanía y profundidad que se exigía desde hace mucho tiempo, cumpliendo con ello uno de los pendientes temáticos de constante atención dentro del sistema interamericano”, detalló.
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Asimismo, espera sea una herramienta y una oportunidad para continuar construyendo las bases en materia de aplicación de las normas y estándares interamericanos en situaciones relacionadas con la realización y disfrute de los derechos humanos y las actividades empresariales, desde el análisis de las obligaciones propias de los estados en esta materia.
Entre los temas que aborda el informe señaló los contratos conjuntos entre comunidades y empresas, las obligaciones de las empresas trasnacionales y organismos de crédito.
Trascender la RSE
Por su parte Soledad García Muñoz Relatora sobre Derechos Económicos, Sociales y Ambientales (DESCA), resaltó que el informe es el primero en su género y viene a “interamericanizar” una temática central para la efectiva vigencia de todos los derechos humanos sobre todo en tiempos del Covid 19
“Se debe trascender la visión de responsabilidad social empresarial tradicional hacia parámetros vinculantes, dirigidos al efectivo respeto de los derechos humanos y el ejercicio de la debida diligencia en materia de los mismos”, afirmó García.
Detalló que los nueve capítulos deben ser entendidos de manera conjunta e interrelacionada y que contiene 12 criterios que deben permitir guiar los debates y evaluaciones que sobre este campo haga el sistema interamericano y dentro de las propias iniciativas de los estados partes, siendo el primero de ellos el valor de la dignidad humana y la centralidad de la persona como dinamizador y guía en este campo.
“El capítulo tres se refiere a las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, reconociéndose la capacidad de agentes no estatales de afectar negativamente el gozo y ejercicio de los derechos”, detalló García.
Los capítulos cuatro y cinco abordan los temas de la aplicación extraterritorial de las obligaciones de los estados y los efectos de las obligaciones estatales en el comportamiento de las empresas.
El capítulo seis presenta seis contextos, referidos a temas como rendición de cuentas, privatización de servicios esenciales para derechos humanos, relación de actividades empresariales con el cambio climático, políticas fiscales del estado y prácticas fiscales y prácticas tributarias empresariales que pueden afectar los derechos humanos, tecnologías de la información y comunicación, entre otras.
El capítulo siete hace referencia a las personas o grupos en particular vulnerabilidad y como las actividades empresariales pueden afectar el disfrute de sus derechos; el ocho recopila iniciativas positivas en este ámbito; y el nueve formula 22 recomendaciones a los estados, actores privados, y órganos de la OEA, incluido el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador.
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