La llegada del huracán Eta ha significado otra amenaza a la vida y salud de los y las nicaragüenses junto a la pandemia por coronavirus que llegó al país en marzo 2020, sin embargo las respuestas del estado de Nicaragua han sido distintas ante ambas emergencias.
El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), decretó alerta nacional por mandato del Estado, una acción que el salubrista Carlos Hernández considera adecuada, pues muestra un reconocimiento de la grave situación y amenaza para la salud y vida de la población, pero también recalca, que esto no sucedió con la pandemia.
“Han activado todas las estructuras interinstitucionales de niveles nacionales, departamentales y municipales, en el entendido que todo desastre natural, incluidas las emergencias sanitarias, son de naturaleza multifactorial y multidimensional, por lo que requieren de una respuesta integral del conjunto de toda la sociedad y de sus instituciones”, dice el doctor Hernández.
Este actuar sin duda debió haber sido utilizado previo a la pandemia, pues en su momento debieron hacer un llamado a los diferentes sectores de la sociedad (instituciones, públicas, privadas, iglesias, organizaciones) y hacer un trabajo en conjunto con el objetivo de preservar y respetar el derecho a la vida y a la salud, como fue el llamado de la OPS y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 1/2020 en la que recomendaron a todos los estados tomar medidas basadas en los derechos humanos.
“Instrumentar espacios oportunos de participación social para la evaluación de los impactos y resultados de las medidas adoptadas, que permitan gestionar los ajustes necesarios desde un enfoque de derechos humanos. Asimismo, establecer espacios de diálogo nacionales con participación de personas expertas independientes, las instituciones nacionales de derechos humanos y el sector privado”, se lee en la resolución 1/2020 de la CIDH.
“Las autoridades optaron erróneamente por politizar la información, los análisis e incluso la orientación de las medidas de protección a la población; estableciendo una inapropiada confrontación que representó la negación absoluta de la posibilidad de configurar una estrategia nacional que articulara todos los esfuerzos para focalizarlos en la prevención de los contagios y a evitar las muertes”.
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En la pérdida de vidas se podrán evaluar los resultados de la estrategia oficial frente a la Covid-19; “El MINSA informa 156 muertes, el Observatorio Ciudadano informa cerca de 2.800 muertes sospechosas y un estudio realizado por profesionales científicamente calificados y basados en datos oficiales del propio MINSA estiman una sobre-mortalidad atribuible al COVID19 de alrededor de 7.600 vidas perdidas (hasta agosto) y que en su mayoría eran evitables de haber contado con una respuesta nacional integral y articulada entre instituciones y sociedad civil a todos los niveles” agrega el doctor.
Estado debe incluir a distintos sectores de la sociedad en acciones por huracán Eta
Si bien se reconoce que el gobierno realizó acciones de cara a la llegada del huracán a suelo nicaragüense, evacuando a la población con mayor vulnerabilidad y ubicándolos en albergues temporales, lo que protegerá sus vidas, estos deben también incluir a los demás sectores para poder mitigar los daños que se multiplicaran en la etapa post-impacto.
“Esto de nuevo será insuficiente si ello implica la planificación y actuación unilateral del estado que excluye la participación y aporte de una sociedad civil que ha dado claras muestras de compromiso, responsabilidad y efectividad en los resultados”, expresa el doctor Hernández.
El salubrista considera que en la fase de post-impacto y la fase de reconstrucción, “la asistencia y acompañamiento a nivel comunitario es esencial y es más efectivo si el estado y la sociedad civil actúan en concordancia”, dijo, pues esto facilita la comunicación de los daños y riesgos de la población afectada, lo que puede contribuir a reforzar y orientar operaciones de seguridad alimentaria, higiene colectiva, control de epidemias, atención en salud mental, y focalizar recursos en las poblaciones priorizadas.
Se debe considerar que en las zonas de mayor afectación existen muchas organizaciones que trabajan de cerca con las comunidades y poblaciones más vulnerables y que estas sin duda pueden aportar información sobre las realidades locales; en procesos de comunicación y educación para auto-protección; organización de albergues en comunidades que no pueden volver rápidamente a sus hogares; control epidemiológico por los riesgos que se multiplicaran por las condiciones del impacto; establecer estrategias adecuadas para asegurar mejor alimentación y avanzar progresivamente a la seguridad alimentaria.
“En esta perspectiva, es necesario que el estado amplíe la activación y convocatoria de las instancias de atención a la emergencia con mayor inclusión de las organizaciones de sociedad civil que por su calificación y experiencia pueden aportar en la respuesta, no solamente en los niveles locales, a nivel departamental y nacional también se encuentran organizaciones con experiencia y capacidad de análisis epidemiológico y monitoreo de emergencias”, expresó el doctor Hernández.
Asimismo, ante la presencia de un desastre natural durante la pandemia de Covid-19, la situación epidemiológica será aún más compleja por la confluencia de factores de riesgo de múltiples enfermedades en una misma población; sin duda es indispensable que se sigan las medidas de protección con el objetivo de evitar contagios en las comunidades afectadas y sobretodo las evacuadas y que permanecen en albergues en los cuales el distanciamiento, el uso de mascarillas y el lavado de manos serán vitales.
