El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental interino del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael G. Kozak, condenó este miércoles 28 de octubre la Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como «Ley Mordaza», un día después de haber sido aprobada en la Asamblea Nacional. Señala que, esta ley viola los principios democráticos.
Kozak, calificó esta ley como una nueva herramienta del régimen de Daniel Ortega para reprimir a los medios independientes y a los opositores. «La ley de delitos informáticos de Nicaragua es otra vergonzosa violación de los principios democráticos y una herramienta más del régimen de Ortega para reprimir a los medios independientes y las voces de la oposición», escribió en Twitter.
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Además, expresó que «Estados Unidos se une a los nicaragüenses para condenar la ley y pedir la restauración de los derechos humanos», cita parte del mensaje.
La ley de ciberdelitos de Nicaragua es otra violación vergonzosa de los principios democráticos y otra herramienta del régimen Ortega para reprimir los medios independientes y la oposición. EEUU está con los nicaragüenses que condenan esta ley y llaman a la restauración de DDHH.
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 29, 2020
La Ley Mordaza, fue aprobada el martes 27 de octubre, en la Asamblea Nacional con 70 votos a favor de la aplanadora bancada orteguista, con la que la dictadura pretende criminalizar las publicaciones en redes sociales y medios de comunicación independientes como «delitos contra la seguridad del Estado», con penas que oscila entre uno y 10 años de cárcel.
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Esta ley entrará en vigencia 60 días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, lo cual quedó establecido en el el artículo 48. Con esta ley, la Policía Orteguista (PO), Telcor y la Fiscalía podrán intervenir los sistemas informáticos de las empresas, organizaciones y medios de comunicación, así como decomisar la base de datos y acceder a la información de celulares, computadoras y cualquier equipo tecnológico con la excusa de que se investiga «un ciberdelito».
También se perseguirán a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicios al público, así como banco, aseguradoras y el resto del sistema financiero. La pena de cárcel será de uno a cuatro años.
