Abogados expertos en derecho penal explicaron que los fanáticos orteguistas que realizan pintas con mensajes amenazantes en las viviendas de opositores a la dictadura y de periodistas independientes, incurren en los delitos de amenazas y la falta penal conocida como “pintas”, mientras que la Policía Orteguista (PO) comete el delito de “omisión de perseguir delito”.
Han sido decenas de casas pintadas por los hordas orteguistas a raíz de la crisis social y política que inició en abril de 2018, la más reciente fue la de la comunicadora Maryórit Guevara, directora del medio de comunicación digital La Lupa, donde llegaron a escribir la frase: “Ojo plomo”, con el objetivo de amedrentarla.
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Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que los simpatizantes de la dictadura cometen una falta penal denominada “pintas” cuando rayan las paredes de las viviendas de una y que el castigo por ese delito son días de multas.
Problema: “La paraautoridad”
“Más que un delito es la acción de amedrantamiento de la parautoridad, porque en la realidad esos paramilitares tienen cierto grado de autoridad, ya que ellos llaman a una patrulla, colaboran con la Policía y están cobijados por la autoridad para hacer sus acciones. Entonces esos mensajes que envían son para infundir temor y tener a la gente atemorizada”, consideró Cuevas.
Para la abogada María Oviedo los fanáticos orteguistas caen en delito penal de amenazas al ubicar dichos mensajes en las viviendas. La pena máxima es de dos años de cárcel y la mínima es de seis meses. Explicó que la PO puede ser acusada por el delito de “omisión de perseguir delito” cuando está presenciando un ilícito contra una persona y se niega a actuar.
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“El problema aquí es que la Policía no se va a poner a investigar quién o quiénes son los autores de estos delitos, aunque ellos y nosotros ya sabemos quiénes son y quiénes mandan a hacer eso. Se cometen delitos o faltas de orden penal y vemos que la Policía, en su labor de perseguir delitos de orden público, ni siquiera se preocupa por investigar esos actos de vandalismo”, dijo Oviedo.
Eficientes en otros casos
Los opositores y periodistas independientes afectados por los fanáticos afines al dictador Daniel Ortega deciden no interponer denuncias en la PO porque consideran que sus quejas no progresarán. Tampoco confían en el Ministerio Público, ya que todo el aparato judicial y policial está coludido con el régimen y carece de independencia.
El ocho de septiembre pasado miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tuvieron el valor de pegar carteles con la imagen del dictador Daniel Ortega y la expresión “¡Se va!” en distintos lugares del país. Al día siguiente fueron víctimas de persecuciones y detenciones ilegales por parte de la PO.
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“Pegar papeletas no constituye ningún delito… aquí las autoridades tratan al ciudadano con doble rasero, hay ciudadanos que no pueden pintar la frase ¡Viva Nicaragua libre! en las barandas de un puente o pegar una papeleta donde dice ¡Libertad para los presos políticos! porque ya los golpean y los apresan; en cambio en este momento recuerdo que en Somoto a don Adolfo Cuevas (opositor a la dictadura), gente del Frente Sandinista le bañaron la pared frontal de su casa y a él mismo con aceite negro y la Policía no les hizo nada a esos salvajes”, cuestionó Cuevas.