Lester José Selva. FOTO DE CORTESÍA

Magistrados confirman condena a profesor universitario y a un artesano de la pólvora, ambos presos políticos

El primero fue condenado a cuatro años de cárcel y el segundo a seis, en juicios con irregularidades, denunció el abogado defensor Julio Montenegro, quién recurrirá de casación ante la CSJ.

Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental (TACO) de Masaya, confirmaron la sentencia de culpabilidad de primera instancia para los reos políticos Denis Javier Palacios Hernández y Lesther José Selva, quiénes están tras los barrotes del régimen por ser opositores al mismo.

Palacios Hernández fue detenido el pasado 23 de julio de 2019, luego de presentarse voluntariamente a una cita en la delegación policial de Masaya. La Policía Orteguista (PO) le atribuye estar relacionado con el estallido de una bomba artesanal frente a las oficinas de la estatal Empresa Nicaragüense de Acueductos y alcantarillados, ENACAL, en la ciudad de Masaya, el 27 de julio del 2019, es decir, mientras él estaba detenido.

El peritaje que le hizo la PO dio positivo en producto nitrado. Sin embargo, su abogado Julio Montenegro explicó que era obvio que diera este resultado porque trabajaba en un taller. Palacios estuvo durante nueve días en huelga de hambre como medida de presión para conseguir su libertad, pero el régimen se ha mostrado indolente.

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Irregularidades

Palacios fue condenado a una pena de cárcel de seis años y 400 días multas el pasado 30 de abril de este año, por el titular del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Masaya, William Howard, en un proceso que presentó varias irregularidades, según la defensa del reo político.

«Esta situación en contra de Palacios no fue probada, la acusación y la prueba que presentaron están totalmente incongruentes, sin embargo lo condenaron. El perito que hace la fototabla ilustrativa se contradice con los otros tres testigos policías, quiénes dijeron que la bomba se lanzó frente al portón de Enacal y que la lanzó con la mano izquierda y que en el lugar supuestamente varios testigos miraron al condenado realizar el hecho. Sin embargo, ninguna de esas cosas fue probada; primero porque la calle no es adoquinada, es de asfalto, segundo porque el joven es diestro y zurdo, no pudo haber tirado con esa mano y otro detalle es que no pudo haber testigos en el lugar porque, según el mismo perito, ahí no hay casas vecinas», cuestionó Montenegro.

El abogado defensor introdujo hoy un recurso de casación ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes tendrán la última palabra sobre la libertad del reo de conciencia.

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Otra condena para profesor universitario

Los magistrados orteguistas también confirmaron la sentencia de primera instancia para el reo político Lesther Selva, quién el pasado 20 de mayo de este año fue condenado a una pena de cárcel de cuatro años y una 200 días multa por el titular del Juzgado Primero Distrito Penal de Juicios de Jinotepe, José del Carmen Cortés Domínguez, por los supuestos delitos de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos.

«Entre las irregularidades que hubo en este caso es que la acusación señala que se le detiene en un lugar público, pero él fue detenido en su casa. Incluso los policías llegaron a golpearle la verja de su casa con unos grandes mazos, la Policía dijo que en la casa del detenido encontraron un vasito de Gerber conteniendo pólvora, pero no se determina si era de la pólvora usada para hacer triquitracas o para otro tipo, han querido hacer ver como que Lesther era el fabricante de bombas que se usaron en los tranques», dijo Montenegro.

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Selva es ingeniero en sistemas y fue docente de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH). Trabajaba reparando computadoras en su casa en el barrio San Antonio, de Jinotepe. La PO lo capturó el pasado 18 de enero de este año y supuestamente le encontró una bomba de contacto “de las que se usaron en los tranques”. También le ocuparon dos computadores, cuatro memorias, teléfonos celulares, su billetera y documentos personales.

En este caso Montenegro no ha podido introducir ante los magistrados de la CSJ el recurso de casación porque el TACO no le ha facilitado una copia de la sentencia de segunda instancia.

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