El régimen orteguista mantiene a gente afín a su partido y parapoliciales en propiedades de 29 productores del país, desde hace más de dos años y medio.
Pese a que los dueños han denunciado la ocupación ilegal de sus tierras y presentado toda la documentación necesaria ante la Procuraduría General de la República, siguen sin recibir respuestas, denunció el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy.
La ocupación de las propiedades de productores inició en mayo de 2018, en represalia a la posición crítica que adoptó el sector frente a la actuación del Gobierno ante el estallido social de abril.
Los precaristas se asentaron en los terrenos sin ningún tipo de impedimento por parte de la Policía Orteguista, improvisaron casas con cartones, plásticos y tablas y realizaron conexiones de los servicios básicos. Esta dinámica se replicó en gran parte del país y, según cifras de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), más de seis mil manzanas de tierra fueron ocupadas en nueve departamentos en 2018.
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Healy explicó este miércoles, en conferencia de prensa virtual, que muchas de las propiedades fueron tomadas en 2018 y comienzos de 2019, y así se han mantenido. Él mismo es víctima de estas tomas ilegales y asegura que en su caso sus tierras han sido saqueadas, destruidas y las pérdidas son millonarias. Actualmente hay cinco mil manzanas aún ocupadas, gran parte de estas se ubican en la región central y el Pacífico del país.
“Hoy te puedo decir de que estas propiedades han sido saqueadas, la familia de nosotros, mi familia, fue saqueada todas las propiedades y destruidas porque son propiedades que muchas de ellas estaban en producción. En el caso de mi familia, nosotros éramos productores de plátanos y productores de caña de azúcar, el cual nosotros tenemos toda la documentación de los últimos dos años y medio de cuál producción es la que se ha perdido en esas propiedades debido a que nosotros le vendíamos a la agroindustria (…)”, relata Healy, quien también destacó el daño a la economía. Su familia mantuvo el empleo a sus colaboradores hasta mediados del año pasado, pese a las circunstancias, pero ya no pudieron hacerlo por más tiempo.
Healy destaca que no tienen respuesta de la Procuraduría, pese a que los dueños de las propiedades han remitido toda la información necesaria para soportar sus reclamos, y desde Upanic les envían un correo cada 15 días, pero “no hay voluntad, no hay respuesta del Gobierno ni de la Procuraduría para que se devuelvan estas propiedades a sus legítimos dueños”, expresó el líder gremial.
A la vez, recordó que existen protocolos para resolver la situación de las propiedades, que fueron incluidos en el acuerdo del segundo diálogo nacional en 2019, y que el Gobierno no ha cumplido.
