El régimen de Daniel Ortega despliega a su militancia por todo el país para recaudar el mayor número de firmas que serán enviadas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Asamblea Nacional como una muestra de «respaldo popular» para que se apruebe la cadena perpetua a aquellos, que según ellos, cometan «crímenes de odio». La vicepresidenta designada, Rosario Murillo informó en su comunicación de este lunes, 12 de octubre, que hasta la fecha más de dos millones de personas han firmado la «carta abierta» para castigar, dijo la primera dama, a personas «enfermas».
«Tenemos la información que se han recogido más de dos millones, 200 mil firmas para una carta abierta a la CSJ y Asamblea Nacional sobre la Ley que castigue con prisión de por vida, como dice la gente, para aquellas personas que cometen crímenes de odio, crímenes atroces, violaciones, en fin, para que estas personas que generalmente son personas enfermas, por una u otra razón, sin que eso justifique sus crímenes, pasen a ser resguardados en las penitenciarías», señaló Murillo en el oficialista Canal 4, intentando atribuir este delito a problemas psiquiátricos.
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La primera dama continuó justificando estos crímenes aduciendo que estas personas (que los cometen) generalmente «no consideran la humanidad de sus víctimas»,y recalcó que su administración también vela por los derechos que tienen estas personas «(…) tenemos la obligación de reconocer que estas personas enfermas, (que) antes le llamaban pervertidas, nosotros les preferimos decir personas enfermas, reciban el tratamiento humano y médico que merecen por ellos y sus familiares», manifestó Murillo, mientras a diario se reciben denuncias de torturas físicas y psicológicas en contra de presos políticos.
Calla sobre presión a maestros
En las últimas semanas se enviaron listas a los colegios e instituciones públicas para que los trabajadores firmaran el «apoyo» bajo presión. En su intervención de mediodía la vocera gubernamental no detalló los mecanismos que han utilizado en la recolección de firmas, sin embargo en días anteriores LA PRENSA conoció que la dictadura de Ortega, a través del delegado de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden) ha presionado a docentes y personal administrativo de los centros escolares públicos a que firmen esta petición.
El docente investigador Jairo Flores Morales, de Chontales, y quien colabora con la USM, señaló que maestros le han compartido que también está la orientación de animar a los padres de familia a firmar dicha solicitud. Además de que muchos docentes darán su firma sin estar convencidos para qué será ocupada.
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Otra denuncia contra esta imposición del régimen, revelada por Confidencial, aseguran que el Movimiento Campesino de Río San juan denunció que las autoridades territoriales recurrieron al chantaje de atención médica a cambio de firmar la petición de cadena perpetua. Los líderes territoriales también afirmaron que la recolección ha abarcado los hospitales, donde se niegan a atender a la población sin antes firmar.
Esta iniciativa de Ley de Cadena Perpetua cobró fuerza tras el doble femicidio de las hermanas Lillian y Blanca en Mulukukú, asesinadas por Rosario Sosa Centeno en la comunidad de Lisawe, Costa Caribe Norte, caso que fue utilizado por régimen para desatar una campaña mediática en su respaldo aún cuando organismos de derechos humanos han señalado y denunciado la responsabilidad del régimen en la persistencia y aumento de violencia y crímenes contra niñas, adolescentes y mujeres en Nicaragua.