El alcalde en funciones del municipio de Wiwilí, Manuel Blandón Zamora, fue declarado culpable por el delito de desobediencia de autoridad, funcionario o empleado público, por parte de la juez orteguista Diana Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega.
El pasado 25 de septiembre, la judicial suspendió del cargo de alcalde en funciones del municipio de Wiwilí a Blandón Zamora, mientras dure el proceso judicial que finalizó la tarde de este martes relacionado con una demanda laboral realizada por 36 extrabajadores de la comuna que son operadores de la dictadura.
En la Alcaldía de Wiwilí nos comunicaron que Blandón se pronunciará con un comunicado, mientras Erving Roque, presidente municipal en Wiwilí del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), confirmó la decisión de la judicial y se limitó a decir que la lectura de sentencia está programada para este viernes 9 de octubre.
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Apoderarse de alcaldías opositoras
En declaraciones anteriores a LA PRENSA, Blandón dijo que no descartaba que detrás de la demanda laboral de los extrabajadores de la comuna exista la intención de la dictadura de apoderarse de esa Alcaldía, ganada en las elecciones pasadas por el PLC.
Maximino Rodríguez, diputado del PLC, confirmó que el alcalde en funciones fue declarado culpable y consideró que la dictadura pretende apoderarse de todas las alcaldías que ganaron los partidos de oposición.
«Ellos (la dictadura) iban por el mismo camino de lo que aplicaron a la alcaldesa. La pretensión es descabezar todas las alcaldías liberales y quedar ellos pues, de alguna forma, quedarse con el control de esas alcaldías. En este caso va a pasar lo mismo que en la Alcaldía de Mulukukú que está administrada por una persona, quitándole el derecho a los que fueron electos, en este caso a Reyna Hernández como alcaldesa y a Manuel Blandón como vicealcalde», dijo Rodríguez.
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El diputado agregó que esta Alcaldía quedaría acéfala y no podría elegirse una autoridad local, ya que el partido de la dictadura Frente Sandinista tiene 11 concejales y el PLC igual número, y ninguno de ellos podría aplicar un doble voto.
Propuestas del alcalde
El pasado 9 de julio la judicial dio un plazo de tres días a la comuna para que pagara 16.53 millones de córdobas a los demandantes. «La Alcaldía no tiene ese dinero, por eso el pasado 13 de julio nosotros presentamos una propuesta que consiste en pagar en un período de cinco años a esos trabajadores, pero esto fue rechazado por ellos y por la judicial», dijo en ese entonces Blandón.
El 17 de agosto el alcalde propuso a los demandantes pagarles en un plazo de tres años, pero la representante legal de estos aún no se ha pronunciado.
Blandón cuestionó la posición de los demandantes y de la judicial a cargo del caso, ya que estos no aceptan un acuerdo para recibir el pago en cuotas y la juez no quita el embargo de un poco más de dos millones de córdobas a la municipalidad y la retención de las transferencias que hace el Gobierno central a las alcaldías. «Bajo estas condiciones, es difícil poder salir de este problema», se quejó.
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Antecedente con alcaldesa liberal
El pasado 13 de junio, la misma juez orteguista Diana Jarquín Valle ordenó suspender en el desempeño de su cargo a la alcaldesa Reyna Hernández Mairena, del municipio de Wiwilí, como supuesta medida cautelar, por lo que la perjudicada quedó inhibida de ejercer sus funciones como tal.
Este zarpazo arbitrario a la ley y al proceso penal lo hizo la judicial después que el 10 de junio declaró rebelde a la alcaldesa porque no asistió a una audiencia donde irregularmente la acusan de presunta desobediencia o desacato a la autoridad y en perjuicio de la administración de justicia. El cargo lo asumió Blandón, quien ahora está siendo víctima de la misma maniobra.
