La Jueza Diana Isabel Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, giró una orden de captura contra la alcaldesa liberal del municipio de Wiwilí, Reyna Hernández Mairena, este miércoles 10 de junio, después de declararla rebelde porque no asistió a una audiencia donde irregularmente la acusan de presunta desobediencia o desacato a la autoridad y en perjuicio de la administración de justicia.
La petición de rebeldía y orden de captura la hizo la fiscal Adriana Nohemi Reyes Montenegro y el fiscal Marlon Rolando Leiva Flores, quienes pidieron que se hiciera llegar a la alcaldesa haciendo uso de la fuerza pública.
“Habiendo escuchado a la representación del Ministerio Público conforme lo establecen los arto 98, 99 y 284 CPP siendo que se verifica en el árbol de actuaciones que la acusada fue debidamente notificada se declara rebelde y se le gira la correspondiente orden de captura”, dice el escrito de la judicial.
La alcaldesa Hernández Mairena se caracterizado por su beligerancia y valentía en denunciar incidentes de ejecuciones extrajudiciales en la zona contra opositores a la dictadura, que son obviados y no investigados por la Policía Orteguista.
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Sin embargo, Maynor Curtis Lovo, abogado defensor de la alcaldesa, explicó que todo se trata de una maniobra política revestida de supuesta legalidad, con intención de apresar a la alcaldesa y perjudicar a los abogados defensores, a quienes la judicial también les declaró el abandono de la causa y mandó a abrir informativo al Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
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Según el acta de comparecencia, los abogados defensores Maynor Curtis y su sustituto Santiago José Duarte Castillo, no se presentaron a la audiencia a pesar que vieron a Duarte Castillo andar por los pasillos judiciales. Al respecto, Curtis explica que sí estuvieron en los juzgados, pero los guardas de seguridad y el personal que organiza las salas de audiencia les dijeron que las audiencias de ese juzgado local estaban suspendidas.
“Nosotros nos presentamos en el lugar, fecha y hora acordada. Fuimos a la sala uno para comprobar lo dicho por el guarda de seguridad del complejo judicial y no había nadie. Para confirmar, nos fuimos a la oficina de atención al público y los funcionarios Róger y Tania confirmaron que no había audiencia programada para ese juzgado. En el lugar permanecimos por dos horas haciendo otras diligencias y nunca fuimos llamados a comparecer”, explicó Curtis.
Persecución política por sus denuncias
Para la alcaldesa Reyna Emeralda Hernández Mairena esto siempre se ha tratado de una persecución política, porque desde que asumió la alcaldía han asesinado a tres de sus funcionarios, redujeron el presupuesto asignado a la municipalidad transferido desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a tan sólo 800 mil córdobas, por lo que prácticamente operan con fondos propios.
Posteriormente 43 extrabajadores sandinistas de la alcaldía demandaron una indemnización millonaria con salarios impagables ni creíbles en una alcaldía tan pequeña, pero el Ministerio de Trabajo y jueces orteguistas han fallado a favor de estos, determinando un pago de casi 16 millones de córdobas.
“Esa cantidad es impagable para la alcaldía con el raquítico presupuesto que le asignaron, sin embargo el Concejo municipal resolvió en febrero de 2020 pagar 800 mil córdoba anual hasta cancelar, pero los trabajadores dirigidos por el partido acusaron a la alcaldesa en la vía penal en mayo del 2020. La única razón que veo es que quieren quitarle la alcaldía por medio de artimañas legales. Si la condenan, si la meten presa, un sandinista del Concejo asumiría la administración”, dijo Curtis.
Según el Código Procesal del Trabajo, referente a la ejecución de sentencias contra el Estado, en su numeral 2, “en el caso que no hubiere disponibilidad presupuestaria para cumplir las sentencias de manera inmediata, será responsable de la ejecución de éstas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
Continúa el mencionado artículo: … “y en el caso de las municipalidades lo será el Consejo Municipal y en el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, el Gobierno Regional correspondiente, para lo cual el órgano encargado de su cumplimiento deberá incorporarlo en el proyecto de presupuesto del año siguiente para su efectiva cancelación”.
“La acusación contra la alcaldesa Reyna Hernández por desobediencia no tiene razón legal. En todo caso el acusado sería el concejo según la ley, pero como ahí están 13 sandinistas no lo hacen y lo quieren es sacar a la alcaldesa y quedarse ellos con la alcaldía. No hay razón legal para este proceso solo razones políticas”, agregó el abogado Curtis.
El escrito aclarando sobre la incomparecencia se presentó el jueves 11 de junio y a la fecha 12 de junio la judicial no ha resuelto al respecto. “La orden de captura la dio irrespetando lo que establece la ley, que es dar 24 horas al procesado para que justifique su incomparecencia. Además, ella antes de iniciar el juicio, tiene que resolver un incidente de reprogramación de audiencia que no fundamentó y yo incidenté, y no ha resuelto”, explicó Curtis.
Amplió apoyo de organismos
El partido político Ciudadanos por la Libertad enviaron un comunicado de apoyo a la alcaldesa perjudicada y condenan la persecución contra la alcaldesa Reyna Hernández y e hicieron llegar la denuncia a organismos de derechos humanos.
También la Asociación de Alcaldes y Concejales Patrióticos repudian el atropello que sufre la alcaldesa de Wiwili Reyna Hernández de parte del régimen, “solo por el hecho de pensar diferente o no comulgar con la doctrina gubernamental”.
Así mismo el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + condena la pretensión de captura de la alcaldesa Reyna Hernández por parte del régimen Ortega- Murillo.