El abogado defensor del reo político, Pedro Joaquín Rodríguez Mendoza, Julio Montenegro, presentó todos los agravios que ocurrieron en el juicio de primera instancia contra su defendido, ante los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
En la audiencia de apelación de sentencia condenatoria, Montenegro expuso a los magistrados del TAM que las versiones de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público (MP) fueron incongruentes, no obstante, la juez orteguista Nancy del Carmen Aguirre, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicios de Managua, lo declaró culpable.
«Manifestamos la inconsistencia de los testigos de cargo que hablaban que habían detenido a Pedro Joaquín un día 17 de marzo cuando en realidad fue un día 16, aparentemente lo detienen de los semáforos de Ciudad Jardín siete cuadras al norte, pero no fue así, él fue detenido prácticamente en su centro de trabajo, en una distribuidora de productos varios del Mercado Oriental y eso lo acreditamos con su jefe, clientes que él visitaba y sus compañeros de trabajo», aseguró Montenegro.
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Otro encarcelado por ejercer su derecho a la protesta
Rodríguez es un abierto opositor a la dictadura y participó de las marchas convocadas por la oposición desde abril del 2018. «En el juicio de primera instancia demostramos que él es un preso político porque mostramos vídeos en los que él aparece en la gran marcha y unos reportajes que le hicieron a él cuando estaba el asunto del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social). Sin embargo, está siendo procesado por delitos comunes», cuestionó el abogado.
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En la acusación la Fiscalía lo señala de haber cometido un robo con intimidación el pasado 11 de marzo a las 11:00 de la mañana. Sin embargo, en el juicio la defensa demostró que el día de los hechos, el acusado se encontraba en su centro de trabajo, pero todas las pruebas fueron descartadas por la juez orteguista.
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Tras el fallo de culpabilidad, en ese momento, el preso político se rehusó a firmar el acta, por lo que la juez Aguirre lo retuvo por dos horas. Ahora los magistrados del TAM tienen cinco días para pronunciarse, sin embargo, ya es costumbre que éstos se tomen más tiempo. Ya es conocido por abogados que el TAM se ha sumado a la lógica condenatoria orteguista cuando se trata de casos en que los apelantes son opositores.
