En menos de un mes de haberse producido el primer embargo de 21 millones de córdobas contra la empresa Nicavisión S.A, que administra a la televisora Canal 12, el régimen de Daniel Ortega, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), dio otra estocada al medio de comunicación al imponer un nuevo reparo fiscal de siete millones de córdobas. El abogado Tony López, defensa legal del medio interpuso este lunes en el Complejo Judicial de Managua un escrito de oposición para impugnar el monto millonario impuesto.
López explicó a LA PRENSA que esta nueva demanda contra Canal 12 se funda en un reparo hecho a la declaración de Impuesto sobre la Renta (IR) correspondiente a los años 2014-2015 y declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el mismo periodo. Para el abogado defensor este reclamo es «ilegal, arbitrario e injusto» y sostiene que la empresa Nicavisión S.A declaró todos sus ingresos y pagó todos sus impuestos.
«Son cargos prácticamente fraudulentos porque no se les está aceptando a Canal 12 los costos y gastos realizados durante el ejercicio fiscal cuando la Ley establece que son deducibles esos costos y gastos dentro del giro de operación del negocio para efectos de determinar la renta neta, de manera que no se le reconocen esos costos y gastos de forma arbitraria a pesar de que se justificaron con documentos y soportes. Por esa razón, ilegalmente, se le están haciendo cargos adicionales hasta por casi siete millones de córdobas», expuso al abogado defensor.
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De acuerdo a la información publicada el pasado domingo por Canal 12, a través de su sitio web, la notificación fue hecha el jueves 1 de octubre por tres funcionarios de la DGI. El medio televisivo aseguró que la institución estatal «no reconoce gastos e inversiones debidamente sustentados por Nicavisión S.A.». Esta nueva deuda se suma a los 21 millones de córdobas que el régimen ya había impuesto al canal, por lo que la deuda total alcanzó los 28 millones de córdobas.
«Se está presentando un escrito de defensa, una oposición al juicio de ejecución presentando documentos que soportan la defensa y excepciones que se están proponiendo y que demuestran que Nicavisión S.A no le debe impuestos a la DGI. Ellos están argumentando lo mismo, una lista fantasma de cargos que no tienen ningún respaldo y nosotros hemos presentado dos dictámenes fiscales de dos contadores públicos autorizados diciendo que Nicavisión S.A no debe nada», insistió el abogado López.
Recusan a jueza
Por otro lado la representación legal de Canal 12 afirmó que también está promoviendo un «incidente de recusación» contra la jueza Silvia Elena Chica Larios, del Juzgado Cuarto Civil de Distrito Oral de Managua, quien estuvo a cargo de la primera demanda contra Canal 12, misma que el pasado 30 de septiembre desestimó todas las pruebas presentadas por la defensa de Nicavisión S.A, y ordenó mantener el embargo millonario contra el Canal. La recusación en términos jurídicos es una demanda para que un juez se aparte de un proceso, cuando una de las partes considera que hay dudas o no hay imparcialidad.
«En vista de que en la audiencia oral de análisis de la oposición que presentamos en el primer juicio no nos admitió las excepciones, no nos admitió las pruebas y resolvió seguir adelante la ejecución, por esa razón en esta segunda demanda la estamos recusando para que se separe del conocimiento de este segundo juicio, eso se va a resolver incidentalmente por el juez subrogado (suplente) que sería en este caso el juez Quinto Civil de Distrito Oral de Managua , que es el competente para resolver el incidente de recusación», señaló López.
Más bienes embargados
El abogado también señaló que otra propiedad de Mariano Valle, propietario de Canal 12, valorada en diez millones de córdobas, fue embargada como parte del nuevo reparo fiscal, pese a que el monto es menor al valor del bien. La Judicial, dice López, previó a Valle para que presentara nuevos bienes, bajo la amenaza de ser víctima de sanciones de carácter penal. «Don Mariano se vio obligado bajo la advertencia de sanciones», aseguró.
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De acuerdo con Mariano Valle, las cuatro propiedades que le fueron embargadas en la primera demanda suman un total de un millón 200 mil dólares, y el embargo impuesto por la DGI es de apenas 600 mil dólares. La defensa, a partir del 30 de septiembre tiene diez días para introducir un recurso de apelación y esperar por el amparo de la ley.
Podrían subastar bienes
Una vez interpuesto el recurso de apelación por parte de los abogados de Canal 12, la judicial ordenará un evalúo de las cuatro propiedades y por último dictará sentencia «que ya sabemos cuál es, aquí no hay dónde equivocarse. Ella (la juez) va a mandar a evaluar las propiedades y después las manda a subasta, así termina todo», dijo Mariano Valle en días anteriores.
Desde el 11 de septiembre las cuentas bancarias del Canal y de su propietario, el empresario Mariano Valle, fueron congeladas. El medio de comunicación no tiene los recursos económicos para sostener a su personal, que continúa trabajando y operando dentro de las instalaciones pese al embargo. Canal 12 aclara ser un medio de comunicación de señal de televisión abierta con independencia editorial, sin alianzas con ningún grupo político ni económico.
Entre 2011 y 2012 nació el proceso en contra Canal 12, cuando la DGI impuso un reparo de más de nueve millones de córdobas, por lo que Nicavisión S.A recurrió al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), quien en ese momento falló a su favor y «nos bajaron de los nueve millones 500 mil córdobas a 851 mil, equivalentes a 24 mil dólares en esa fecha», explicó Valle.
Ocho años después, dijo el empresario, la DGI recurrió a la Sala Constitucional para anular el fallo que dictó el TATA en aquel momento. «Entonces la DGI aprovechándose de eso nos carga y nos lleva hasta 21 millones en puros intereses y moratorias y todo lo que ellos se inventan (…) Se nos vienen encima y nos embargan esta casa, la casa del Canal, la casa de al lado y la casa del frente de donde opera el Canal», agregó.
