La oposición había tenido, en los inicios de los 90 y todavía en la primera década de este siglo, un 60 por ciento de todos los votos; en este año la intención del voto ha descendido al 10 por ciento. Sin entrar a cuestionar la validez de ese dato, este decrecimiento debe ser un motivo de seria reflexión. ¿Por dónde comenzar para cambiar esta situación? No puede seguir creyendo que el problema esté en la actitud apática de la ciudadanía; por el contrario, lo que hay es escepticismo por no incidir a su favor en el sistema político.
Posiblemente los ciudadanos desearían una relación permanente y un compromiso entre el político a quien le dan su voto, a cambio de recibir una solución a sus problemas o al menos intentarlo. Sin embargo, tienen la percepción que los políticos electos no pueden hacer nada por sus electores y están más preocupados en su reelección y los beneficios que el cargo les trae, que en la lucha por los intereses de sus representados.
Esta situación es agravada por el control de alrededor del 80 por ciento de los medios de comunicación por la pareja presidencial, que realizan campaña sistemática de desprestigio. Esto no significa que los mismos tengan influencia en un porcentaje similar de la población, muchos desafectos a este gobierno vuelven su mirada a los canales y programas independientes que todavía quedan, muy a pesar del gobierno, que no los suprimen porque representan la “libertad de expresión” que hay en este país.
A esto se suma que algunos periodistas independientes promueven el desánimo en la población, posiblemente no se lo propongan, pero ese es el resultado, en vez de jugar un papel constructivo para que la gente se sienta interesada en la participación de los asuntos públicos para cambiar los cosas.
Hay quienes piensan que para restaurar la institucionalidad hace falta resolver la elección de los cargos según la cuota: cada quien elige a los suyos sin que la contraparte los vete. La visión más pragmática considera que tener a uno o dos magistrados “independientes” les facilitará la denuncia de la falta de las cédulas o en una eventual elección y fraude. Hacemos cambios para que todo quede igual.
Esto deja intacta la esencia de la estrategia de Daniel Ortega, quien ha hecho una total demolición del sistema de pesos y contrapesos, en tanto proyecta una democracia representativa que al ser decorativa amenaza la sobrevivencia de los partidos de oposición, quienes serán los principales perdedores porque se profundizaría aún más la desconfianza de sus votantes y su continuo descenso en las encuestas.
La impotencia de los políticos y sus adeptos genera una cultura de la victimización. La población deja de creer en sí misma porque el voto que vale está del lado de la chequera o de las fuerzas coercitivas de quienes manejan el poder económico y político de este país. Si creemos que la política no tiene alternativa, terminamos por no tenerla. La situación de desesperación puede hacer que la población desafecta a este gobierno por la degradación de las instituciones, busque soluciones extremas como a líderes mesiánicos o a salidas violentas que hacen exactamente lo contrario de los ideales por los cuales luchaban.
El reto está en recuperar la confianza de la gente en el sistema electoral, que su voto verdaderamente cuenta para elegir y delegar su fracción de autoridad en el nombramiento de personas honestas, transparentes, competentes, independientes y, sobre todo, que están al servicio de los intereses generales de la nación. Es importante un liderazgo que tenga contacto directo y permanente con la población y un discurso que recoja las necesidades más sentidas. La conexión y credibilidad de los electores en el sistema político solo será posible cuando se generen verdaderos cambios favorables al ciudadano, con lo cual se logrará recuperar su interés en hacer de la política la causa y el cauce civilizado de su participación.
El autor es sociólogo.