Miembros del Grupo Promotor de las Reformas Electorales. LA PRENSA/Oscar Navarrete

Funides, Cosep y Amcham respaldan propuesta del GPRE sobre reformas electorales

El centro de pensamiento y las organizaciones empresariales instaron, por separado, a las autoridades gubernamentales a analizar el contenido de la propuesta, la cual consideran de alto valor democrático.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) manifestó su respaldo a la propuesta presentada por el Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE), ya que considera que esa iniciativa aporta a una solución para salir de la crisis sociopolítica en la que está sumergido el país desde abril de 2018.

Funides, por medio de un comunicado, dio a conocer este jueves 24 de septiembre que valora el consenso sobre reformas electorales promovidas por el GPRE, en el cual participaron organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, con el objetivo de incidir en el restablecimiento de la confianza en el sistema electoral y garantizar elecciones justas y transparentes en el país.

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«En Funides consideramos que esta iniciativa aporta soluciones concretas para salir de la crisis sociopolítica en la que está inmerso el país desde el año 2018. Es oportuno además que se continúen abriendo espacios de consultas con todos los actores sociales a nivel nacional y local», expresó el centro de pensamiento. Además, instó a las autoridades gubernamentales a analizar el contenido de ese documento, «el cual consideramos de alto valor democrático».

En un comunicado aparte, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) expresó que brinda su respaldo a aquellas «iniciativas nacionales e internacionales que promueven un proceso de reformas y cambios en el sistema electoral, que brinden certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y transparencia para la realización de elecciones libres y justas en nuestro país».

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) también se pronunció a favor de la propuesta del GPRE. «Respaldamos los ejes fundamentales, impulsados por el Grupo Promotor de las Reformas Electorales, reconociendo el proceso sistemático y cuidadoso de construir consensos sumamente amplios mediante consultas con partidos políticos, movimientos sociales y gremios empresariales», aseveró Amcham.

Igual que Funides, esa cámara empresarial instó «a las autoridades nacionales a acoger estas recomendaciones y aprovechar el apoyo ofrecido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), quienes junto con otros actores nacionales e internacionales, como la Unión Europea, tienen la experiencia y capacidad de apoyar la reconstrucción de nuestro sistema electoral».

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El martes los miembros del GPRE presentaron la propuesta que establece 12 enmiendas a la Ley Electoral (Ley 331) y cuatro enmiendas a la Constitución Política.

«Reiteramos nuestro compromiso en la búsqueda de elecciones libres y observadas que garantizan una salida pacífica a la crisis, a lo cual la propuesta de proyecto de reforma electoral contribuye. El pueblo de Nicaragua lo necesita para poder construir todos juntos el futuro prometedor que Nicaragua merece», insiste el Funides.

Por tanto, «como centro de pensamiento que promueve la institucionalidad y los valores democráticos, le damos la bienvenida a esta y a todas las iniciativas que surjan para que, unidos los nicaragüenses, construyamos la Nicaragua que deseamos, en paz, democracia, con desarrollo social y económico sostenible, y con espacios para todos», motiva Funides.

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Estas son las 12 enmiendas que establece el GPRE a la Ley  Electoral 

El GPRE está conformado por abogados constitucionalistas, politólogos y expertos en materia electoral, que actúan como mediadores del proceso de consenso alrededor de todas las propuestas de reformas electorales. Informaron que los próximos pasos de la propuesta de reforma electoral son la entrega a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las acciones de las organizaciones opositoras para hacer sentir su demanda ante el régimen orteguista.

    1.  Fortalecimiento del CSE mediante la elección de nuevas magistraturas del CSE basados en criterios de idoneidad y probidad, tomando en cuenta propuestas provenientes del sector académico, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. También es necesario el restablecimiento de las atribuciones del presidente del CSE.
    2. Despartidizar y ciudadanizar el nombramiento de integrante de los órganos electorales CED, CEM, CER, JRV, mediante la implementación de un proceso aleatorio que asegure imparcialidad en la escogencia, que permita la ciudadanización de los órganos electorales.
    3. Observación electoral nacional e internacional irrestricta conforme los estándares internacionales establecidos, que garanticen una observación integral e imparcial en todas las etapas del proceso electoral.
    4. Auditoría y depuración del Padrón Electoral único que sea del conocimiento público. El CSE deberá llevar a cabo un amplio proceso de verificación ciudadana, acompañado de una campaña que motive a la ciudadanía a participar, así como la entrega efectiva y oportuna del padrón fotográfico a las organizaciones políticas, incluyendo la adecuada regulación del voto de policías y militares en servicio.
    5. Asegurar el cumplimiento del proceso de cedulación de acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral y la Ley de Identidad Ciudadana llevando a cabo las reformas que sean necesarias para asegurar la apertura inmediata y permanente de las delegaciones regionales, departamentales y municipales de cedulación.
    6. Fiscalización total y efectiva que garantice de acuerdo a lo establecido en la Ley Electoral, acreditación y participación irrestricta de fiscales de los partidos políticos y alianzas electorales en todas las etapas e instancias del proceso electoral, asegurándoles la entrega de copia certificada de las actas de apertura, constitución, cierre, escrutinio y sumatoria, por los integrantes de las JRV.
    7. Publicar en tiempo real en la web del CSE el 100 por ciento de las actas de cada JRV asignadas a cada Centro de Votación, así como la publicación de las actas sumatorias municipales, departamentales y regionales, tan pronto sean transmitidas al Centro Nacional de Cómputos. Los resultados y recursos correspondientes a cada JRV deberán ser transmitidos desde cada Centro de Votación. De igual manera, se publicará el total de los resultados provisionales y definitivos de cada JRV hasta el nivel nacional. Los resultados definitivos se publicarán en La Gaceta, Diario Oficial, en el tiempo estipulado en la Ley Electoral detallando la cantidad de votos válidos obtenidos en cada circunscripción después de agotado el tiempo para resolver los Recursos.
    8. Establecimiento de Recursos legales con procedimientos claros y establecimiento de plazos que rigen cada proceso en contra de actuaciones y resoluciones de los órganos electorales que son impugnables. Modificar la actual disposición que niega la posibilidad de interponer recursos ante decisiones o resoluciones del CSE en materia electoral, mediante creación de un Tribunal Especializado que será el encargado de resolver en última instancia los recursos de impugnación en material electoral.
    9. Asegurar la transparencia evitando la discrecionalidad del CSE mediante la publicación de las normativas únicas que regulan cada etapa del proceso electoral desde el día que se convoque a elección.
    10. Apertura, flexibilización y garantía para la participación de los partidos políticos en las próximas elecciones reduciendo los requisitos y los plazos; evitando la discrecionalidad excesiva por parte del CSE en el proceso de constitución de nuevos partidos. Asimismo deberá permitir la presentación de candidaturas a cargos de elección popular, a todos los partidos políticos y alianzas electorales, desde la fecha de otorgamiento de su personalidad jurídica. Garantizar el derecho de las y los excarcelados y exiliados en el marco de la crisis iniciada en abril del 2018, para ejercer su derecho a postular candidaturas para cargos de elección popular.
    11. Garantizar la implementación del derecho al voto de las y los nicaragüenses en el exterior.
    12. Autonomía de las alianzas electorales para que puedan darse entre partidos políticos, entre partidos y movimientos sociales y políticos. Quienes integren estas alianzas electorales serán quienes decidan nombre, siglas, bandera, emblema, representación legal, solicitud de una casilla independiente para la alianza, así como candidaturas de conformidad con los acuerdos políticos y con los estatutos de dicha alianza.

Reformas a la Constitución Política 

  1. Legitimidad de las y los electos mediante el establecimiento del umbral electoral del 50 por ciento más uno de los votos válidos para ganar la elección a la presidencia, así como el establecimiento de la segunda vuelta si no se alcanza dicho umbral. Es de igual importancia la eliminación de las diputaciones asignadas para la candidatura presidencial que obtenga el segundo lugar y el presidente saliente.
  2. Adelanto de elecciones municipales y regionales de la Costa Caribe para las elecciones de noviembre de 2021, concentrándolas con las elecciones presidenciales, legislativas y del Parlacen.
  3. Establecer la no reelección para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, así como prohibición de la candidatura del cónyuge de quien esté ejerciendo el cargo en la Presidencia de la República.
  4. Incluir un nuevo título en la Ley Electoral, a efecto de cumplir con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama versus Nicaragua, sobre las elecciones de las autoridades de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y del Alto Wangki Wihta y Bukawas, considerando en este, la creación del Órgano Electoral Consuetudinario para la celebración de elecciones de autoridades conforme a las costumbres de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Cosep y Amcham: «Restaurar el orden democrático»

El Cosep señaló que la democracia es esencial para retomar el desarrollo social, político y económico del país y que los cambios que se requieren como nación solo se pueden lograr bajos las “reglas y procedimientos propios de un Estado democrático de Derecho”.

Asimismo, la organización empresarial demandó que las elecciones del 2021 se realicen con sujeción a la Constitución Política y las leyes, y en consecuencia que el Estado se comprometa a realizar reformas electorales que permitan cambios sustanciales para garantizar elecciones periódicas, libres, transparentes y observabas.

“Teniendo como referencia esa premisa democrática y la necesidad de resolver por la vía cívica y pacífica la actual crisis sociopolítica, respaldamos plenamente las iniciativas nacionales e internacionales que promueven un proceso de reformas y cambios en el sistema electoral que brinden certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y transparencia para la realización de elecciones libres y justas en nuestro país. Por ello, ratificamos nuestro respaldo pleno a las propuestas de reformas electorales que consensuáramos en el Bloque Ampliado Electoral y se hicieran públicas en el mes de febrero y marzo del presente año”, afirma el comunicado del Cosep.

También señaló que el proceso debe ir acompañado de la demanda y exigencia de todos los actores democráticos de liberación definitiva de presos políticos y el restablecimiento de todos los derechos y garantías ciudadanas de los nicaragüenses. “Por ello desde Cosep demandamos una vez más, que el gobierno cumpla con los acuerdos suscritos el 27 y 29 de marzo de 2019 en la mesa de negociación”.

Amcham, por su parte, manifestó que en Nicaragua es imperativo restaurar el orden democrático.

«La crisis sociopolítica se puede resolver mediante reformas electorales y elecciones libres, justas y transparentes, que le devuelvan la legitimidad al sistema electoral, cumpliendo con los estándares internacionales suscritos por Nicaragua en la Carta Democrática Interamericana», refirió.

Según esa organización gremial, entre los elementos que le pueden dar la legitimidad al futuro proceso electoral, en noviembre del 2021, están la observación nacional e internacional independiente, la modernización del Consejo Supremo Electoral, la limpieza del padrón electoral, la modernización del sistema de conteo y transmisión de datos, un proceso político pluralista, la eliminación de la discrecionalidad en el proceso de votación, los procedimientos adecuados para revisión de resultados electorales y la publicación de resultados en tiempo real.

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