La crisis que padecemos los nicaragüenses ha suscitado, como es natural, un debate sobre las vías para salir de la misma. Básicamente pueden agruparse en vías constitucionales y en vías inconstitucionales.
Probablemente por desconocimiento, no por mala fe, algunos de quienes propugnan por las salidas inconstitucionales han pretendido argumentar sus tesis ridiculizando las opciones constitucionalistas. Al margen de algunas imprecisiones sobre las que no entraré en este espacio, sí vale la pena comentar una que otra distorsión o contradicción.
Porque no otra cosa que distorsión puede ser la afirmación de que “la Constitución de corte dictatorial consigna la ruta que debe seguirse para una salida democrática”. Ni la Constitución es de corte dictatorial, ni ella consigna “fatalmente” la ruta de salida. A pesar de sus parches de corte pactista o, incluso, autoritario, la Constitución sigue siendo esencialmente democrática. Consagra los derechos y las garantías, la división de poderes, la independencia judicial, el pluralismo político, la rendición de cuentas y las elecciones periódicas como mecanismo para optar al poder. Tampoco tiene como función marcar una ruta de salida a nada. Esta ruta la deben marcar los líderes políticos a través de propuestas organizativas, programáticas y movilizativas, eso sí, dentro del marco constitucional.
El problema que nos tiene donde estamos no se origina en la Constitución supuestamente dictatorial, sino justamente en todo lo contrario, en las gravísimas violaciones a sus disposiciones, principios y valores. Si los señores Ortega y Murillo respetaran la Constitución, “su” Constitución, haciendo una concesión a los anticonstitucionalistas, no existieran decenas de presos políticos, centenares de asesinados y miles de exiliados.
Y no otra cosa que contradicción puede ser la utilización de la UNO de 1990 como ejemplo de salida no constitucional a la crisis de entonces. Cuando precisamente la UNO de 1990 y su propuesta de reformas constitucionales es uno de los escasos y más luminosos ejemplos en nuestra historia de que las vías constitucionales son, parafraseando a monseñor Silvio Báez, las únicas que pueden llegar a ser duraderas. El mejor ejemplo para las salidas inconstitucionales hubiese sido la toma revolucionaria del poder por parte del FSLN en 1979.
Porque lo que está en el fondo de la disyuntiva constitucional o inconstitucional es la vieja contradicción entre reforma y ruptura. La racionalización constitucional versus la barbarie y el caos rupturista. Es necesario comprender que la Constitución no es una mera técnica jurídica o conjunto de normas de rango supremo.
Es, además y principalmente, un marco de convivencia, un modo de organización de la vida política que sustituye a la fuerza y a la violencia por la razón y la civilidad para entronizar a la libertad, a la justicia y a la dignidad de la persona humana, entre otros, como valores superiores de la sociedad.
Las vías constitucionales no legitiman al señor Ortega y su nefasta gestión gubernativa. Pero sí encauzan pacíficamente la transición política y legitiman y sientan las bases del nuevo proyecto que nació en abril de 2018.
La función legitimadora de la Constitución también se proyecta hacia la sociedad expresando el consenso de los ciudadanos con determinados principios y valores. La salida constitucional es correlato y se encuentra indisolublemente comprometida con la civilidad y el pacifismo demostrado a precio de sangre por la juventud nicaragüense en 2018.
El radicalismo rupturista y la caricaturización de las salidas constitucionales equivalen, consciente o inconscientemente, a validar los métodos inconstitucionales del gobierno de Daniel Ortega y a repetir fracasos harto conocidos del pasado.
Afortunadamente son, todavía, posiciones marginales frente a las amplias mayorías que demandan reformas electorales que permitan que las elecciones de noviembre de 2021 se conviertan en una auténtica salida constitucional, pacífica y duradera de la crisis estructural que padecemos.
Por supuesto que la salida constitucional no será fácil ni, mucho menos, está garantizada. Por defenderla como la mejor solución posible a los problemas políticos, económicos, sociales, sanitarios y migratorios de los nicaragüenses, no se asegura su realización.
La voluntad dinástica de los señores Ortega y Murillo es un obstáculo gigantesco. Si no logramos superarlo y se imponen las salidas no constitucionales, de un lado o de otro, seguiremos pedaleando en la bicicleta estacionaria.
El autor es abogado constitucionalista.
