El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, expresó este miércoles la preocupación del sector privado por el aumento de inseguridad en Nicaragua en las zonas turísticas del país, lo que se puso en evidencia con el asesinato de un ciudadano peruano el pasado 18 de julio en la Isla de Ometepe, donde unos sujetos amarraron y amordazaron a una pareja de ancianos.
La preocupación es expresada por diferentes cámaras socias del Cosep. El aumento de la inseguridad, según Aguerri, quedó en evidencia con el asesinato ocurrido en la Isla de Ometepe, un sitio, recordó, que hasta ahora no había conocido lo que significaba un asesinato y que por esa razón incluso es llamado un oasis de paz.
Tras el crimen, Aguerri afirma que esto ha levantado alarma en el sector turístico de la isla que cada año atrae viajeros de Estados Unidos y Europa, principalmente, así como de centroamericanos.
La situación se ha visto agravada por asaltos que también están ocurriendo en balnearios y además de los robos que se están ejecutando en las rutas de distribución de productos que las empresas utilizan para abastecer a los departamentos.
“Hemos conocido desde hace un mes hasta la fecha que se han estado dando asaltos a camiones que distribuyen productos de consumo que van al interior del país”, dijo Aguerri en su acostumbrada conferencia de media semana. Aclaró que los asaltos han ocurrido a camiones y grupos de visitantes a lugares turísticos, no así en los establecimientos.
También han tenido información de robos en casas de playa en diferentes balnearios, por lo que consideró oportuno que el Gobierno actúe a tiempo.
Hasta ahora la Policía Orteguista no ha informado sobre estas quejas del sector privado, pero sí de la captura de dos hombres que estarían vinculados al asesinato en la isla de Ometepe. Un tercer sujeto estaría prófugo.
Se vuelven a tomar tierras
Paralelo al aumento en la inseguridad ciudadana, el sector privado también denunció que continúan las tomas de tierras en el interior del país, situación que comenzó desde el 2018. “Nos informó Upanic que recientemente han habido al menos tres tomas de tierras en León y en el norte del país”, precisó Aguerri, sin dar mayores detalles.
Hasta el 15 de noviembre del año pasado, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua había denunciado que simpatizantes sandinistas mantenían tomadas al menos 28 fincas. De esas, 19 le pertenecen a 15 nicaragüenses y nueve son de cinco estadounidenses. Los extranjeros tienen sus propiedades ubicadas en Rivas, Managua y Matagalpa.
Desde junio del 2018, tras el estallido social en Nicaragua, lo seguidores del orteguismo se tomaron 10,345 manzanas de tierra en al menos siete departamentos del país. Aunque muchas de estas ya habían sido devueltas, en días recientes las tomas se volvieron a repetir.
Aguerri llamó al Gobierno a actuar para frenar el aumento de la inseguridad ciudadana, en las vías y en las propiedades. “Hemos visto el llamado desde la sociedad civil para la liberación de los presos políticos, pero por otro lado hemos visto salir a miles de presos comunes, que de alguna manera esto puede tener una incidencia en esto que estamos denunciando”, dijo el representante del sector privado.
El líder gremial afirmó que urge que los sectores que están tratando de volver a activarse se les dé certeza de que no serán víctimas de la inseguridad y que pueden seguir abasteciendo los departamentos.
Por años, Nicaragua había gozado de una imagen positiva en cuanto a seguridad en Centroamérica, situación que se ha deteriorado tras las revueltas a partir de abril del 2018, donde la impunidad se ha apoderado de las calles y la inseguridad jurídica se ha agravado por las invasiones de tierras y asaltos a comercios ante la vista y paciencia de la Policía sin que haya personas acusadas.