En el contexto de la pandemia por Covid-19, el régimen Ortega-Murillo se ha mostrado indolente con cientos de nicaragüenses varados en el extranjero con deseos de regresar a Nicaragua. La última ocurrencia del régimen ha sido exigir la prueba negativa de Covid-19 para poder ingresar al suelo patrio, pero ¿qué impacto tiene esta medida desde los Derechos Humanos?
En primer lugar, lo que hay que decir es que los nicaragüenses tenemos la libertad de circular libremente por nuestro país y a establecer nuestra residencia donde queramos, esto implica que tenemos la libertad de salir e ingresar al país cuando nos plazca. Pero al existir una pandemia, este derecho puede ser restringido por razones sanitarias.
Ahora bien, la restricción de cualquier Derecho Humano debe ser objetiva (estar normado) y razonable (buscar un fin legítimo). Si bien la disposición del Ministerio de Salud tiene forma jurídica, lo cierto es que no es idónea para alcanzar el fin legítimo, establecimiento de un cerco sanitario para evitar la propagación del Covid-19.
El Covid-19 tiene un período de incubación en el cuerpo humano, razón por la cual países europeos y asiáticos han impuesto aislamientos a viajeros que ingresan a su territorio procedentes de países con riesgo de contagio alto como EE.UU., México y Brasil entre otros, aislamiento no menor a 10 días. En otras palabras, la restricción del ingreso de connacionales a suelo patrio viola el derecho a la libre circulación, en la medida que la exigencia de una prueba negativa de Covid-19 no es idónea para el establecimiento de un cerco sanitario que evite el contagio.
En igual sentido, dentro del universo de personas que está retornando al país, es posible encontrar perseguidos políticos por el régimen Ortega-Murillo. En este supuesto el régimen aplica un trato cruel por la angustia generada a estas personas al no poder regresar a su país y ver a sus familiares, es una continuidad de la persecución política que ya sufrieron.
Por otra parte, el régimen pretende que estos migrantes nicaragüenses, después de haberse quedado sin medios de subsistencia que los obligó a retornar a Nicaragua, paguen la prueba de Covid-19. Un mínimo de decencia por parte del régimen sería brindar apoyo a estos connacionales para que se reúnan con su familia, pero ya a nadie sorprende su perversidad.
La obstaculización del retorno a Nicaragua de estos migrantes, además de ser violatoria a los Derechos Humanos, es contrario a la protección internacional que debe brindar el Estado a su nacionales. Lo anterior debe sumarse a las demás violaciones a Derechos Humanos que ha incurrido el régimen Ortega-Murillo en el contexto de la pandemia por Covid-19.
El autor es Maestro en Derechos Humanos.