Los miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) presentaron este miércoles un informe que retrata las constantes violaciones de derechos humanos en Nicaragua, las cuales se intensificaron desde abril de 2018, cuando comenzó la represión armada contra las protestas civiles.
El informe fue presentado a través de una conferencia virtual. Los opositores aseguraron que “se continúa poniendo en riesgo la vida de las personas en el país, ahora con una triple crisis: la dictadura, la recesión económica y la pandemia”.
El reporte denuncia la situación de 97 presos políticos, los juicios viciados contra ellos, y la persecución y acoso a sus abogados defensores.
Asedio a opositores y excarcelados
El mismo establece que se mantiene el asedio contra los opositores, excarcelados y activistas. Solo este fin de semana se reportaron 30 casas asediadas por la Policía Orteguista, mayormente en León, Masaya, Jinotega y Managua. Y también reactivación de asedios, secuestros y persecución por parte de policías y paramilitares en el municipio de Wiwilí,departamento de Jinotega.
En comunidades de Nueva Segovia se reporta la persecución a líderes ambientalistas y defensores de derechos humanos. Además, denuncian que continúan en aumento “las ejecuciones extrajudiciales a las personas campesinas en las zonas rurales, sin esclarecerse los hechos o quiénes son los implicados en estos asesinatos atroces, que empujan a las familias a huir y dejar sus casas por el asedio constante que sufren por parte de la Policía o el Ejército”, cita el informe de la UNAB.
El informe de la UNAB también expone la situación de violencia contra las mujeres: 36 femicidios en lo que va de 2020, mientras “no hay voluntad gubernamental para tomar medidas al respecto y castigar a los culpables. Desde 2007, ha sido una política gubernamental el despreciar la vida de las mujeres”, indica el reporte.
Situación de la pandemia
La represión intensa del régimen de Ortega se combina con la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19. En Nicaragua, 22 médicos han sido despedidos del sistema hospitalario público por criticar a las autoridades por la falta de medidas efectivas para prevenir o mitigar el contagio de coronavirus.
La UNAB afirma que 2,087 personas han muerto por Covid-19 en el país, según el Observatorio Ciudadano, un organismo que hace un monitoreo independiente de personas que han muerto con síntomas de Covid-19. Mientras “las autoridades sanitarias nicaragüenses solo registran 97 en total. Ocultando las cifras reales”, indica el informe.
Además, reportan que 691 trabajadores de la salud han sido contagiados y 76 han fallecido por el nuevo coronavirus. La UNAB responsabiliza “a la dictadura por este crimen sanitario, que viola la Ley General de Salud (Ley 423) en su artículo 21, la cual señala que en caso de epidemia el Ministerio de Salud (Minsa) deberá declarar la emergencia sanitaria y, en caso que lo amerite, llamar a un Estado de Emergencia, como en este contexto que atravesamos: La fase 4, que es el contagio comunitario”.
Maestros muertos
Los maestros es el otro gremio que está en el foco de los contagios por la negativa del Estado a cancelar las clases. “Más de 30 profesores y profesoras han muerto en todo el país tras haberse contagiado con el Covid-19, según la Unidad Sindical Magisterial”.
El informe denuncia el abandono estatal de las comunidades en el Caribe del país. “Varias comunidades han denunciado la muerte de personas por Covid-19. No hay centros hospitalarios cercanos, hay escasez de medicamentos y la pobreza aumenta a diario por el desempleo. En un lapso de dos semanas, en Karawala, en el Caribe Sur, han muerto más de ocho personas”.
Nicaragüenses varados
El informe también recoge el drama de los 700 nicaragüenses varados en el Mar Caribe, 800 nicaragüenses intentan retornar desde Panamá a Nicaragua y más de 500 continúan varados en albergues, donde se mantienen en hacinamiento.
