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CONTENIDO EXCLUSIVO.Han pasado 16 meses desde que el grupo español TSK Melfosur Internacional (el grupo que compró las acciones de Unión Fenosa-Gas Natural) ya no tiene inversiones en la distribuidora de energía, Disnorte-Dissur de Nicaragua, como confirmó un reporte de LA PRENSA en febrero de este año.
El grupo español había tomado la administración de la distribuidora de energía después que en 2013 la también española Unión Fenosa – Gas Natural abandonó el negocio en Nicaragua al no poder llegar a un acuerdo con el régimen de Daniel Ortega sobre la manera de cubrir las pérdidas energéticas. La inflexibilidad del régimen con Unión Fenosa – Gas Natural se convirtió luego en extrema flexibilidad con el consorcio TSK-Melfosur que compró la operación en Nicaragua.
Desde entonces, el régimen de Daniel Ortega mantiene el secretismo de quiénes están en control y a cargo de operar la distribuidora eléctrica del país. Incluso trabajadores de esta empresa consultados por este diario, bajo condición de anonimato para evitar represalias, dijeron desconocer para quien o quienes están trabajando.
Fuentes del sector energético nicaragüense comentan que la salida de TSK se debió por temor de ser afectados por las sanciones que el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ha aplicado a varios funcionarios del régimen orteguista, así como a la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa). Esto porque Albanisa controla la importación y comercialización de los hidrocarburos en el país, incluida el búnker fuel oil para operación de las plantas generadoras a las que la Disnorte-Dissur les compra.
Además, por medio de la silla que el Estado tiene en la mesa directiva de Disnorte-Disssur por poseer oficialmente el 16 por ciento de las acciones de la compañía, Albanisa controla también la distribución eléctrica del país.
Esta silla normalmente, antes de que se diesen las sanciones en su contra, era ocupada por el expresidente de Petronic y vicepresidente de Albanisa, y además tesorero del Frente Sandinista, Francisco López,
El Gobierno de los Estados Unidos sancionó en julio de 2018, por medio de la Ley Magnitsky, a tres funcionarios nicaragüenses por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Entre estos al comisionado general Francisco Díaz, director de facto de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega, Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y Francisco López.
Luego de ser sancionado por Estados Unidos, el lugar de Francisco López fue ocupado por Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, quien fue parte del último grupo de sancionados, junto al general Julio César Avilés, jefe de las fuerzas armadas de Nicaragua.
Albanisa, el holding creado en 2006 en el marco del acuerdo petrolero entre Venezuela y Nicaragua, es manejada por personeros que responden directamente al dictador Daniel Ortega y sus más lucrativas inversiones están en el sector eléctrico de Nicaragua.
La paradoja de los reclamos de la militancia orteguista
El tema del control de la distribuidora eléctrica por parte de Ortega sale a relucir nuevamente en medio de las constantes quejas de la población por la alta facturación eléctrica que ahoga la economía de los hogares nicaragüenses y la ridícula reducción del tres por ciento a la tarifa que anunció Rosario Murillo y que se empezará a aplicar a partir de este 1 de julio de 2020.
Incluso declarados militantes sandinistas han expresado por medio de las redes sociales su descontento por el alto costo de la factura eléctrica e irónicamente le piden ayuda “al comandante Daniel Ortega” para que frene los “desmanes de Unión Fenosa” (Cuando empresa ya no opera en el país desde 2013), cuando el dictador es el que tiene el control sobe la facturación que llega a cada uno los usuarios del sector eléctrico del país.
Sin embargo, como es una viciosa norma en el manejo que hace la dictadura de la administración pública, no existe información sobre quienes son los directivos de Disnorte y Dissur. En los sitios web no aparece nada referidos a este tema, ni tampoco en el segmento de agentes del sector eléctrico del ente regulador, el Instituto Nicaragüense de Energía.
Esta falta de transparencia y descontento de la población es una violación al artículo 105 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual en su parte final establece: “Las concesiones de explotación de servicios públicos otorgadas a sujetos privados deberán realizarse bajo procesos transparentes y públicos, conforme la ley de la materia, debiendo observarse para su operación criterios de eficiencia y competitividad, satisfacción de la población y cumplimiento de las leyes laborales del país”.
TSK Melfosur, proveedor del Estado y de Albanisa antes de controlar la distribuidora
En 2013 el consorcio TSK Melfosur Internacional compró por 57.8 millones de dólares a otra empresa energética española, Gas Natural-Unión Fenosa, el 83.69 por ciento de la Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte) y el 83.73 por ciento de Distribuidora del Sur (Dissur).
Cuando se dio la adquisición, el régimen orteguista tenía el 16 por ciento de las acciones de la distribuidora, pero de acuerdo a fuentes del sector eléctrico y legislativas, el Estado habría aumentado su participación accionaria, aunque no se ha logrado conocer a cuánto ascendió.
El hermetismo sobre las condiciones en que se dio la venta de las mayorías de las acciones de Disnorte-Dissur se refleja también en el mismo Grupo TSK Melfosur, el cual borró toda la información al respecto en su sitio web sobre su paso por Nicaragua.
El reporte sobre la salida de TSK Melfosur publicado por LA PRENSA detalló los negocios que este grupo energético español tenía en Nicaragua directamente con Albanisa. En los registros de los proyectos que energía desarrollados por el consorcio español se indica que entre 2012 y 2014 tuvo de clientes a Albanisa y a la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (Enatrel) para ejecutar el Parque Eólico “Alba Rivas”.
Se detalla que el proyecto era: “Ingeniería, suministros, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de los proyectos: B.O.P. del Parque Eólico de La Fe, incluyendo Subestación Eléctrica de 220 KV y Línea de evacuación de energía, para Albanisa y Subestaciones de Transmisión de La Virgen y Rivas de 220 KV para ENATREL (Empresa Nacional de Transmisión) en Nicaragua”.
Los datos técnicos que ejecutaría el consorcio TSK era de servicios, supervisión y puesta en servicio de la obra civil y de la estructura de la subestaciones del Parque Eólico en el departamento de Rivas. Además de proveer los suministros de equipamiento eléctrico, montaje electromecánico así como los climatización y evacuación eléctrica de 44 Aerogeneradores de 2.5 MW.
En el cuadro se puede ver cómo TSK Melfosur nunca invirtió los 75 millones de dólares para reducir las pérdidas energéticas y más bien estas aumentaron durante su adminitración. El régimen de Ortega fue extremadamente flexible con esta empresa, para la cual incluso aprobó que se acusara penalmente a las personas que se conectaran ilegalmente.
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Información de la distribuidora eléctrica debe ser pública
Para el exdiputado y analista político Eliseo Núñez, detrás de la distribuidora eléctrica está Albanisa, a quien solo le importan sus ganancias y no las necesidades del pueblo. “TSK se fue desde septiembre de 2018. Se marcharon, porque ya veían las sanciones internacionales hacia el régimen. Todo hace indicar que quien está detrás de la distribuidora eléctrica es Albanisa, pero se mantiene el hermetismo lo cual es violatorio porque el Estado tiene acciones y esa información debe ser pública, quiénes son los socios y bajo qué términos se está operando”, expresó Núñez.
De igual forma, el diputado criticó la reducción del tres por ciento en la tarifa y explicó que “el precio de la tarifa se fijó cuando el barril de petroleo estaba a 60 dólares y ahora está a 30 dólares, por lo que la reducción tarifaria debería andar ente el 25 y 30 por ciento”, dijo el exdiputado.
Sobre la función del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) quien por ley debería de regular las acciones abusivas contra la población en materia de energía, Eliseo Núñez expresó que el INE ahora “es el garante de las ganancias mafiosas de los Ortega Murillo, porque el colmo ahora tenes que pagar para hacer efectivo tu reclamo en la vía administrativa, lo cual es ilegal, es inconstitucional. Desde el año pasado el INE permitió que para poder hacer un reclamo por alta facturación antes debes pagar el 50 por ciento de la factura en reclamo, es decir pusieron precio tu derecho a reclamar”, expresó Núñez.