El Consejo Federal del gobierno de Suiza impuso este miércoles sanciones financieras y de viaje para seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega acusados de “violaciones graves de los derechos humanos”.
“Suiza se une a la Unión Europea para imponer sanciones a Nicaragua debido a las continuas violaciones contra los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho”, informó en un comunicado el Consejo Federal suizo.
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En la misma misiva, el gobierno suizo no identificó a los seis funcionarios sancionados, pero aclaró que dichas medidas “no están dirigidas contra el pueblo de Nicaragua”.
“Actualmente, las medidas están dirigidas a dos asesores personales del presidente Ortega y cuatro representantes de alto rango del sistema judicial y la policía de Nicaragua”, menciona el comunicado.
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Estas sanciones serían para los mismos funcionarios orteguistas a los que aplicó restricciones la Unión Europea el pasado 4 de mayo: Francisco Javier Díaz Madriz y Ramón Avellán Medal, director y subdirector de la Policía, respectivamente; a Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, jefes de la Dirección de Auxilio judicial y la Dirección de Operaciones Especiales de la institución, respectivamente; Sonia Castro González, exministra y asesora presidencial en asuntos de salud y a Nestor Moncada Lau, asesor presidencial en temas de seguridad. Dos días después, estas mismas sanciones fueron retomadas e impuestas también por el Reino Unido.
Estas medidas impuestas por el gobierno suizo contemplan el congelamiento de los activos y la restricción de entrada a Suiza para los seis funcionarios orteguistas.
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El Consejo Federal suizo mostró su preocupación por “el debilitamiento creciente de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en Nicaragua”, por lo que instaron al régimen orteguista a respetar y proteger las leyes nacionales e internacionales sobre derechos humanos, en particular las relativas a la libertad de expresión y reunión”.
También instaron al régimen orteguista a cumplir con los acuerdos alcanzados con la Alainza Cívica por la Justicia y la Democracia en marzo de 2019, durante el segundo intento de diálogo, en donde la dictadura a través de sus emisarios, se comprometió a restablecer el derecho a reunión pacífica, entre otros, pero hasta el momento, las autoridades solamente han permitido manifestaciones a simpatizantes de Ortega, mientras que los opositores que intentan hacerlo, terminan encarcelados.